Entidades financieras están cediendo cartera relacionada con créditos de UPAC cuando ya no está permitido por la ley. Dueños de casas no son notificados de procesos hasta que ya se ha rematado su vivienda. El drama de los desalojados
Redacción Bogotá
Millones de colombianos viven todos los días una terrible zozobra. Algunos, como mecanismo de defensa final, se encierran en su casa y evitan a toda costa que la Policía los agreda, los saque y les quite su casa o su apartamento en donde han vivido por años, y que en casi todos los casos ya han pagado hasta 10 veces o más.
Triste es reconocer que son contados con los dedos de las manos los medios de comunicación que registran esta cruda realidad de colombianos a lo largo y ancho de esta geografía. Quizás porque pertenecen a los mismos dueños de grandes entidades financieras que son quienes, a costa de esta pobre gente, se enriquecen día a día.
La verdad es que en Bogotá hay desalojos injustos y violentos de personas que, ya sea porque se quedaron sin trabajo, fueron engañados por las mismas entidades bancarias o agiotistas, o por los desmedidos intereses se vieron ahogados, muchos de ellos refinanciados con la esperanza de tener más plazo, sin saber que estaban firmando una sentencia de pérdida de su vivienda.
El derecho a tener vivienda para las nuevas generaciones se perdió. Al menos es lo que piensa la señora María Inés Gómez Serrano, una colombiana de 64 años de edad, quien lleva viviendo 26 años en su casa ubicada en el barrio Los Alcaparros de Suba, otra de las víctimas del criminal sistema financiero de este país. VOZ estuvo desde tempranas horas acompañándola el pasado 10 de septiembre ante el anuncio de desalojo que le habían notificado desde una inspección de Policía de la localidad de Suba.
Rodeada de solidaridad de algunos vecinos, pequeña en estatura pero grande de carácter, esta mujer le contó a este medio de comunicación cómo hace 26 años pidió un préstamo a Davivienda por 1’800.000 pesos y que en medio del desconocido, hasta ese momento, y creciente monstruo llamado UPAC, sumado a la manipulación del banco y al propio desconocimiento de sus derechos, terminó debiendo 13’400.000 pesos y hoy ha perdido su casa, supuestamente porque debe más de 90 millones de pesos.
“La cuota inicial de esta casita se dio con unas cesantías que me llegaron, pero me hacían falta 1’800.000 pesos para completar la cuota inicial. El crédito con Davivienda se sacó por 1’800.000 pesos. Pagué cumplidamente sin problemas, pero nunca hice cuentas de cuánto había pagado. A los seis años, el banco me ofreció un crédito premio por buen comportamiento en los pagos. Ese crédito premio era de dos millones de pesos de libre inversión. Total ese crédito se convirtió sin darme cuenta en un crédito hipotecario por cinco millones, y me hicieron firmar una letra. Con el tiempo, como el crédito estaba con el UPAC, la crisis de 1998 reventó a todo el mundo. Las cuotas estaban terriblemente altas”.
Bancos y carteles del remate
Inés María realizó pagos en Fogafín, sin embargo el banco nuevamente la contactó y le hizo firmar un pagaré por 11 millones de pesos.
“En eso consiste la capitalización de intereses, uno va pagando cada 24 horas interés sobre el interés que ha ganado las 24 horas anteriores. Esto es una capitalización a la élite, no hay nada que hacer. En total yo pagué ocho millones de pesos de lo que me habían prestado”, señala desconcertada la ama de casa.
Una de las irregularidades que denunció la señora Inés es que el banco envía un valor a sus deudores y otro muy distinto al juzgado. En su caso el banco le ha hecho saber que su deuda es por más de 90 millones de pesos, pero al juzgado le envía la suma de 35 millones. Eso es algo contradictorio.
“Con el tiempo el crecimiento de los intereses se puso inaguantable. Y dije ya no más. Esto es cuestión de dignidad y exigir lo que la Corte ordenó. Cuando la Corte hizo control constitucional de la ley 546 ordenó la reliquidación de los créditos. Pero la sentencia 955 fue la que reglamentó y allí se ordenó la reliquidación de los pagarés desde el primer momento en que la deuda nació, siempre y cuando fuera con el mismo banco”.
“En mi caso Davivienda nunca acató esa orden, entre otras cosas porque la Superintendencia Bancaria envío una circular ordenando otra cosa y yo no entiendo por qué en este país se cumplen las órdenes de todo el mundo, menos las de la Constitución. ¿Cómo va uno a pagar más de lo que le prestaron? Por dignidad eso no se debe hacer”, agregó la señora Inés.
Davivienda cedió su cartera a Inverfondos que es una fiduciaria de esa misma entidad, según cuentan las víctimas de desalojos, que estas compran la cartera por un 15 por ciento de su valor total. Luego ésta la vende al mejor postor, generalmente son los mismos casi siempre, un grupo que se turna la compra, previa reunión y se ponen de acuerdo en los remates de quien va a comprar y hasta cuánto pueden ofrecer.
