En América Latina y el Caribe, las realidades de la población femenina están marcadas por una extrema situación de vulnerabilidad, exclusión y definitivamente por la pobreza con rostro de mujer.
Maira del Castillo
Antes de hablar de la situación de las mujeres jóvenes en Colombia es necesario dar una mirada al panorama socio-económico internacional. Para esto hay que reconocer el progresivo empobrecimiento material de las mujeres, el deterioro de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales, todo esto ligado a la crisis global del capitalismo; fenómenos que se ven generalizados de diferentes maneras en el mundo, a pesar de que exista una impresión acerca de que las vidas de las mujeres, sus condiciones y garantías paulatinamente han ido mejorando.
En América Latina y el Caribe, las realidades de la población femenina están marcadas por una extrema situación de vulnerabilidad, exclusión y definitivamente por la pobreza con rostro de mujer. Inequidad laboral en cuanto a salarios, carga de trabajo y acceso al empleo ligado a su grado de estratificación, porcentajes bajos con respecto a afiliación a la seguridad social, alarmantes índices de embarazos en la población adolescente, los hogares de madres cabeza de hogar se incrementan, prostitución infantil, en las adolescentes altos niveles de mortalidad materna relacionada con la disparidad entre géneros, el embarazo prematuro, el aborto y los servicios de control de la natalidad inadecuados, feminización de la migración y la triple discriminación que viven las mujeres indígenas y afrodescendientes basada en su pertenencia étnica, su género y la pobreza.
Quizás podríamos enunciar muchos más fenómenos que se presentan y que afectan directamente a las mujeres jóvenes, pero también es necesario reconocer que la lucha del movimiento de mujeres en Latinoamérica y el mundo ha ido avanzando y fortaleciéndose, representando hoy la organización femenina una posibilidad real de contribución al movimiento social y popular.
En Colombia se respiran aires de paz. La juventud colombiana vive y protagoniza un momento crucial para su futuro y el de las nuevas generaciones. Sin embargo, hablar de paz con justicia social para las mujeres jóvenes necesariamente implica hablar de garantía de derechos, por eso los y las jóvenes que toman la palabra y actúan en función de la construcción de paz, se han convertido en fuertes pilares de este proceso que constituye esperanza de cambio para el bienestar del país.
Las oportunidades en materia de educación, salud, vivienda y trabajo para la juventud en el país son bastante limitadas, sin embargo las mujeres jóvenes viven una situación particular. Según el DANE los jóvenes representan el 32% de la población en edad de trabajar, en el trimestre de noviembre 2015 y enero 2016 se registró una tasa de desempleo juvenil del 15.7% (un dígito por encima del registrado en el 2014), siendo las mujeres jóvenes las más afectadas con 22.3% mientras que los hombres jóvenes registran un 10,9% de desempleo. Sobresale que en el 2015 las cifras también indican que el 57,8% de los hombres inactivos laboralmente se dedicó principalmente a estudiar, mientras que el 58,1% de las mujeres inactivas se dedicó a oficios del hogar.
Según informes de la CUT, en Colombia fenómenos como la informalidad son la única opción de sustento para un 42% de mujeres, lo que se traduce en un fuerte deterioro en las condiciones laborales y genera mayores posibilidades de vulnerabilidad de la población femenina ante la pobreza. La tercerización laboral afecta a un 45% de mujeres generando riesgos como el desempleo recurrente, los bajos salarios, la discriminación en virtud de las diferentes formas de contratación que coexisten en una misma empresa, el riesgo de desprotección social y la afectación en el derecho de sindicalización.
Y en el caso de la seguridad social en Colombia únicamente el 29% de las mujeres ocupadas cotiza a cesantías y el 21.7% a pensiones obligatorias en régimen moderador; aproximadamente 3 de cada 10 trabajadoras/es no tienen ninguna cobertura en seguridad social, ni en salud o pensiones. Esto según la poca información que se posee con respecto al tema. En este sentido las políticas del estado contribuyen a que se fortalezca la inequidad de género y terminan siendo ineficientes frente a la situación real.
El conflicto social y armado ha marcado la vida y el cuerpo de la mujer colombiana, ha hecho que se enjuguen sus ojos de lágrimas y que se hayan sostenido en sus hombros inmensas tristezas, generación tras generación. Esta cadena de violencia ha ocupado todos los espacios de las mujeres: el privado, el público, el político, etc. De manera física a través de violaciones, golpes, torturas y cualquier tipo de ataque de parte de la fuerza pública, agentes paraestatales o grupos armados; pero que también se presenta de manera psicológica por medio de asesinatos y desapariciones de hijos, hermanos, padres y familiares; y el desplazamiento forzoso e innumerables acciones que han hecho que la violencia afecte duramente a la población femenina del país.
Las violencias intrafamiliares han socavado la paz en los hogares, la violencia sexual ha acechado a niñas y mujeres jóvenes de una manera aterradora: según un informe de Medicina Legal entre enero y septiembre del año 2015 se practicaron 2.504 exámenes médico legales por presunto delito sexual en contra de niñas y mujeres entre los 0 y 29 años, cifras bastante preocupantes teniendo en cuenta que muy pocas son las denuncias que la población hace debido a la revictimización, atención ineficiente y otros factores. Así mismo entristece que en los primeros 28 días del año 2016 existieran 14 casos de feminicidios en todo el territorio colombiano principalmente efectuados por parejas de las víctimas.
La información acerca de los índices de violencia hacia las mujeres es ineficiente lo que demuestra que el panorama es aún más abrumador. Esto sin olvidar la prostitución en menores y adolescentes, el acoso callejero y otras formas de violencia que se presentan. Es válido señalar que el Estado posee gran responsabilidad ante la acción y la omisión frente a la situación de las mujeres en el país, porque sus políticas agravan y permiten que los escenarios para las mujeres jóvenes sigan estando marcados por la violencia.
No está de más reiterar la exigencia que hacen las mujeres para poder ejercer su juventud de manera plena: políticas estatales integrales que contemplen de manera completa los derechos mayormente vulnerados y que son necesarios para el desarrollo como lo es la educación pública de calidad y con la cobertura necesaria, salud integral que comprenda los derechos sexuales y reproductivos, trabajo en condiciones dignas, garantías para el fortalecimiento del arte y la cultura.
Como hacedoras de política y grandes impulsoras de la transformación en el país, las mujeres de todas las edades enfrentan diariamente una compleja realidad pero así mismo se organizan, se movilizan, generan iniciativas de construcción de tejido social, de reconciliación, de educación, de pedagogía y cultura para la paz en todos los rincones del país, desde sus diferentes creencias, profesiones y etnias. El movimiento de mujeres se fortalece desde los colegios, las universidades, los barrios y las veredas en función de la paz con justicia social, entendiéndola precisamente como la materialización de sus derechos, evidentemente desde la equidad de género y marcada por la diversidad y la pluriculturalidad.
