El mensaje del expresidente, además de revictimizar y justificar el genocidio en contra de la Unión Patriótica, revela el temor al interior del uribismo de que se reabran expedientes sobre el paramilitarismo, cuando el hoy condenado era gobernador de Antioquia
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
Álvaro Uribe Vélez, reseñado oficialmente como el preso 381770, no pudo asistir a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay. Sobre el expresidente pesa una medida de detención domiciliaria luego de ser condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno y fraude procesal.
Por eso su mensaje al mediático homenaje fue leído por el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Y aunque era previsible que sería una nota problemática porque se dan en medio de su condena, ésta superó todas las expectativas que sobre ella se tenían.
En la carta enviada desde su lugar de reclusión, Uribe Vélez arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos, el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda Castro y el Gobierno del Pacto Histórico. Sin embargo, las líneas más agresivas del discurso fueron dedicadas al partido Unión Patriótica.
“Nuestro partido (Centro Democrático) y las fuerzas democráticas de Colombia nunca apelaron a la combinación de las formas de lucha; a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica, que promovían el secuestro, participaban en órdenes de asesinato y se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia”.
Rechazo categórico
La reacción fue inmediata. Una vez se conocieron las graves afirmaciones de Uribe Vélez, múltiples sectores condenaron el mensaje del expresidente por su contenido revictimizante, sobre todo en contra de una colectividad reconocida por la justicia internacional como víctima de un genocidio político.
En un contundente comunicado, la Unión Patriótica rechazó categóricamente las declaraciones del condenado por constituir “una grave distorsión de la verdad histórica y un intento inaceptable de justificar el genocidio”.
Para la organización integrante del Pacto Histórico, el mensaje del condenado Uribe Vélez no solo estigmatiza, sino que mínima y trivializa las graves violaciones a los derechos humanos que llevaron a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenara internacionalmente al Estado colombiano.
La UP también destacó como “especialmente grave” que las afirmaciones provengan de un exmandatario condenado por la justicia y señalado como responsable de la violencia política, fundamentalmente en su gestión como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro afirmó que Álvaro Uribe “está lleno de veneno y desconoce la participación del Estado en el genocidio contra la UP”, mientras que la concejala de Bogotá, Heidy Sánchez, calificó la carta del exmandatario como “infame y revictimizante”.
Finalmente, la senadora y presidenta nacional de la UP, Aída Avella Esquivel, condenó decididamente la misiva del principal dirigente de la extrema derecha del país, al tiempo que hizo un llamado a parar “esos discursos de odio, de guerra y de negacionismo, que solo buscan que regrese la violencia del pasado”.
Hipótesis razonables
No obstante, algunas variables como el contexto (funeral de Uribe Turbay), la agresividad en el tono (identidad anticomunista y configuración del enemigo interno) y la intencionalidad en el mensaje (criminalizar la militancia de izquierda), suscitan una interrogante fundamental: ¿Por qué el expresidente Uribe Vélez arremetió específicamente en contra de la Unión Patriótica?
Si bien la respuesta solo la dará el tiempo, es posible inferir algunas hipótesis razonables. La primera es que el agresivo mensaje hace parte de la estrategia de defensa mediática que ha venido adelantando el condenado Uribe Vélez y su círculo más cercano una vez se conoció la sentencia condenatoria.
Al regresar al argumento estigmatizante de la “combinación de las formas de lucha”, el expresidente ataca directamente al partido político del periodista y dirigente Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 y reconocido internacionalmente como un crimen de Estado. Manuel es el padre del senador Iván Cepeda Castro, principal víctima en el proceso judicial que tiene hoy condenado al exmandatario Uribe Vélez.
Pero también podría ser una forma de salirle al paso a las últimas noticias judiciales. De acuerdo a recientes reportes, testimonios claves ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, conectarían a funcionarios que trabajaron en la Gobernación de Antioquia liderada por Uribe Vélez, con graves violaciones a los derechos humanos.
Específicamente se han conocido los testimonios de los empresarios ituanguinos Francisco y Jaime Angulo Osorio, condenados por el asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle. En estas nuevas confesiones reveladas por El Espectador, los hermanos Angulo también se responsabilizan por las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997.
Lo sorprendente en estos testimonios, es que Francisco Angulo señala con nombres propios a los altos funcionarios del entonces gobernador Uribe Vélez que habrían facilitado la creación de las “Convivir” y que terminaron consolidándose como intermediarios legales entre el Ejército y los paramilitares.
La conexión Urabá
Finalmente, en el periodo en que Uribe Vélez ejerció como gobernador de Antioquia se consumó el exterminio político del Partido Comunista y la UP en la subregión de Urabá. Esta conclusión la resaltan varios informes de la Corporación Reiniciar, del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han documentado a profundidad el caso.
De hecho, el CNMH en su informe Todo pasó frente a nuestros ojos (2018), concluye que entre 1995 y 1997 se destaca un crecimiento abrupto de la violencia, con 1.034 asesinatos y desapariciones en Urabá. Es decir, que en este periodo se registró un asesinato o una desaparición de un militante comunista cada 25 horas.
Lo infame en esta situación es que mientras el PCC y la UP de Urabá estimulaban el diálogo político y la paz para el territorio (Consenso de Apartadó, por ejemplo), la gobernación de Uribe Vélez privilegió la salida militar que demandaban los gremios bananeros y las fuerzas militares, situación que derivó en la consolidación del paramilitarismo en todo el eje bananero.
Sobre este capítulo de la historia la JEP tiene abierto un macrocaso y se espera que pronto se tomen decisiones judiciales. Y como las víctimas de Urabá saben qué pasó, quiénes dieron las ordenes, quiénes las ejecutaron y quiénes se lucraron, Uribe Vélez no tiene otra opción sino atacarlos y revictimizarlos porque la justicia cada día le respira más y más en la nuca.
