Para el abogado Agustín Jiménez, el Estado colombiano no ha adelantado ninguna investigación concreta relacionada con los graves hechos que se dieron en el 2013, en el marco del paro nacional.
Carolina Tejada
En el 2015, se cumplen dos años del surgimiento de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. La movilización social motivada por el despojo, la ausencia de garantías para trabajar la tierra y el extractivismo que ayudó a profundizar la crisis estructural por la que atraviesan comunidades, fue el motor con el que inició este proceso. Para entonces, la cumbre presentó al gobierno un pliego de ocho puntos, con 128 propuestas, que serían la idea de un nuevo país desde las comunidades.
En el marco de estas jornadas de carácter nacional, la ciudadanía notó la magnitud de la fuerza con que los marchantes salían a las calles en respaldo del pliego. En estas mismas jornadas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en una de sus alocuciones públicas, aseguró: “El tal paro no existe”. Estas mismas palabras fueron el detonante para que miles de personas, de las principales ciudades, expresaran su apoyo al paro en un gran cacerolazo nacional que se prolongó por varios días.
Roberth Daza hace parte de la Coordinación Nacional Agraria, proviene de la vereda El Toyano en el municipio de San Pablo en el departamento de Nariño. Para él, lo que debería ser el inicio de un proceso de diálogo franco que resolviera la motivación del paro, se convirtió en una pesadilla. Él le relató a VOZ: “En esas jornadas nacionales miles fueron las comunidades atropelladas por el Estado. Solo en el departamento de Nariño, en el sitio denominado Mojarras, seis campesinos fueron asesinados por la fuerza pública, en agosto de 2013. Los jóvenes Robeth Ebelio Delgado y Johany Jojoa perdieron cada uno un ojo a causa de la agresión del Esmad, sin mencionar los miles de heridos que dejaron en cada jornada del paro”.
En ninguna de estas situaciones el Estado ha querido asumir su responsabilidad. En el caso de los dos jóvenes, los jueces que asumieron el caso, adscritos a la justicia penal militar, a pesar de los videos y las pruebas, aseguraron que no existía ninguna responsabilidad.
Robert menciona que: “Hay una tendencia creciente del Estado a utilizar la agresión contra la población civil, le vienen dando un tratamiento de guerra a la protesta social, y el gobierno sabe que como campesinos no nos vamos a dejar sacar de nuestro territorios, por eso se adelanta a implementar la política de seguridad ciudadana, el fuero penal militar”.
Para el abogado Agustín Jiménez, el Estado colombiano no ha adelantado ninguna investigación concreta relacionada con los graves hechos que se dieron en el 2013, en el marco del paro nacional, y asegura: “Mientras los victimarios tengan la seguridad de que sus crímenes pueden quedar impunes, la repetición está a la vuelta de la esquina. Y hemos visto cómo el gobierno acusa al de Venezuela de arbitrariedades contra su población, pero no recuerda que en el marco del paro agrario, aquí en Colombia, muchas personas fueron tratadas brutalmente y otras más perdieron la vida a manos de la fuerza pública”.
Según menciona Jiménez, ahora las cosas pueden ser peores, pues: “El nuevo código penal, avala que cualquier uniformado ingrese a una vivienda justificándose en el contexto para judicializar, y si en el paro pasado no tenían esta posibilidad legal y lo hicieron, imagínense lo que puede pasar ahora”. Insiste en que esta vez, en el marco de las jornadas nacionales de indignación promovidas por la cumbre, no se puede negociar olvidando lo que ha pasado: “Es muy importante que el movimiento social ponga como condición el esclarecimiento y juzgamiento de los hechos vividos en el paro agrario anterior, no se puede empezar un diálogo como si nada hubiera pasado, esta es la única garantía que se tiene de prevenir que en un futuro, estas acciones no se vuelvan a presentar”.
