La violencia contra las mujeres no es un accidente histórico ni un rezago cultural, es el resultado directo de un modelo económico y político que se sostiene en la explotación, la desigualdad y el trabajo no remunerado de las mujeres
Paola Gutiérrez Rodríguez
La Violencia Basada en Género (VBG) no puede entenderse como un problema aislado, es una tecnología de control, un mecanismo que garantiza la reproducción del orden patriarcal y clasista que sostiene al capitalismo colombiano. La responsabilidad histórica, es entonces nombrar esta violencia, confrontarla y desmontarla, porque afecta directamente la vida laboral, económica y política de las mujeres.
Producto de las luchas sociales, territoriales y del movimiento sindical feminista, Colombia ha avanzado en normas de gran relevancia, pero la distancia entre la ley y la implementación parecen no andar al mismo ritmo.
La feminización de la pobreza, la invisibilidad de la carga del cuidado empuja a miles de mujeres y niñas hacia mecanismos de supervivencia profundamente violentos, como la explotación sexual y el acoso sexual laboral. La precarización económica se convierte en una forma de violencia cotidiana que no aparece en las cifras oficiales que no solo documentan la violencia, muestran la arquitectura de un sistema que castiga con más fuerza a quienes están en la intersección de las desigualdades.
El mundo laboral y la insuficiencia de la respuesta estatal
Por su parte, lejos de ser un espacio neutral, el entorno laboral reproduce las jerarquías que sostienen la opresión patriarcal, siendo el mundo del trabajo un núcleo de explotación y de violencia. Durante décadas, el Estado respondió con una normatividad débil como la Ley 1010 de 2006, que exigía persistencia, pruebas difíciles de obtener y un enfoque binario que excluía a personas LGBTIQ+.
La Directiva Presidencial 001 de 2023, direccionó la obligatoriedad de adoptar Protocolos de cero tolerancias a las VBG y las discriminaciones en las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Se estima que más del 80% de las entidades han adelantado la adopción formal del Protocolo mediante acto administrativo, no obstante, el cumplimiento va más allá de un «Sí/No». Una entidad puede cumplir con el Protocolo, pero no haber realizado campañas pedagógicas, ni capacitado a sus servidores o no disponer de equipos profesionales interdisciplinarios para las acciones y las rutas de atención. Aquí la burocracia, el desfinanciamiento y falta del enfoque territorial y la resistencia a las transformaciones, han limitado sus alcances.
Nuevas normas, viejos desafíos
En este escenario, la Ley 2365 de 2024, adopta las medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual laboral y las instituciones de educación superior, estableciendo obligaciones directas para los empleadores en el sector público y privado incorporando múltiples elementos del Convenio 190 de la OIT.
Durante el 2025, el Congreso de la república ratificó el Convenio 190 de la OIT (Ley 2528 de 2025) avance altamente significativo producto de la incidencia sindical y feminista, que reconoce la violencia y el acoso por razón de género, obliga a empleadores y empresas públicas y privadas a adoptar políticas reales de prevención, garantizar ambientes seguros y proteger a personas trabajadoras en condiciones de especiales, incluidas quienes están en el sector informal.
No obstante, debe ser claro que la ratificación de la norma no basta. La lucha está en la implementación, en la defensa de víctimas frente a empleadores que obstruyen esta reivindicación y en la disputa por el derecho a trabajar sin miedo, especialmente en sectores feminizados altamente precarizados y en sectores masculinizados como la seguridad y la defensa.
La voluntad política de los empleadores es uno de los principales obstáculos hacia la implementación de los nuevos lineamientos de superación de estos escenarios de violencia sistemática, inequidad y exclusión. La violencia institucional es una forma encubierta de violencia de género. Ocurre cuando el Estado, en lugar de proteger, revictimiza, invisibiliza o simplemente abandona.
El llamado “peregrinaje institucional” no es otra cosa que la materialización de la indiferencia del Estado frente a los derechos de las mujeres. La falta de personal, la ausencia de presupuesto y la negligencia llevan a que miles de mujeres, incluso en riesgo de feminicidio, encuentren puertas cerradas o acción con daño.
La supuesta “neutralidad” institucional es una pieza clave de la maquinaria patriarcal. Cuando una entidad se niega a aplicar enfoque de género e interseccional, está perpetuando una cultura institucional que favorece a los agresores y abandona a las víctimas.
El papel decisivo del movimiento sindical
El desmantelamiento de la violencia requiere más que Protocolos. Exige una lectura de las causas y una apuesta política por la transformación cultural a partir de enfoques estructurales como el enfoque de género para desmontar la naturalización de la violencia. El enfoque interseccional, porque las mujeres no viven la violencia de la misma forma, la clase, la raza, la orientación sexual o el territorio crean desigualdades específicas. El enfoque de derechos humanos obliga al Estado a garantizar los derechos, no solo a enunciarlos y, finalmente, la autonomía económica sin la cual no es posible garantizar vida digna a las mujeres.
Requiere, además, cuestionar de raíz la forma en que se organiza la sociedad colombiana. No desaparecerá con discursos ni con normativas aisladas. Es necesario transformar las estructuras institucionales, económicas, laborales y políticas que sostienen la desigualdad.
El movimiento sindical tiene un papel decisivo: defender la vida, el trabajo digno y la autonomía de las mujeres; denunciar la pasividad institucional; y presionar por un Estado que deje de tolerar la violencia y garantice derechos reales, a través de ejercicios permanentes de movilización, incidencia en la toma de decisiones y de formación política de las mujeres.
Hoy, a propósito de la Conmemoración del 25N, la lucha contra la violencia de género es, al mismo tiempo, una lucha contra la explotación y la desigualdad, una lucha por la vida y por la dignidad de toda la clase trabajadora.
