La Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate los bonos escolares. ¿Cuál es su historia? ¿Quién los creó? ¿Por qué estos profundizan la desfinanciación de la educación estatal y la privatizan?
Lina María Montilla Díaz
@lina_montilla
Milton Friedman, reconocido economista estadounidense de origen judío (1912-2006), se caracterizó por promover sus teorías económicas basadas en el libre mercado en cabeza de la Escuela de Chicago. Esta impulsó e implementó la corriente del pensamiento económico neoliberal como modelo en nuestra América y en el mundo. Una de sus banderas, entre muchas otras, ha sido la creación de los vouchers educativos o bonos escolares, que desde 1955 han venido privatizando la educación en los lugares donde se han logrado implementar.
Estos bonos nacen como una “alternativa” para que los padres y madres de familia gocen de la “libre escogencia” sobre la educación que recibirán sus hijos e hijas. Se trata de un subsidio otorgado por parte del Estado, que cubre los gastos de matrícula y manutención, ya sea en instituciones educativas de carácter privado o público mixto.
El eufemismo de la libertad
Lo preocupante de los vouchers educativos es que contribuyen a la desfinanciación de la educación pública estatal. En el marco del sistema neoliberal, la educación debe estar sujeta a las reglas del cálculo económico, es decir, se valora como una mercancía.
En su texto Viejos y nuevos caminos de la privatización de la educación pública (2002), el profesor Jairo Estrada plantea que el recurso que se destine a los vouchers educativos o bonos escolares son fondos que se dejan de percibir en la financiación de la educación estatal. Esto contribuye a la reducción del presupuesto para garantizar la canasta educativa, la infraestructura educativa y otros aspectos fundamentales que requieren la responsabilidad y financiación del Estado.
Los vouchers educativos convierten la educación en un sistema de oferta y demanda, en el que las diferentes instituciones educativas realizarán ofertas de los servicios y programas que brindan a los y las estudiantes, para ser atractivos a los padres y madres de familia, quienes, bajo el eufemismo de la libertad, definirán en qué establecimiento matricular a sus hijos e hijas, es decir, en qué institución quedará concentrado el recurso de los vouchers educativos.
Proyecto de Ley 192 de 2022
La iniciativa lidera hoy por el Centro Democrático en el Congreso de la República, con el respaldo del Partido Conservador y la Coalición Centro Esperanza, fue aprobada en el primero de cuatro debates el pasado 6 de abril de 2025 en la Comisión Sexta del Senado. Este proyecto busca implementar los bonos escolares para el sistema educativo colombiano, lo que representa una amenaza directa a la educación pública, financiada y administrada por el Estado.
Según el senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, los bonos escolares son “para que los niños que están en condición de pobreza, vulnerabilidad o pobreza moderada, puedan escoger si quieren estudiar en una institución pública o una institución privada”. Sin embargo, a primera vista, puede ser un objetivo noble, pero, en realidad, el trasfondo es la desfinanciación de la educación pública, promover la competencia entre los establecimientos educativos y la privatización de la educación.
Se trata de la entrega de los recursos públicos al sector privado, pues una institución educativa de carácter público parte en desventajas para competir frente a una de carácter privado. La pregunta es: ¿de dónde saldrán los recursos para los bonos escolares? La respuesta es clara: del Sistema General de Participaciones (SGP), recientemente modificado. Este sistema ha sido una bandera histórica del magisterio colombiano, de Fecode, que ha exigido mayor presupuesto para la educación y mayores recursos para el SGP.
Para la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, este proyecto permitirá que los niños y niñas accedan a las instituciones educativas que ofrecen mejores condiciones de “permanencia”. Esta libertad no es del todo real porque se perpetúa una lógica de unos privilegiados por encima del bien común. Además, los bonos escolares no contemplan las diferencias sociales y culturales entre los establecimientos educativos privados y los públicos, lo que, en últimas, terminaría afectando a los niños, niñas y adolescentes, quienes sufrirán las consecuencias de estas desigualdades estructurales propias del capitalismo.
Estas iniciativas legislativas contribuyen a la mercantilización de la educación y profundizan la competencia en el sistema educativo. Al depender de la demanda para su sobrevivencia, las instituciones educativas públicas compiten entre sí y con el sector privado. Esto podría derivar, poco a poco, en el cierre o la fusión de establecimientos educativos y, en el peor de los casos, en la privatización de la educación pública en Colombia.
Golpe a Fecode y a la autonomía escolar
Esta iniciativa del Centro Democrático tiene otra intencionalidad: debilitar al magisterio colombiano y a Fecode en su lucha histórica por la educación pública-estatal, financiada y administrada por el Estado. Al mismo tiempo, atenta contra la autonomía escolar y la libertad de cátedra, desde el momento en que los establecimientos educativos y, por ende, las y los docentes los obliguen a competir unos con otras, con tal de atraer a estudiantes beneficiarios de los bonos escolares.
El llamado a todas las comunidades educativas es a movilizarse, hacer pedagogía y enarbolar nuevamente las banderas en defensa de la educación pública. Hoy esta se ve amenazada por iniciativas tan lesivas como el Proyecto de Ley 192.
Hoy, la apuesta debe ser por el fortalecimiento de lo público, en particular por la educación estatal, que requiere una ampliación de su financiación. Se debe superar la crisis en la infraestructura educativa, dotar a las escuelas y colegios de todo lo necesario en bibliotecas, laboratorios, implementos deportivos, herramientas tecnológicas, entre otros. Al mismo tiempo, se deben fortalecer programas de permanencia como el PAE, el transporte escolar y el seguro estudiantil, a su vez, garantizar en las instituciones el personal necesario en términos de planta docente, administrativos, vigilancia y servicios generales.
No menos importante es contribuir al fortalecimiento de la formación y la actualización docente, en sintonía con los cambios pedagógicos de nuestra sociedad y de cada territorio. Sigue vigente, con más fuerza, la consigna por una educación pública, digna, financiada por el Estado y al servicio del pueblo.
* Docente-Ejecutiva Nacional de la CUT Colombia
