Seis periodistas de la red fueron detenidos por el Estado colombiano, algunos golpeados, y hostigados por cubrir el Paro Nacional Agrario y Popular en el Valle del Cauca que se desarrolla en el corregimiento de Presidente en la vía que comunica a los municipios de Buga y Tuluá.
Los atropellos fueron sistemáticos y en un número inconcebible si tenemos en cuenta que se ejecutaron contra un solo medio (seis periodistas), un mismo día, y en un espacio geográfico de no más de doscientos metros, y cuya denuncia se resume de la siguiente manera: Lorna Bierman y Milena Ricaurte arrastradas y golpeadas cuando buscaban refugio de los gases lacrimógenos; Camilo García Reyes esposado y detenido cuando entrevistaba a los manifestantes; Alexander Escobar acusado de ser parte de los “instigadores” del bloqueo de la vía, constantemente hostigado por grabar detenciones, y finalmente detenido junto a Fabián Passos y Steven Ospina cuando trataban de registrar un manifestante herido por la Fuerza Pública.
A la gravedad de los hechos se suma la detención de cuatro defensores de Derechos Humanos pertenecientes al Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC), así como el robo del setenta por ciento de nuestros equipos de trabajo por parte de la fuerza pública junto a los documentos de identidad de algunos de nuestros integrantes.
Y mientras esto ocurrió contra la Prensa Alternativa y los organismos de Derechos Humanos, el saldo de la Jornada del Paro Nacional Agrario y Popular, convocado por la MIA, Mesa de Interlocución Agraria y Popular, en el Valle del Cauca nos da una proporción de la crisis humanitaria que se está viviendo: una persona herida por la Fuerza Pública con arma de fuego, 73 personas detenidas de las cuales 26 aún continúan privadas de la libertad: 22 que están siendo procesadas por la Fiscalía, y 4 menores de edad. Pero a pesar de las cifras, los manifestantes aún permanecen en la zona y continúan apoyando el Paro.
Los hechos ocurridos contra la Prensa Alternativa y los organismos de Derechos Humanos en el Valle del Cauca, demandan de la comunidad internacional un pronunciamiento que exija al Gobierno colombiano el libre ejercicio del periodismo independiente y alternativo en Colombia, y que además garantice la protección de quienes luchan por la defensa de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional.
Del mismo modo también exigimos al Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se garantice la vida de todos los integrantes de la Red de Medios Alternativos y Populares, REMAP, y responsabilizamos a los organismos de seguridad del Estado colombiano de cualquier atentado a la vida que puedan sufrir los integrantes de la Red, los cuales incansablemente realizaron registros fotográficos y de video de nuestros compañeros retenidos, y porque además poseen los sus datos telefónicos y lugares de residencia.
