55 líderes que se opusieron a proyectos hidroeléctricos fueron asesinados en los últimos diez años, cientos desaparecidos y miles desplazados.
Prensa Rural
La construcción de hidroeléctricas en el país ha generado un gran impacto en el ambiente y la sociedad colombiana. Poblaciones enteras son afectadas porque se acaba su economía de sustento, convertidos de la noche a la mañana, en colombianos que engrosan las cifras de desplazamiento forzado en las grandes ciudades.
En Colombia hay 32 plantas hidroeléctricas y solamente tres compañías –Empresas Públicas de Medellín, Emgesa e Isagén– controlan el 52 por ciento de la capacidad de generación total de energía del país; lo paradójico de esto es que la mayor parte de la energía producida no es utilizada para el consumo interno domiciliario. Una parte es exportada a Centroamérica en el marco del Plan Puebla-Panamá, y otra parte suple las necesidades de otras industrias minero-energéticas (oro, petróleo, cemento, etc.). La mayoría de los territorios donde se realizan proyectos hidroeléctricos no cuenta con servicio de energía, para no hablar de otras necesidades básicas como la educación, la salud, el agua y la infraestructura vial.
Está comprobado que el dióxido de carbono, óxido nitroso y metano que producen los embalses cambian los climas circundantes. Los expertos en el tema consideran que los embalses están afectando la salud de los pobladores cercanos debido a la alta producción de insectos. Así mismo, se considera que la salud animal y ambiental está siendo amenazada por estos cambios en los microclimas. Los proyectos también han causado deforestación a gran escala. Las empresas, para ahorrar recursos, han llenado con abundante material orgánico sin antes retirarlo y cuyo proceso de descomposición contamina el agua, trayendo consigo otras problemáticas: malos olores, reducción del oxigeno disuelto a niveles peligrosos y muerte de organismos en los ríos.
Nefastas consecuencias en las comunidades
Las empresas, en su afán por sacar adelante el proyecto, rompen el tejido social de las comunidades, acaban con la organización y la solidaridad entre los habitantes: a unos les ofrece más dinero, a otros menos. Compran conciencias de líderes comunales, corrompen a miembros de organizaciones sociales que se oponen al proyecto. Todo esto con el fin de debilitarlas y desacreditarlas. Una vez el proyecto está terminado, no queda nada.
El impacto social que traen estos proyectos no es menor. La pérdida y desplazamiento de los territorios se constituyen en las afectaciones más graves contra las comunidades que habitan las zonas donde se construyen las hidroeléctricas. La estrategia en todos los proyectos es calcada: incremento de la violencia en los territorios, amenazas y asesinatos selectivos hasta lograr el desplazamiento o la venta de los predios que serán para el proyecto, y entrada de la empresa que compra a buenos precios los predios antes despojados y legalizados.
La cifras son escalofriantes: 55 líderes que se opusieron a proyectos hidroeléctricos fueron asesinados en los últimos diez años, cientos desaparecidos y miles desplazados. Sin embargo, en la Fiscalía General estos procesos duermen el sueño de los justos: no hay imputaciones, menos condenas. Con este panorama resulta verdaderamente difícil construir un paz estable y duradera para estas comunidades atropelladas por la locomotora minero-energética.
