Las demostraciones callejeras muestran una situación de crisis política en que la extrema derecha aprovecha los escándalos de corrupción revelados en los últimos meses y le apuestan a la desestabilización del gobierno.
Alberto Acevedo
Miles de manifestantes se movilizaron el pasado 20 de agosto, en las principales ciudades de Brasil, en respaldo a la presidenta Dilma Rousseff y al proceso de transformaciones sociales de carácter progresista que ha emprendido el gobernante Partido de los Trabajadores, PT, en los últimos años.
De alguna manera, estas movilizaciones, en que estuvieron comprometidos, el movimiento sindical, el sector agrario, partidos políticos de izquierda, sectores culturales, juveniles y estudiantiles, entre otros, fueron una respuesta a las que círculos de la burguesía brasileña organizaron cuatro días antes contra la presidenta Rousseff, pidiéndole su salida del gobierno, en un intento por desmontar el programa de reformas del PT.
De todas maneras, las demostraciones callejeras, que han sido multitudinarias en ambos bandos, muestran una situación de crisis política en que la extrema derecha aprovecha los escándalos de corrupción revelados en los últimos meses y le apuestan a la desestabilización del gobierno, para buscar una coyuntura favorable que permita el regreso de la burguesía tradicional al control absoluto de las palancas del poder en ese país.
Las escandalosas cifras de corrupción, que solamente en el caso de Petrobras suponen el desvío de más de 1.800 millones de dólares que en su mayoría fueron a parar a las arcas de los partidos políticos para financiar campañas electorales, tocan, no solamente a dirigentes del PT, sino en general a todos los partidos de la burguesía y especialmente a estos, responsables además de la existencia de un régimen electoral, aprobado por ellos, que abre las puertas del capital privado a la financiación de las campañas. Era su manera tradicional de asegurarse colocar en la presidencia y el parlamento a los gobernantes afectos a sus intereses. Pero ese modelo hizo crisis en Brasil.
Para salir de la crisis
En efecto, los presidentes de la cámara baja y el senado de la República, que integran el órgano legislativo, cabezas visibles del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, están siendo investigados por las autoridades judiciales por su participación en el saqueo a las arcas públicas, y no solo a Petrobras, sino a entidades emblemáticas del Estado como Electrobras, el Banco Nacional del Estado y otras.
La extraordinaria movilización ciudadana del pasado 20 de agosto, en respaldo a la gestión del actual gobierno, no fue sin embargo un cheque en blanco a la presidenta Dilma Rousseff. A la gobernante le han pedido que frente la crisis general que se vive y presente un plan alternativo de salvación nacional, que no lo hay.
Pero esa salida, dicen los sectores populares, deben ser sobre la base del reforzamiento de las obras sociales ya emprendidas y de construcción de una agenda de ampliación de nuevos derechos, en defensa de la democracia, contra la precarización del trabajo, la corrupción, el fraude fiscal y para cerrarle el paso a un golpe de estado que se viene gestando por parte de la ultraderecha, que no oculta su deseo de que los militares regresen al poder.
Los sectores populares reclaman con urgencia una reforma electoral que ponga fin a la corruptela que hoy afecta a Brasil. Pero afirman además, que sin una movilización, en defensa de los programas sociales, no habrá salida a la crisis. De hecho, el número de participantes en las manifestaciones del 20 de agosto, insinúan la conformación de una Frente Popular que apunta en esa dirección.
