El día de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado se proclamó el 6 de marzo, desde aquel memorable 2008 en donde el país saludó de frente a las víctimas y caminó junto a ellas. En aquel momento el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) emprendió la tarea de encontrarse cada año y trazar el trabajo político de la organización.
En 2013 serán 500 los delegados de los capítulos regionales del Movice que se darán cita en Bogotá a lo largo de tres días para entregarle al país la posición de las víctimas ante el proceso de paz que se lleva en La Habana. En esta ocasión las víctimas de crímenes de Estado presentarán un documento sobre la criminalidad estatal de los últimos 60 años, documento que dará cuenta de cómo el Estado colombiano ha violado los derechos humanos durante estas últimas décadas. Las víctimas de crímenes estatales darán a conocer sus propuestas para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, en un contexto en el que el Estado ha sido protagonista de la acción criminal contra grupos sociales de oposición y en el marco de los actuales diálogos de paz.
No hay paz posible con crímenes de Estado. Es la consigna para el encuentro del que los actos culturales por la memoria, la justicia y la reparación serán los protagonistas. Nunca más, una política de reconocimiento de los crímenes de Estado y una propuesta para ser escuchados en el proceso de paz son los objetivos a debatir en el encuentro. El documento fruto de esas discusiones será entregado a los plenipotenciarios de la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional.
La comisión de la verdad, otra de las propuestas hechas por las víctimas para encontrar la verdad de los crímenes que en las últimas décadas han sido autoría del Estado, y las garantías de no repetición. Sumado a esto el Movice pedirá una revisión profunda a la Ley de Víctimas proclamada hace más de un año por el presidente Juan Manuel Santos. “En materia de restitución es necesario eliminar las restricciones jurídicas o administrativas que les impiden a los despojados su derecho a disponer de su tierra y de sus territorios a voluntad, como los contratos de uso, o el derecho de superficie, y garantizar la recuperación del uso del suelo cuando existan cultivos agroindustriales” dicen los voceros del Movice.
