En una conferencia de prensa ofrecida este miércoles 24 de abril, la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia presentó al público su informe anual de actividad en este país correspondiente a 2012. La Institución manifestó su preocupación por la persistencia de las graves condiciones humanitarias como consecuencia del conflicto armado y la acción de diferentes actores armados.
“Apoyamos los diálogos que mantienen el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana y los esfuerzos que ambas partes despliegan como una oportunidad excepcional para buscar soluciones al prolongado sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, los resultados de estas conversaciones tienen aún que materializarse en mejores condiciones de vida para las personas que viven en zonas de conflicto”, dijo Jordi Raich, jefe de la delegación del CICR en Colombia.
En su informe, el CICR reconoce los avances que el Estado ha conseguido en la atención y reparación que brinda a un gran conjunto de víctimas, gracias a la existencia de un marco normativo e institucional. En cambio, manifiesta su preocupación por la exclusión de estas normas de un número significativo de víctimas de grupos armados emergentes.
“Consideramos que tanto las víctimas del conflicto armado como las de otras situaciones de violencia deben recibir atención y reparación sin discriminación alguna”, agregó Raich. “El sufrimiento de las personas afectadas por desplazamientos, homicidios y desapariciones es el mismo, aunque la causa sea diferente. Por ello, no tiene sentido hacer distinciones entre las víctimas”, concluyó.
Unas 200 mil víctimas, tanto del conflicto armado como de la violencia armada, se beneficiaron de las actividades humanitarias que el CICR realizó el año pasado. Algunas actividades consistieron en socorros de emergencia, jornadas de salud, reparación de infraestructura averiada y proyectos de producción agrícola.
En 2012, la Institución documentó 880 casos de infracciones del derecho internacional humanitario y de otras normas básicas, cometidas presuntamente por las partes en conflicto o por otros actores armados. Se indicaron casos como homicidios, desapariciones, violencia sexual, amenazas, ocupación de bienes civiles y ataques contra la misión médica.
La difícil situación humanitaria persistió sobre todo en los departamentos de Arauca, Caquetá, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Sin embargo, otras regiones del país y centros urbanos, como Medellín, Buenaventura y Tumaco entre estos últimos, se vieron afectados también por la acción de nuevos grupos armados organizados y la violencia armada.
