Labriegos de Cajibío, Cauca, llevan años enfrentándose a una multinacional por unos pequeños terrenos, para construir una morada y cultivar su sobrevivencia
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
A las 6 de la mañana del 10 de julio, irrumpieron en la finca La Capilla alrededor de 250 soldados del batallón Hilario López, de Popayán, acompañados de 100 hombres de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional de Colombia, Undmo; 150 trabajadores de la empresa dueña del predio; agentes de la Sijín, la Fiscalía y otros civiles armados que las familias no lograron identificar.
“Llegaron arremetiendo contra el campesino, la campesina, los niños y niñas, había familias viviendo ahí. Llegaron con todo, mandando gases lacrimógenos, disparando, sonaron dos ráfagas de fusil”, recuerda Ismael Güetio, defensor de derechos humanos y representante legal de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, quien ha acompañado a esas 50 familias que desde 2021 tomaron posesión de pequeños lotes en la finca La Capilla, propiedad de la multinacional Smurfit Cartón de Colombia.
Los hombres y mujeres labriegas resistieron la violenta embestida de la fuerza pública durante diez horas, hasta que finalmente fueron desalojadas. Tres campesinos resultaron heridos: “Nos dañaron todo, no les bastó con dañar las viviendas se robaron lo que encontraron, gallinas, cuyes, conejos, pollos que estaban ahí criando, se robaron la yuca que los campesinos habían sembrado. Lo que no se llevaron lo fumigaron con veneno y en estos momentos esos cultivos se están secando”, explica el líder agrario.
Los hechos se presentaron en el corregimiento La Capilla, a 30 minutos del municipio de Cajibío, Cauca.
Continúa la tensión
Aunque no era la primera vez que enfrentaban un desalojo, no habían sufrido uno así de violento -comenta el líder campesino-, quien agrega que luego de que la fuerza pública se retiró, la empresa continuó con señalamientos y persecución: “Llegan camionetas con vidrios polarizados a parquearse frente a la finca, hay amenazas de un nuevo desalojo, sigue la tensión ahí… y los campesinos no tienen adónde más ir, dónde vivir, pues ahí van a estar…”
La finca tiene una extensión de 210 hectáreas. Está ubicada a 1.700 metros sobre el nivel del mar y perteneció a la señora Gilde Lemán. Son terrenos tan fértiles que permiten buenas cosechas de fríjol, café, caña de azúcar y maíz, entre otros cultivos de pancoger. En 2006, fue arrendada a la empresa Cartón de Colombia para el cultivo de pino.
“Ellos se comprometieron a sacar una sola cosecha, ya la sacaron y los campesinos han dicho que les dejen unos pequeños terrenos para vivir, cultivar y sobrevivir, pero la empresa responde que no, que la finca ya es de ellos y que la harán respetar”, anota Ismael Güetio.
Esa respuesta provocó que hace cuatro años las familias desalambraran, cultivaran y empezaran a levantar pequeños ranchos de madera. Se han presentado desalojos, intentos de judicialización, señalamientos y amenazas: “Uno lo que ha hecho es apoyar a la gente en el tema de la necesidad que tienen de la tierra, porque pues… hay familias, hay niños, hay gente que no tiene dónde vivir, dónde cultivar una mata y no les queda otra opción porque las mejores tierras están en manos de la multinacional”.
fuerza y disparos con armas de fuego. Foto cortesía ATCC
Terruños para la sobrevivencia
Conocedores de su capacidad para labrar determinada cantidad de tierra, las familias se organizaron y distribuyeron lotes de alrededor de 50 por cien metros: “Ellos llegaron midieron el predio, su pedazo, se lo repartieron de formas iguales porque es lo único, ya que el resto está sembrado, y en el lotecito que les tocó hicieron su casa de tabla para vivir y sembraron comida”, señala el líder agrario.
Desde que tienen posesión, han cultivado yuca, maíz, arracacha, café, plátano, caña y otros de pancoger, que les han permitido tener un sustento básico: “La gente se instaló allí y empezó a sembrar sus cultivos porque para eso es que se recupera la tierra, para sembrar comida, para sacar comida, para sus familias y para venderle a la gente en las ciudades”.
Dicen que de este Gobierno han esperado una intervención para interlocutar con la empresa, pero Cartón de Colombia ha dejado claro “que no le venderá un metro de tierra a los campesinos, que quieren seguir cultivando árboles”.
Aunque han tenido espacio de interlocución con entidades como el Ministerio de Agricultura y del Interior, no ha habido avances: “La empresa no ha querido ceder nada, y con el poderío económico que tienen han logrado legalizar las tierras”.
Si respaldo
Por todo lo anterior, han solicitado intervención del Gobierno nacional para instalar una mesa con la empresa, con el objetivo de que esta ceda parte de la finca que está sembrada en pino porque: “Además, para nadie es un secreto el daño ambiental que causa el pino y el eucalipto, que están sembrando en Cajibío; ojalá los medios de comunicación pudieran venir a ver el impacto. Ahorita que estamos en verano podemos ver cómo está de mermado un río en el que corría suficiente agua, nacían fuentes de agua dentro de las fincas; ahorita no hay nada”, denuncia Güetio.
Por ahora, mientras esperan intervención del Estado para hablar con la empresa, intentan reconstruir los ranchos sobre las cenizas y volver a conseguir desde enseres – las cobijas, colchones- hasta su ropa, que les fue quemado.
Se sienten tan desamparados que no tienen ante quien denunciar, aseguran que si van “les echan mano”. Varios migraron a otras veredas a buscar refugio donde familiares, algunos de los 25 niños que habitan en la finca han tenido que irse y perder clases en el centro educativo de la vereda; pueden perder al año escolar.
Ante la pregunta de si esperan algo del actual Gobierno, con desesperanza y contundencia Ismael Güetio responde: “Nunca hemos contado con el Estado, siempre nos ha tocado las vías de hecho para tener acceso a la tierra en el Cauca. Acá no hemos visto la tan prometida reforma agraria”.
