Este ilegal proceder tiene como propósito revictimizar a los opositores políticos que en Colombia se han rebelado contra las injusticias del régimen, violando sus más elementales derechos humanos, populismo punitivo que caracteriza a la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía.
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, que el día 26 de mayo de 2016, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en Medellín, se presentaron a la vivienda de la compañera Francelly Arias Taborda, ex prisionera política y compañera sentimental del prisionero de guerra Jesús Mario Arenas (Marcos); actualmente recluido en la cárcel Pedregales de Medellín, para realizar el secuestro y embargo de la vivienda de su propiedad, con el injustificado argumento que ese inmueble debe ser expropiado para reparar a las víctimas del conflicto. Es de mencionar que la entidad encargada del secuestro le ofrece a la legitima dueña, el bien en calidad de arrendamiento.
Este ilegal proceder, que hace parte de una campaña de intimidación y persecución a los prisioneros políticos y de guerra por parte de la Fiscalía General de la Nación, tiene como propósito revictimizar a los opositores políticos que en Colombia se han rebelado contra las injusticias del régimen, violando sus más elementales derechos humanos, populismo punitivo que caracteriza a la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, a través del cual pretende mostrar que «está realizando una intensa persecución a los dineros y bienes de las FARC EP».
Nada más lejos de la realidad, pues al lanzarse como hienas contra una humilde compañera, madre de dos hijos menores de edad, que a través de años de trabajo y sacrificio y asumiendo créditos con terceros, adquirió una vivienda para ella y su familia, demuestran que la labor de esta entidad oficial no es investigar grandes conductas criminales, sino perseguir a ciudadanos humildes que carecen de medios y recursos para defenderse.
¿Por qué la Fiscalía de Antioquia no se dedica a incautar los bienes y propiedades de narcos y paramilitares como Diego Vecino, El Alemán, Cuco Vanoy, entre otros criminales, a los que se le calculan bienes por valor de 100 millones de dólares a cada uno y por el contrario persigue sin ninguna consideración a humildes luchadoras populares, que el régimen considera delincuentes políticos?
La respuesta es que esos paramilitares contratan costosas firmas de abogados y contadores que sobornan jueces, fiscales y agentes del Estado para que su millonarias fortunas no sean expropiadas, mientras que los prisioneros políticos y de guerra, que no tienen ni siquiera acceso al mínimo vital y a la salud, tienen que recurrir a defensores públicos o abogados comprometidos con la defensa de los derechos humanos para que defiendan su causa.
Finalmente, solicitamos a las organizaciones defensoras de prisioneros políticos y de Derechos Humanos le exijan al gobierno colombiano la protección derechos del prisionero político Jesús Mario Arenas y de su familia. Así mismo, exigimos la intervención de la defensoría del pueblo y de la personería de Medellín en protección de los derechos de los menores de edad víctimas de este atropello por parte de la Fiscalía. Igualmente Solicitamos a la Delegación de Paz de las FARC-EP, que intervenga ante el Estado colombiano, exigiendo garantías para los prisionero políticos Jesús Mario Arenas, Francelly Arias Taborda, así como para sus hijos menores de edad.
Fundación para la Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia «Juan David Pineda Cardona» y la Coalición Larga Vida a las Mariposas -Regional Noroccidente
