El Consejo de Estado pidió al Ministerio Público emitir un concepto sobre las razones de conveniencia o no de las medidas cautelares solicitadas por el ex alcalde
Redacción Bogotá
Al cierre de esta edición el Consejo de Estado había admitido la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho que interpuso Gustavo Petro Urrego, exalcalde de Bogotá, en contra del fallo de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. Ahora el Ministerio Público podrá argumentar los motivos de la decisión que destituyó al burgomaestre de la ciudad.
Además el Consejo de Estado le pidió a la Procuraduría que emita un concepto sobre las razones de conveniencia o no de las medidas cautelares solicitadas por Petro.
El alto tribunal consideró que dichas medidas de urgencia se pueden adoptar sin la anuencia de la parte demandada, y que, como son actos administrativos sancionatorios, es ineludible escuchar tanto al demandante como al funcionario representante de la entidad que realizó la sanción. En el caso de decretarse las medidas cautelares, el presidente de la República está en la obligación de restituir al alcalde.
“Ese tiempo, desde el punto de vista político, puede ser realmente mortal para nosotros, en la palabra explícita de mortal porque ahora viene una ofensiva que tiene como objetivo real la expatriación de alguien a quien consideran un rival porque es de izquierda y tiene alta influencia en la población, que podría ser un candidato presidencial”.
“El tiempo que desgraciadamente se abre actúa a favor de ellos. Ya ustedes han visto cómo varios programas de la Bogotá Humana se han eliminado, incluso de manera hasta sorprendente. Este tiempo no tiene nada que ver con el Consejo de Estado o con los jueces, es un tiempo que van a utilizar algunos sectores de la política que nos consideran enemigos”, dijo Gustavo Petro a los medios de comunicación luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado.
Días antes Luis Ernesto Vargas, presidente de la Corte Constitucional, sostuvo que las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son vinculantes y debían acatarse. La afirmación la hizo el magistrado con base en varias sentencias del alto tribunal.
Alejandro Ordóñez, procurador general, destituyó a Gustavo Petro y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.
La CIDH pidió medidas cautelares para el ex alcalde de Bogotá, pero estas no fueron acogidas por el presidente Juan Manuel Santos, quien firmó la solicitud de destitución de la Procuraduría. La Comisión afirmó que estas medidas son de obligatorio cumplimiento para los Estados.
Esta manera de asumir los derechos pasándose por la faja los convenios con la CIDH fue duramente criticada por el periodista Jonathan Glennie del diario británico The Guardian, en donde se afirma que la democracia colombiana dio un paso atrás con la destitución de Petro y que Santos tomó la decisión de cara a las elecciones de mayo.
