En lo corrido de 2025, el Observatorio de Feminicidios ha registrado más de 340 mujeres asesinadas. Las cifras muestran un aumento frente a años anteriores, con Antioquia y Bogotá a la cabeza
Flora Zapata
Cada día, en promedio, una mujer es asesinada en Colombia por razones de género. Entre enero y marzo de 2025, el Observatorio de Feminicidios reportó 207 casos: Antioquia aparece en el primer lugar con 36 mujeres asesinadas, seguida de Bogotá con 19 y el Valle del Cauca con 15.
La Defensoría del Pueblo, en un informe de abril, habló de 123 feminicidios en los primeros cuatro meses, además de 79 tentativas de homicidio y 19 asesinatos de personas LGBTI+, entre ellas 12 mujeres trans. El mapa es desigual, pero constante: los nombres cambian, los territorios también, las edades varían. Lo que no cambia es el desenlace.
Cifras que no retroceden
De acuerdo con The Guardian, el año pasado, 2024, cerró con 886 feminicidios, según el Observatorio. Esa cifra superó los registros de años anteriores y reflejó una tendencia que no se detiene. Lejos de mejorar, 2025 muestra un incremento: entre enero y junio ya se cuentan 342 mujeres asesinadas, un 6,5 % más que en el mismo periodo de 2024.
El dato que resume la dimensión del problema no está solo en las muertes, sino en lo que pasa después: el 98 % de los casos permanece sin sentencia firme. Cada expediente que no avanza se convierte en otro recordatorio de que la justicia no alcanza a proteger a las mujeres, ni en vida ni después de su asesinato.
La ley que no llega a tiempo
Desde 2015, Colombia cuenta con la Ley 1761, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo. Sin embargo, a diez años de su aprobación, las cifras muestran que su existencia no ha significado protección efectiva.
A esto se suma la precariedad de los mecanismos de protección. Las mujeres que denuncian amenazas o agresiones encuentran barreras burocráticas, respuestas tardías y en muchos casos desconfianza en las instituciones que deberían resguardar su vida. La Corte Constitucional ha advertido en varias sentencias que la falta de respuesta estatal frente a mujeres en riesgo constituye una violación de derechos fundamentales, pero esas decisiones no siempre se traducen en cambios reales en la práctica institucional.
El Congreso ha discutido en los últimos dos años proyectos para fortalecer el registro de feminicidios y ampliar la red de protección a mujeres en riesgo. También se ha planteado reforzar las Comisarías de Familia, que suelen ser la primera puerta de acceso. Pero los debates legislativos ocurren en paralelo a la realidad: mientras se habla en el Capitolio, afuera las denuncias se acumulan sin respuesta.
El caso de Yesica Paola Chávez en Bogotá lo expone con claridad. Ella denunció a su expareja, un policía activo. No recibió protección. Días después, él la asesinó. Su historia puso en evidencia que ni siquiera dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la ciudadanía existe una garantía mínima para las mujeres.
La experiencia comparada muestra que Colombia no está sola en este desafío. Según ONU Mujeres, En México, por ejemplo, el feminicidio fue incorporado al Código Penal Federal en 2012, pero la tipificación no ha impedido que la impunidad supere el 90 %, con profundas diferencias en la forma en que cada estado aplica la ley. En Argentina, la figura fue reconocida en 2012 bajo el nombre de “homicidio agravado por violencia de género”, y aunque las estadísticas muestran un registro más unificado, la protección preventiva a mujeres en riesgo sigue siendo una deuda pendiente.
Propuestas para un país que aún debe respuestas
Organizaciones feministas y expertas en género coinciden en que la urgencia está en la prevención, no solo en la sanción. La primera ruta es transformar la educación desde edades tempranas, de manera que las nuevas generaciones crezcan sin reproducir violencias machistas ni relaciones de poder que normalicen el control sobre la vida de las mujeres.
El fortalecimiento de la red de casas refugio y líneas de atención es otra medida clave, especialmente en zonas rurales y periferias urbanas donde las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a mecanismos de protección. También se plantea una reforma judicial urgente, que permita reducir la impunidad y garantizar que las denuncias no queden estancadas en procesos interminables. Finalmente, organizaciones sociales insisten en la necesidad de supervisar de manera independiente a la fuerza pública, dado el número de feminicidios cometidos por agentes activos y la dificultad de las víctimas para ser escuchadas cuando el agresor pertenece a una institución armada.
En palabras de Diana Salinas, integrante del Observatorio de Feminicidios: “No es suficiente contar los cuerpos. El reto es garantizar que ninguna mujer tenga que temer por su vida al lado de quien dice amarla”.
Un futuro pendiente
Cada nueva cifra, cada nuevo caso, revela lo mismo: las mujeres en Colombia siguen sin garantías para vivir. El Estado ha tipificado el feminicidio, ha anunciado programas, ha prometido acciones. Pero las cifras crecen y la impunidad persiste.
La pregunta que queda en el aire no es si habrá otro feminicidio mañana. La pregunta es cuántos habrá y cuánto tardará en llegar una respuesta que no se limite a los números, sino que cambie las condiciones de vida de las mujeres en este país.
