La insurgencia afirmó que deben proporcionarse “diseños que posibiliten la participación inmediata en el poder legislativo mediante asignación directa de curules al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y otras instancias de representación popular”.
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Día movido en el ciclo 43 de la mesa de diálogos en La Habana. Tanto Gobierno como insurgencia brindaron declaraciones a la prensa. Primero hablaron las FARC presentando propuestas para el fin del conflicto y su paso a movimiento político. Luego habló el Gobierno en defensa del plebiscito para la paz.
A su paso por el micrófono la insurgencia, que reclama participación directa en varios escenarios políticos, afirmó que deben proporcionarse “diseños institucionales, constitucionales y legales que posibiliten la participación inmediata en el poder legislativo mediante asignación directa de curules al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y otras instancias de representación popular”, expresó Benkos Biojó, integrante del grupo guerrillero.
Luego habló el Gobierno. Su meta es defender el Plebiscito para la paz como mecanismo de refrendación de los acuerdos en La Habana.
“El plebiscito, como existe en la actualidad, exige un umbral desmesurado, contrario a la tradición colombiana en materia de participación. No es realista exigir una mayoría de todo el censo electoral. Es decir en la historia de Colombia no ha sido posible llegar casi a los 17 millones de votos que se requerirían según la legislación actual”, dijo a la prensa Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno.
Frente al tema aún no existe conciliación. La insurgencia en repetidas ocasiones ha manifestado que el mecanismo de refrendación debe ser una Asamblea Nacional Constituyente, al tiempo que ha criticado la propuesta del Plebiscito para la paz, tal como lo expresó el pasado 9 de noviembre Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC:
“¿Qué objeto tiene gastarle tiempo a un proyecto de plebiscito que, por una parte no ha sido consensuado en la mesa de La Habana y, por otra parte, se sabe anticipadamente que la limitación de su alcance jurídico le impide aprobar ‘disposiciones y temas necesarios, para la implementación de un acuerdo final’?”.
Finalmente el Gobierno cerró la mañana dando seguridad de que después del acuerdo final no se reabrirán casos judiciales, tal como sí está ocurriendo, varias décadas después, con el proceso de paz alcanzado con el M-19, algo que llena de incertidumbre los actuales diálogos de paz.
“No es conveniente que una vez terminado el proceso de paz puedan reabrirse los juicios contra los responsables. En ninguna circunstancia debe ocurrir esto. La palabra del Estado tiene que ser sagrada”, concluyó Humberto de la Calle.
Alianza Colombiana de Prensa Alternativa
Prensa Rural, REMAP y REMA-ACPP
