Las comunidades sufren la disputa por el control territorial y económico de tres grupos armados y la Fuerza Pública. La presencia estatal sigue siendo insuficiente
Redacción Territorios
«La situación actual en la zona baja del departamento de Caquetá, y su conexión con el Putumayo y el Amazonas, no puede reducirse al operativo militar contra alias ‘Iván Mordisco’ ni a las declaraciones de funcionarios que insisten en personalizar el conflicto.
“Lo que se vive en esta región es el resultado de una compleja disputa entre tres estructuras armadas ilegales -el EMC-FARC, el EMBF y los CDF-, cuyas confrontaciones no solo son de carácter militar o territorial, sino que también responden a lógicas económicas (control de rutas de movilidad, recursos naturales y economías ilegales) y a modelos de orden armado en disputa”.
Así lo dice el informe de contexto sobre la reconfiguración del conflicto armado en el bajo Caquetá, el bajo Putumayo y el alto Amazonas, intitulado Guerra en la ribera, y elaborado por el Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales de la Amazonia Colombiana, Ceisac.
El documento expresa que en los últimos años, esos territorios experimentaron un recrudecimiento de las violencias y una reconfiguración de los actores armados, lo que ha encendido nuevas alertas sobre el horizonte humanitario que se perfila en estas zonas de vital importancia ecológica y geopolítica.
“La coyuntura actual está marcada por enfrentamientos entre diversos actores armados: estructuras que surgieron tras el Acuerdo de Paz de 2016, grupos que decidieron marginarse de dicho proceso y continúan operando de forma ilegal, y las fuerzas del Estado, ahora articuladas bajo una estrategia política denominada ‘Paz Total’. Esta confluencia de actores ha generado tensiones crecientes, así como nuevas formas de victimización para las comunidades campesinas e indígenas que habitan estos territorios”, expresa el informe en su contextualización.
Intensificación del conflicto
El recrudecimiento de las confrontaciones durante el primer trimestre de 2025, se ha expresado en hechos violentos y en el fortalecimiento del control territorial por parte de distintos grupos armados ilegales, así como en una presencia militar sostenida del Estado, que provoca tensiones, temor y afectaciones humanitarias significativas a la población civil.
“El 14 de marzo de 2025, en la vereda Peñas Rojas del Caguán, un campesino identificado como Germán Rodríguez perdió la vida tras pisar accidentalmente una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas. Este hecho ilustra el alto nivel de riesgo que enfrentan los habitantes rurales por la presencia de artefactos explosivos sembrados en áreas de uso cotidiano”, ejemplifica el colectivo.
También dicen que en diferentes puntos de la región, los grupos armados han impuesto restricciones a la movilidad. “De acuerdo con testimonios recogidos, estos actores han prescrito una franja de seguridad que va de los 1.500 a los 2.500 metros selva adentro desde la última vivienda de cualquier centro poblado ribereño. Dentro de esta franja es posible transitar con relativa seguridad; fuera de ella, el riesgo de enfrentamientos, minas o presencia armada es alto”.
Asimismo, el informe asegura que los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública (Ejército Nacional e Infantería de Marina) han desarrollado prácticas de control social mediante la revisión de celulares de los pobladores.
La zona fluvial del río Caquetá es dominada principalmente por el Estado Mayor Central, EMC-FARC. Sin embargo, se han producido enfrentamientos, confinamiento de la población y paros armados por las incursiones constantes del frente Jorge Suárez Briceño en áreas accesibles por tierra, especialmente en la región que va hasta la bocana del Caguán. A su vez, los Comandos de Frontera, CDF, han realizado entradas esporádicas desde el costado del Putumayo hacia zonas interiores del Amazonas.
La respuesta de la Fuerza Pública
Por su parte, la Fuerza Pública ha intensificado sus operaciones en la región, particularmente mediante intervenciones aéreas en zonas donde se presume la presencia de mandos del EMC-FARC, provocándole bajas.
También se han llevado a cabo operativos terrestres contra estructuras armadas específicas, como los que han tenido lugar en las veredas Viotá y Palo Gordo, dirigidos contra el jefe armado conocido como “Paisa Duver”. No obstante, estos operativos han sido percibidos de manera ambigua por la población civil, porque no impiden la entrada y libre circulación de estos grupos en caseríos y veredas.
Producen preocupación las posibles omisiones o tolerancia por parte de las autoridades. “Por ejemplo, tras la incursión del grupo armado comandado por alias ‘Calarcá’ en la vereda Peñas Rojas, pobladores reportaron que, horas después del paso del grupo armado, miembros del Ejército descendieron por la misma ruta sin haber evitado previamente el ingreso del grupo irregular. Este hecho ha alimentado en la comunidad la sospecha de una posible coordinación, o al menos una falta de respuesta oportuna por parte del Estado, lo que incrementa la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad”.
Presencia estatal y consolidación de grupos
Según la investigación, en esta región la presencia del Estado es intermitente y restringida a operaciones militares. Intervenciones sin acompañamiento institucional ni programas sociales que permitan disputar la legitimidad territorial a los grupos armados ilegales.
“La planeación estatal, además, suele responder a una lógica centralista y cartográfica que no se corresponde con las dinámicas locales. La estrategia oficial se enfoca más en la contención que en la transformación del territorio, lo cual se traduce en una débil interlocución con las comunidades fluviales y en una percepción generalizada de ausencia institucional prolongada”, expresa el informe.
En consecuencia, el Estado Mayor Central de las FARC, EMC-FARC, ha logrado establecer una presencia consolidada a lo largo del río Caquetá, en una extensión que va desde la bocana del Yarí hasta zonas cercanas a la frontera con Brasil, pasando por puntos estratégicos como Araracuara.
Por su parte, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF, surgido del fraccionamiento con el EMC-FARC, ha concentrado su expansión en la zona del Caguán, una ruta estratégica de acceso selvático hacia el río Caquetá. “Su objetivo ha sido extender su dominio desde zonas de retaguardia hasta sectores donde aún tiene presencia el EMC, como el área de Peñas Rojas, punto clave para cerrar el control territorial sobre la ruta que conecta con la bocana del río”.
Y, los Comandos de Frontera, CDF, también mantienen una estrategia de influencia sobre esta región, particularmente desde el eje que conecta el río Putumayo con el río Caquetá.
Algunas conclusiones
Con base en estos conflictos, entre otras cosas, Ceisac expresa: «En suma, lo que está en juego no es solo el control de unos kilómetros de selva, sino la posibilidad real de que la Amazonia colombiana se mantenga como territorio en disputa entre armados ilegales y desatendido por el Estado, o que pueda transitar hacia un proceso de reconstrucción territorial con enfoque de paz, justicia social y soberanía institucional”.
Lea el informe completo aquí
