Los actores armados en Colombia no solo han utilizado las regiones como espacios estratégicos para expandir su proyecto político y de guerra, también han explotado el cuerpo y la vida de las mujeres como instrumentos en la búsqueda de sus objetivos
Ana Milena Velandia Camacho
@miilecam
En el Magdalena Medio, una región históricamente afectada por la violencia, actualmente operan grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF, junto con otras estructuras locales al servicio de grupos armados organizados.
Así lo revela el informe La Cruzada de la Muerte, boletín periódico sobre hechos victimizantes en la región del Magdalena medio de enero a agosto de 2024 del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente, de la Corporación regional para la defensa de los derechos humanos, Credhos.
Este conflicto ha dejado como consecuencia desplazamientos forzados, masacres, confinamientos y homicidios.
Las alarmantes cifras
En Barrancabermeja, la violencia ha escalado desde 2021. Solo hasta agosto de 2024, Credhos registró 98 asesinatos, de los cuales nueve eran mujeres. Asimismo, en los primeros meses de 2025, ya se contabilizan 39 homicidios, con tres víctimas mujeres y una persona de la comunidad LGTBIQ+.
Estas cifras alarmantes evidencian la urgencia de analizar cómo la violencia se expresa de manera diferenciada según el género y la edad. En este contexto, se contactó a una joven mujer, víctima de esta instrumentalización y posterior reclutamiento desde su infancia, María*.
“Yo tenía 14 años cuando me echaron de mi casa y tuve que valerme por mí misma. Llegué a un barrio popular en Barrancabermeja y me hice amiga de quienes mandaban allí. Al comienzo, me hacían creer que no eran tan malos, porque me daban un techo y un plato de comida”, aseveró María, quien, al inicio, realizaba tareas sencillas como llevar bolsas de droga, esconder armas y dar aviso sobre quién entraba o salía del barrio. “Ante mi vulnerabilidad, les fue muy fácil hacerme creer que eran mi familia”, afirmó.
La alerta temprana, emitida por la Defensoría del Pueblo del 2022, advierte que “la población joven, niños, niñas y adolescentes sufre con mayor rigor los efectos de la violencia y control que ejercen los grupos armados mencionados por la intención de éstos de atraerlos de diversas maneras y vincularlos a sus actividades ilegales, esto puede incluir el reclutamiento forzado, transporte y procesamiento de alcaloide, la trata de personas, la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto y el drama de la migración ilegal, entre otros”.
Así, María vivió en carne propia esta realidad: «Una vez me usaron de mula, fue a la fuerza. Había estado enferma y uno de ellos me prestó dinero para mi tratamiento médico. Cuando intenté devolvérselo, me dijo: “Yo no necesito la plata, necesito un favor suyo”.
»Luego, me entregó una bolsa con dinero y me ordenó llevarlo hasta San Pablo. “Usted verá dónde la mete, pero esto lo debe llevar”» y para asegurar el transporte, la bolsa fue adherida a su abdomen. Antes de partir, la amenazaron: “Si ve policía y se cae con eso, es mejor que la maten a que la apresen, porque le va peor”.
Mientras se desarrollaba la entrevista, María recordaba cada una de las acciones a las que fue obligada, al igual que muchas otras chicas que, como ella, eran instrumentalizadas, algunas incluso golpeadas por rehusarse.
Muchas historias, muchas mujeres
Ahora bien, el derecho internacional humanitario, en el IV Convenio de Ginebra, establece desde 1953 que “las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor”.
Sin embargo, esta protección ha sido ignorada por los actores armados en disputa, quienes han convertido la violencia sexual en una estrategia de control territorial. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, se han reportado 15.739 casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado, utilizada como “una práctica de apropiación de cuerpos y poblaciones que refuerza el dominio violento de los grupos armados”.
María es una de esas víctimas, quien, al día de hoy, aún no se atreve a denunciar por miedo y temor de los actores. “En una ocasión uno de los mandos estaba de cumpleaños, allí en medio del departir de alcohol y drogas, nos obligaron a consumir, en el punto que yo ya no podía más con mi cuerpo, estaba adormecido y se aprovecharon de mi condición para explotarme sexualmente. Ellos se valieron del hecho que de que estábamos departiendo obviamente obligadas, ese hecho siempre para mí será un vehemente abuso”, refirió María.
Historias como la de María son las que se ven a diario en las diferentes calles de los barrios y comunas del territorio. Allí fue imposible no preguntar por la labor de la Policía Nacional, a lo que María respondió: “Ni modo de denunciar, yo misma veía cómo los policías llegaban a recibirles dinero, yo sabía que acercarme era ponerlos en alerta”, comentó María.
María intentó escapar, pero sus agresores la encontraron y la obligaron a volver con amenazas contra su madre. Como castigo, sufrió una golpiza cuyas cicatrices aún lleva. Buscó apoyo en organizaciones defensoras de derechos humanos y, al vincularse, la presión disminuyó.
María expresa que, aunque logró salir físicamente, las secuelas psicológicas aún la persiguen, reviviendo en las madrugadas las sensaciones de aquel tiempo. “Es algo que ha repercutido demasiado en mi vida personal. Hoy les digo a las niñas: aléjense de ese ‘amigo’ que te presta dinero esperando algo a cambio, que sabes que está involucrado.
»Incluso salir a tomar con esa gente puede hacer que te conviertas, indirectamente, en parte de ellos. No se queden calladas, denuncien”, advirtió con firmeza, reafirmando la importancia de romper el silencio y reconociendo que fue una víctima más de instrumentalización.
* Se cambió el nombre de la entrevistada por su seguridad
