Hernán Camacho
Son ya cinco los meses de conversaciones para dar fin al conflicto social y armado que aqueja a Colombia por un poco más de cinco décadas. Las delegaciones de paz de la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno del presidente Santos cerraron el pasado 24 de marzo un ciclo más de conversaciones tratando el primer tema acordado en la Agenda para la terminación del conflicto: el desarrollo agrario integral. Un antagonismo que esperanza el país.
De a poco se gana en confianza. Los colombianos levantan su mirada y sueñan un futuro esperanzador que perciben gracias al buen ambiente de búsqueda de la paz en la mesa de conversaciones. Luego de seis rondas de intercambio de opiniones, los delegados de ambas partes sentados en La Habana (Cuba) trabajan sin salirse del libreto.
Jornadas enteras de trabajo en la mesa de conversación con los plenipotenciarios y otro tanto de tiempo se va en consultas con sus equipos de trabajo, esas fueron las reglas que se cumplen diariamente a cabalidad. Esto lo hacen con mucho sigilo, casi un ceremonial son los encuentros de los que solamente la delegación de las FARC-EP, hacen comunicados al pueblo colombiano a través de los medios apostados en el Centro de Convenciones habanero. En tanto que del Gobierno solamente se conocen sus apreciaciones a través de las declaraciones conjuntas al término de cada ronda o anuncios escuetos de televisión.
El hermetismo por el proceso es beneficioso, comentaron algunos conocedores de negociaciones de altos quilates. No obstante, la incertidumbre de saber cómo se avanza en detener el conflicto es otra lectura que colma de afán las vidas de campesinos, indígenas, afros y gentes del común agolpados en los campos de Colombia, escenarios naturales del conflicto. Allí despiertan y anochecen con el crujido de la bomba, el zumbido de las balas y el resonar de los helicópteros. Ellos viven bajo el fuego y piden pararlo ya.
Como sucedió en diciembre del pasado año cuando las FARC decretaron una tregua unilateral, que les sirvió de respiro a las agobiadas comunidades en aquellos alejados parajes de nuestras cordilleras. Ya se cocinan acuerdos, dicen fuentes allegadas al proceso, pero no es suficiente. Un cese al fuego y acuerdos humanitarios que regulen las acciones militares y que afecten lo mínimo a los pobladores en los teatros de guerra, aún están sin pactar. Es el clamor que se escucha todos los días. Romper el cerco del proceso de paz para ser escuchadas estas voces se convirtió en la tarea fundamental de quienes desde hace décadas luchan por la paz con justicia social en el tercer país más desigual del mundo.
Cuartillas de acuerdo se dice están listas. En este nuevo empeño de pacificación y fructificación de nueva democracia las partes han confirmado que se han llegado a coincidencias en los diagnósticos reales de la situación económica y social del campo colombiano. Eso es un avance de por sí. Nunca antes se había llegado a tan importantes acercamientos, pero así mismo las posiciones ideológicas de puntos que aún quedan por concertar del tema agrario son profundamente distantes, casi igual a pasados intentos de paz.
El acaparamiento del territorio, la improductividad de grandes extensiones de tierra, las pretensiones del gran capital de instalarse en Colombia con los agro negocios de gran escala, más la utilización del suelo para riqueza extractiva y la explotación irracional de recursos naturales serán la piedra angular de las siguientes rondas entre FARC y gobierno. Asoman temas neurálgicos que tienen nerviosos a multinacionales con intereses en el territorio y en la reprivatización de economía nacional.
Y es que es un hecho, Colombia en una década se convirtió en el paraíso predilecto para las multinacionales. Incluso, se conoció por estos días que el país tuvo un crecimiento económico del 4% en 2012. Cifras magníficas en medio de una crisis económica mundial. Y todo jalonado desde la explotación minero-energética y petrolera, mientras la producción local se estanca y la medición de creación de empleo sigue en saldo rojo y con posibilidades de empeorar a futuro.
El presidente Santos no tiene otro camino: desprenderse de los intereses de multinacionales y terratenientes, y anteponerlos a los anhelos de los colombianos a vivir en un país en paz y con justicia social, o se van al traste las conversaciones. Lo dicen analistas políticos del país: Santos es rehén de su reelección y de la derecha radical que en voz de su antecesor Álvaro Uribe Vélez, el enemigo más peligroso de la misma, sigue instigando el boicot del proceso para imponer los intereses de lo que llama: “la confianza inversionista”, que no es otra que la libre explotación del territorio colombiano a manos del gran capital.
Así están las cartas para el futuro inmediato del proceso en La Habana. El pueblo colombiano saldrá a las calles el 9 de abril, a notificarles a las partes que respaldan el proceso y exigir que no se levanten de la mesa de negociaciones sin tener en sus manos un acuerdo firmado. Pero eso sí, recordándoles que aquí no se trata de negociar el interés del gobierno Santos o de las FARC, es la paz con justicia social que está en juego.
