Varias organizaciones sociales de esta subregión mostraron indignación por los señalamientos de Petro, porque las estigmatiza y revictimiza. También, se pronunciaron sobre los planes de inversión del Gobierno nacional para su territorio
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
En el marco de las medidas económicas tomadas para la subregión del Catatumbo, en el contexto de la crisis de derechos humanos desatada por el accionar del ELN y el abandono estatal que por décadas ha sufrido este territorio, el Gobierno nacional implementará medidas de carácter social, a las que se suma un componente militar, que buscan desarrollo económico con vías e inversión en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Así lo dieron a conocer el presidente de la República Gustavo Petro y varios de sus ministros en el consejo ministerial del pasado 3 de marzo.
Al referirse a los problemas que aquejan a esta subregión, el presidente expresó: “Sabemos que muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander están permeadas por las armas, subordinadas a las armas, aun así, hay que quitarle la población a las armas”. El primer mandatario se refería a varias de las organizaciones referidas en su intervención el director del Departamento Nacional de Planeación Alexander López, quien informó que su entidad había adelantado reuniones con organizaciones del Catatumbo como juntas de acción comunal, el Movimiento por la Constituyente Popular y la Asociación Campesina del Catatumbo, entre otras.
Ante las acusaciones de Petro, el Espacio Autónomo de la Sociedad Civil en Norte de Santander, que reúne a más de 10 organizaciones de madres, campesinas y de derechos humanos, entre otras, respondió que los señalamientos estigmatizan a quienes trabajan por los derechos humanos y la paz. “Este señalamiento irresponsable coloca en riesgo la vida de las comunidades, a su vez ocurre en un contexto de emergencia humanitaria, producto de los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales”. Por lo anterior, exigieron al Gobierno respeto, garantías y una rectificación pública.
Propuestas gubernamentales
Sobre los problemas del territorio, el primer mandatario aseguró que hay sembradas 55 mil hectáreas de hoja de coca: “Nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso de tiempo que dejan los decretos de conmoción interior”.
Por su parte, Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, agregó que según el último reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de Naciones Unidas de 2024, en Norte de Santander hay 43 mil hectáreas, pero con datos de la Policía se concluye que actualmente son 53 mil.
Petro aclaró que esa sustitución no se hará con fumigación, sino con pagos por erradicación voluntaria. La directora de Sustitución de Cultivos manifestó que se generará un pago por erradicación por valor del 90% de un salario mínimo, durante 12 meses.
“Lo que vamos a realizar es un contacto directo del Gobierno con el campesinado productor de hoja de coca, para proponerle unos recursos a cambio de las matas completas, que serán miles de toneladas”, anotó el presidente de la República.
Y, Gloria Miranda agregó que habrá proyectos productivos que irán entre los 15 y los 20 millones de pesos, y que se dará prioridad a los proyectos que estén en manos de madres cabeza de familia o mujeres. Asimismo, se dará prioridad a proyectos asociativos, para lo cual el Gobierno nacional está articulando con entidades del sector financiero, como el Banco Agrario, y de esta manera otorgar créditos con periodos de gracia de hasta cinco años, mientras el nuevo cultivo empieza a producir.
Las reacciones de las organizaciones
Por su parte, Guillermo Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, le dijo a VOZ: “En un tema de sustitución que se está planteando en marco de tiempos tan cortos, como son los de la conmoción interior, deben tenerse muy en cuenta elementos de la implementación del Acuerdo de Paz y por supuesto el plan de intervención del Pacto Territorial del Catatumbo. Esperemos que tengan el mejor resultado y que sean una alternativa real para las comunidades en materia de sustitución. Desafortunadamente, las comunidades han creído en el Acuerdo de Paz, particularmente en el punto cuatro, pero la implementación no ha sido la mejor”.
El líder ejemplificó con el piloto Caño Indio que no ha avanzado, aunque mantiene esperanza en que se puedan llevar a feliz término los programas.
Por otro lado, ante la intervención del componente militar que hará el Gobierno, el dirigente de la misma organización, Juan Carlos Quintero, manifestó que estarán pendientes de las posibles violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Y, que harán una veeduría ciudadana para verificar el manejo de los recursos, ante el temor de que sean robados por parte de los partidos políticos tradicionales que históricamente han saqueado a ese territorio.
Fuentes de financiación
El ministro de Hacienda Diego Guevara explicó los tres nuevos impuestos que financiarán la inversión y cómo se invertirán. En primer lugar, IVA del 19% para juegos de suerte y azar en línea, con el que se elimina la exención tributaria vigente desde 2016, equiparando estos juegos con los tradicionales. Con este, se espera recaudar un billón de pesos en 10 meses.
En segundo lugar, un impuesto a la primera venta o extracción de petróleo y carbón, que será un tributo directo sobre los recursos naturales. Y, en tercer lugar, un impuesto de timbre a transacciones superiores a 20 mil pesos.
Estos fondos se distribuirán en planes de sustitución de cultivos ilícitos, 330 mil millones; sector defensa, $881 mil millones; educación superior, $286 mil millones de pesos; infraestructura vial, 200 mil millones de pesos; salud preventiva, y agricultura.
