Hay un saldo alarmante de homicidios, agresiones sexuales, amenazas y discriminación, con especial ensañamiento contra mujeres trans y hombres gay. El informe “Con permiso para despreciar” revela la sistematicidad de los ataques y la complicidad institucional
Revolución en Rosa
El pasado 16 de mayo, en el Auditorio Aurelio Arturo de la Biblioteca Nacional de Colombia, Caribe Afirmativo presentó su informe anual de derechos humanos titulado “Con permiso para despreciar”. Este documento, resultado del trabajo sostenido de su Observatorio de Derechos Humanos, ofrece un análisis riguroso y urgente sobre las múltiples violencias que enfrentaron las personas LGBTIQ+ en Colombia durante el año 2024.
Basado en la triangulación de datos oficiales y comunitarios, el informe no solo evidencia patrones sistemáticos de agresión por prejuicio, sino que alerta sobre una realidad aún más sombría: en lo que va del 2025, se registran 39 asesinatos de personas LGBTIQ+, 20 de ellos en el departamento de Antioquia, configurando un panorama de impunidad, desprecio social y omisión institucional que exige respuestas inmediatas.
El informe
Durante el 2024, las violencias contra las personas LGBTIQ+ en Colombia siguieron marcando un panorama alarmante de discriminación estructural, impunidad y silenciamiento. Así lo evidencia el más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, que documenta con rigor y sensibilidad los múltiples escenarios de agresión y exclusión que enfrentan quienes disienten del sistema sexo-género heterosexual.
Uno de los datos más impactantes del informe es el número de homicidios: entre enero y diciembre de 2024, se registraron 36 asesinatos de personas LGBTIQ+ en el país. De estas, el 64 % fueron mujeres trans, seguidas por hombres gay y personas lesbianas.
Los crímenes se concentraron principalmente en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico, reafirmando la persistencia de la violencia letal en contextos urbanos y periféricos marcados por el machismo, el paramilitarismo y la exclusión social.
Además de los homicidios, el informe revela una cifra igualmente preocupante: 105 hechos de violencia motivados por prejuicio hacia personas de los sectores sociales LGBTIQ+. Esta categoría incluye amenazas, agresiones físicas, violencia policial, violencia psicológica, violencia económica y desplazamientos forzados. La mayoría de los casos se concentran en hombres gay (39 %) y mujeres trans (32 %), reflejando una tendencia continua de hostigamiento en razón de la expresión de género y la orientación sexual.
El año estuvo marcado, además, por 25 amenazas de muerte, muchas de ellas firmadas por grupos armados ilegales o difundidas mediante redes sociales. También se reportaron nueve casos de violencia policial, en los que agentes del Estado agredieron a personas LGBTIQ+ con insultos, golpes y detenciones arbitrarias. En este sentido, el informe subraya el doble riesgo que enfrentan estas poblaciones: por un lado, la violencia social y, por otro, la revictimización institucional.
Violencia normalizada
Particular atención merece la situación de las mujeres trans, quienes además de enfrentar un altísimo riesgo de violencia letal, sufren formas específicas de exclusión en ámbitos como el empleo, la salud y la vivienda. Durante 2024, el Observatorio identificó 21 hechos de violencia hacia mujeres trans, incluyendo agresiones físicas, amenazas, negación de servicios médicos y violencia sexual. De ellas, al menos cinco fueron asesinadas por motivos directamente asociados a su identidad de género.
El informe también visibiliza el impacto de la violencia estructural. Las personas LGBTIQ+ en situación de pobreza, migración o trabajo sexual viven formas agravadas de vulnerabilidad. En varios casos documentados, las víctimas no contaban con redes de apoyo, lo que dificultó el acceso a justicia, salud o protección. También se reportaron desplazamientos forzados individuales por orientación sexual o identidad de género, una forma de violencia menos visible pero profundamente devastadora.
Redes de apoyo
A pesar de este panorama, el informe destaca el papel clave de las organizaciones sociales en la denuncia, el acompañamiento y la exigencia de derechos. Caribe Afirmativo, junto con otras plataformas regionales, ha consolidado una red de observación y documentación que permite no solo visibilizar los casos, sino también formular recomendaciones concretas para la prevención, atención y sanción de estas violencias.
En palabras del propio informe: “Las violencias no solo representan la expresión individual de quien ataca, sino la sumatoria de conductas y omisiones que no hemos logrado superar en el país, en una complicidad imperceptible que se manifiesta en ataques físicos, verbales y simbólicos, dentro de una cultura ciudadana que persiste en criminalizar la diversidad sexual y de género”.
Estructuras vigentes
Entre las recomendaciones más urgentes está el fortalecimiento de las rutas de protección diferencial para personas LGBTIQ+, especialmente en zonas rurales y de conflicto. También se hace un llamado al Estado para que garantice investigaciones diligentes con enfoque de género y orientación sexual, así como para que impulse políticas públicas de inclusión social, acceso a salud integral y generación de empleo digno para estas poblaciones.
La violencia contra las personas LGBTIQ+ no ocurre en el vacío. Es el resultado de un entramado histórico de exclusión, prejuicio y normalización de la violencia. Por eso, más allá del registro estadístico, el informe insiste en la importancia de reconocer estas vidas como sujetas de derechos y sus muertes como crímenes que no deben quedar impunes.
Mientras tanto, las organizaciones y líderes LGBTIQ+ continúan resistiendo, creando espacios seguros, exigiendo justicia y apostándole a un país donde la diferencia no sea motivo de muerte, sino de celebración. Porque defender la vida de las personas LGBTIQ+ es defender la democracia misma.
