Reclutamiento de menores, intimidaciones y extorsiones amenazan la vida de muchas familias que viven en el municipio de El Zulia, en Norte de Santander.
Alrededor de 200 sujetos vestidos con prendas militares y armados hasta los dientes, llegaron al poblado de Pedregales a las 5:00 de la mañana, muchos en motocicletas y otros caminando, identificándose ante los campesinos como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y amenazando con tener nombres en una lista para masacrarlos.
En una visita que hicieron habitantes de esa zona a Bogotá, para radicar las denuncias ante el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo; la Oficina de Prensa de Marcha Patriótica habló con ellos y esto fue lo que revelaron: «Yo los he visto, porque vivo en esa vereda, a mi casa llegaron pidiéndonos 50 mil pesos de cuota, que es obligación. Y uno de ellos se hace llamar alias Andrés. Estaban vestidos como soldados, así como cuando yo los conocí hace muchos años, cuando en mi cara asesinaron a dos compañeros. Por miedo, somos muchas las familias que estamos durmiendo en el monte con nuestros niños».
«Tienen sus insignias en el brazo que dicen: AGC, el 04 de septiembre los vi yo por primera vez. Hoy me llamó mi pareja y me dijo que ellos preguntaron por mi, yo siento que todo el mundo corre peligro, están reclutando menores de edad, nos piden cuotas de 10 mil pesos por las motos y 50 mil por las casas; como yo le dije a las entidades donde ahora estuvimos, en cualquier momento puede haber una masacre».
En la zona también hay presencia militar del Ejército y Policía, al respecto uno de los testigos aseguró que puede haber complicidad o por lo menos conocimiento de la entrada a El Zulia de un grupo tan grande de hombres armados.
La comisión de Derechos Humanos del Movimiento político y social Marcha Patriótica hizo ayer una denuncia ante la comunidad en general y responsabiliza al estado colombiano y al presidente Juan Manuel Santos; al ministerio de Defensa, entre otros al Fiscal General de la Nación, al Defensor y Procurador, por no garantizar los derechos constitucionales de víctimas del conflicto armado interno, comunidades campesinas y líderes comunitarios.
