Los acuerdos pactados en las negociaciones para acabar con la guerra civil obligan a separar las funciones de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional. Desmilitarización y democratización
José Manuel Martín Medem
Una sentencia del Tribunal Supremo de El Salvador obliga al presidente Mauricio Funes a anular los nombramientos de dos generales jubilados a los que encargó la dirección del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Policía Nacional Civil. La Constitución establece que esos cargos deben ser ocupados por civiles y la corte considera que no se puede nombrar a militares retirados.
Los acuerdos pactados en las negociaciones para acabar con la guerra civil obligan a separar las funciones de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, garantizar la independencia de la Policía Nacional con respecto a las Fuerzas Armadas y que ambas competencias queden bajo la responsabilidad de civiles. Son compromisos fundamentales del proceso de desmilitarización y democratización.
Funes, un independiente que ganó las elecciones presidenciales como candidato del FMLN (la guerrilla convertida en partido), se ha distanciado de sus aliados en muchas de sus decisiones y encargó a los militares funciones de seguridad pública y la custodia de las prisiones.
