Durante el acto de instalación del 3er Encuentro de Zonas de Reserva Campesina instalado en San Vicente del Caguán, la discusión sobre las formas de propiedad de la tierra no se hicieron esperar. Gobierno y comunidades entre la estigmatización y el reconocimiento.
Comisión de Comunicaciones de la Marcha Patriótica
El debate inició temprano. En la instalación del evento, Miriam Villegas, gerente del Incoder, y Andrés Bernal, delegado del Ministerio de Agricultura, sentaron la posición del Gobierno Nacional frente a la figura jurídica de las zonas de reserva campesina. Ambos funcionarios fueron claros en reconocer la existencia legal de algunas de estas zonas en nuestro país y la importancia de que el Gobierno Nacional, a través de políticas públicas focalizadas, permita su desarrollo; sin embrago, también fueron enfáticos al señalar que estos deben ser casos limitados y excepcionales. “No sólo a través de las zonas de reserva campesina se puede acceder a la oferta institucional de tierras”, señaló Bernal, mientras Villegas complementaba: “no todo el país pueden volverse zonas de reserva campesina”.
La respuesta no sorprendió a ninguno de los asistentes. Durante la última semana los medios de comunicación trabajaron arduamente para poner en la picota pública a las zonas de reserva. Según ministros, empresarios y ganaderos, estas zonas son una propuesta de las FARC para consolidar “republiquetas independientes” de Gobierno Nacional. Líderes campesinos se vieron, de repente, y luego de 19 años de ser reconocida legalmente esta figura, en medio de entrevistas y debates para defender su propuesta, enseñarle al país cómo se ha construido y de qué se trata.
Para César Jerez, dinamizador nacional de las zonas de reserva campesina, lo que buscan los enemigos de la paz es llenar al país de miedo y desconfianza en contra de las zonas de reserva. En realidad las organizaciones campesinas no buscan constituirse como estados independientes, sino exigir que se les reconozca como sujetos políticos y jurídicos con capacidad de actuar y decidir sobre el territorio que han ocupado históricamente. La autonomía que tanto temen el Gobierno y sus ministros es una autonomía que existe de hecho, pues el estado colombiano ha sido incapaz de llegar a estos territorios y garantizar condiciones laborales, de educación, salud, vivienda digna y alimentación.
Esta propuesta no debería ser vista más que como una iniciativa de paz desde las comunidades campesinas para todo el país. Con ella se busca garantizar la soberanía alimentaria para el pueblo colombiano, y el uso y pertenencia de la tierra en manos de colombianos que la trabajen. Esta es, para Juan Carlos Quintero, líder de Ascamcat, una propuesta de soberanía nacional, que limita la concentración de la tierra y su venta a multinacionales, “verdaderas repúblicas independientes”.
“Nuestra propuesta no es sólo viable y legítima, sino legal”, agregó Quintero. Para el líder campesino, el revuelo que se ha generado en los últimos días responde a las declaraciones de las FARC en las que buscan apoyar el reconocimiento de 59 nuevas zonas de reserva campesina. Sin embargo, señala el líder del Catatumbo, esta no es una propuesta de las FARC. Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de Colombia han construido esta propuesta por años, y la canalizaron en el “Foro de desarrollo agrario integral con enfoque territorial” organizado por la ONU y la Universidad Nacional el pasado mes de diciembre (2012), a petición de la mesa de diálogo de La Habana. “Las FARC sí recogieron la propuesta hecha por los campesinos y el gobierno no. Eso es lo que quieren ocultar”.
Una vez instalado el evento, los representantes del Gobierno Nacional abandonaron el coliseo de las ferias de San Vicente del Caguán, sin participar en las mesas de discusión que se realizarían en horas de la tarde. Tampoco es este un motivo de desvelo: las comunidades campesinas de Colombia han trabajado y seguirán trabajando en la consolidación social, política y económica de sus territorios. No piden que se generen nuevas leyes que se los permitan, sólo piden que el Estado cumpla con lo ya establecido. “Las zonas de reserva campesina no son la reforma agraria integral que quisiéramos, pero son un primer paso para construir confianzas para la paz” (César Jerez).
