Entrevista exclusiva con el profesor universitario y perseguido político Miguel Ángel Beltrán, quien, a pesar de haber estado en la cárcel por delitos que no cometió y haber vivido en el exilio, sigue con su actividad intelectual aportando ideas para que este país ofrezca iguales oportunidades a todos
Kikyō
VOZ habló con uno de los más destacados intelectuales del país, quien ha sido encarcelado y perseguido por su posición política crítica, Miguel Ángel Beltrán. Hoy el académico teme por su vida y la de su familia.
Nació en Bogotá, proviene de una familia humilde, su padre es un suboficial retirado de la policía y su madre ha dedicado toda su vida a las labores del hogar. Su formación académica la recibió inicialmente en la Universidad Distrital, en donde recibió el título de licenciado en Ciencias Sociales, y en la Universidad Nacional de Colombia donde concluyó la carrera de sociología. Además realizó una maestría en historia. Terminó otra maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en México y se doctoró en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de ese mismo país.
—Profesor Miguel Ángel, ¿cómo fue su juventud y de qué manera se empapó del panorama político del país?
—Desde mis tempranos años universitarios inicié militancia política en las filas de la Juventud Comunista (JUCO); y desde allí hice muy pronto mi ingreso al Partido Comunista Colombiano (PCC). Fue en estas dos organizaciones donde recibí mi formación política inicial y donde entendí la necesidad de luchar por construir un modelo de sociedad más justo y equitativo.
En 1984, con la emergencia de la Unión Patriótica, como resultado de los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz, firmados entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, me comprometí de lleno con este nuevo movimiento amplio, hasta que fuimos eliminados, a sangre y fuego, del escenario político colombiano.
Amenazas y persecuciones
—¿Cuándo empiezan las amenazas? ¿Ha tenido antes de la detención vetos académicos o de otro tipo?
—En Colombia ser parte de la oposición política y social conlleva persecuciones, estigmatizaciones y amenazas contra la vida, muchas de las cuales se hacen efectivas. En los tiempos de mi trabajo con la Unión Patriótica fui varias veces detenido arbitrariamente e incluso en alguna ocasión permanecí varias semanas privado de la libertad en la cárcel Nacional Modelo. Más recientemente, ya como profesor de la Universidad Nacional, fui objeto de hostigamiento por parte de los organismos de inteligencia del Estado que presionaron mi salida del país en el 2008.
—¿Cómo fue su detención, cuándo, y por qué cargos? ¿Cuánto tiempo estuvo detenido?
—En realidad no se trató de una detención sino un secuestro que ocurrió en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en ciudad de México, donde me encontraba adelantando una estancia posdoctoral por invitación del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Estos hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2009. Ese mismo día fui ilegalmente expulsado del país y entregado a las autoridades colombianas que “legalizaron” mi captura bajo los cargos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas.
El proceso judicial se prolongó durante más de dos años, tiempo en el cual permanecí detenido en pabellones de alta seguridad, de la Cárcel Nacional Modelo, la Picota y el Establecimiento de Orden Nacional de Bogotá (ERON) hasta que fui absuelto en primera instancia por una juez de la República.
Perseguido político
—¿Se considera un perseguido político?
—Sin duda. El reciente fallo de la Procuraduría que me destituye de mi cargo como profesor de la Universidad Nacional y me inhabilita por 13 años para ejercer cargos públicos, luego de que la Justicia colombiana hubiese declarado mi inocencia, es la mejor prueba de ello.
—¿Cómo califica su sanción por parte de la Procuraduría?
—Ante todo se trata de un fallo injusto y arbitrario, hecho con base en pruebas que han sido señaladas de ilegales por la Corte Suprema y que fueron superadas en el juicio penal que se adelantó en mi contra. Pero, por otra parte, es también un atentado contra la libertad de cátedra, de pensamiento y una flagrante violación al principio de autonomía universitaria, al punto que si yo fuese profesor de una universidad privada, el procurador no podría imponerme ningún tipo de sanción.
Cabe advertir que esto fue posible gracias a la complicidad de las directivas universitarias, en cabeza del actual rector, Ignacio Mantilla, que nada hicieron para evitar que se consumara esta arbitrariedad.
—¿Qué hace un perseguido político como usted cuando se le han cerrado las puertas del trabajo en cargos públicos?
—Estas decisiones -como las emitidas por el actual Procurador- buscan la muerte política y laboral de aquellos servidores públicos que por sus posturas críticas resultan incómodos al Establecimiento. Así lo ilustran los fallos en contra de la senadora Piedad Córdoba, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y otros funcionarios más. En mi caso particular, la labor educativa e investigativa crítica no se circunscribe al sector público, por lo que mi propósito es continuar desarrollando estas actividades en otros espacios vinculados al movimiento social ya sea dentro o fuera del país.
La educación convertida en mercancía
—¿Cómo ve la educación en Colombia?
—En un estado crítico, como resultado de la aplicación de las políticas neoliberales, que han convertido el derecho a la educación en una mercancía más, y de la indolencia de un Estado que durante décadas ha malgastado buena parte del presupuesto público en financiar una guerra, que sólo ha traído miseria y desolación para el pueblo colombiano.
—¿Teme por su vida?
—Temo por mi vida y por la de mis familiares. No dejo de pensar en el caso de mi colega, el profesor Alfredo Correa de Andreis, quien fuera objeto de un montaje judicial similar al mío, y pocas semanas después de recobrar su libertad, luego de que la Justicia lo absolviera, cayó asesinado muy cerca de su casa. Como se logró establecer posteriormente, se trató de un crimen de Estado, en el que participaron miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
—¿Quisiera enviar un mensaje a otros perseguidos políticos que están pasando por la misma circunstancia que usted pasó?
—En nuestro país hay más de nueve mil prisioneros polítics, privados de la libertad en las cárceles colombianas, que viven en situaciones de hacinamiento y a los cuales se les violan los más mínimos derechos. A estos hombres y mujeres les hago llegar mi voz de aliento, y la convicción de que, a pesar de estas indignantes condiciones, es posible seguir construyendo caminos de resistencia, mediante el estudio, la acción colectiva y la denuncia de la injusticia, siempre en la perspectiva de mantener viva la llama de la utopía, y la posibilidad de edificar una Colombia nueva en la que se dignifique la vida humana.
