La política de ‘crecimiento verde’ es una falacia. Por el contrario, lo que se plantea es el arrasamiento ambiental, con el otorgamiento de licencias exprés para la minería en los páramos y en la Amazonia y la destrucción de fuentes de agua dulce

Alberto Acevedo

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), recién aprobado en el Congreso de la República, con toda certeza profundizará el proceso de destrucción ambiental, el desastre generalizado de los ecosistemas más importantes del país, considerado una potencia en el mundo por sus recursos hídricos, y todo bajo la envoltura del ‘crecimiento verde’.

Lo que se le ha presentado al país como propuesta de crecimiento verde no es más que una falacia, una mentira, un engaño a la opinión pública. En estos términos, contundentes, se refirió el ex ministro Manuel Rodríguez Becerra al calificar las estrategias del PND en materia ambiental. La afirmación la hizo en el marco del IV Encuentro del Agua que por iniciativa de Isagén, el Ministerio del Medio Ambiente y la organización ambientalista internacional WWE se realizó en Bogotá el pasado 13 de mayo.

Este criterio fue compartido por otras personalidades expertas en el tema y por varios parlamentarios especialmente invitados al certamen, que pusieron en la picota pública la estrategia ambientalista del PND.

Una de las críticas más duras a la estrategia gubernamental consiste en que no se protegen los páramos de la amenaza de explotaciones mineras, que con seguridad contaminarán ricos yacimientos de agua dulce, destruirán extensas zonas de cultivo agrícola y dañarán los ecosistemas construidos por años a su alrededor.

El 70% de la población colombiana recibe agua de los páramos, no solo para el consumo humano, sino para cultivos agrícolas, la industria y la ganadería. Y no obstante su importancia estratégica, una buena porción de estos reservorios está amenazada por la posibilidad de que las autoridades ambientales expidan las denominadas licencias exprés en favor de empresas nacionales y extranjeras interesadas en explotar yacimientos de petróleo en esas regiones tradicionalmente protegidas.

Para justificar tal exabrupto, el PND dice que hacia futuro no se permitirán exploraciones petroleras en zonas de páramos, pero se respetarán los ‘derechos adquiridos’ por empresas que antes de 2010 habían obtenido licencias ambientales en sitios próximos a zonas de páramos.

Contra la Amazonia

Esta afirmación, contenida en la hoja de ruta de la política de desarrollo del Gobierno, causó indignación entre ambientalistas, pues no solo constituye una burla al espíritu de la protección medioambiental, sino que contradice un concepto reiterado de la Corte Constitucional, que señala que en materia de protección de páramos no existen ‘derechos adquiridos’. Pero el Gobierno, con este pretexto, entrega 360 mil hectáreas de páramos, incluyendo la zona de Chingaza, a la explotación de hidrocarburos, en manos de empresas fundamentalmente extranjeras.

En una nueva división administrativa, establecida por el PND para favorecer esta política de destrucción ambiental y de favorecimiento de empresas foráneas, la estrategia desarrollista sustrae a los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía de la región amazónica y los sitúa en la Orinoquia, para dedicarlos a la minería.

De acuerdo a esa estrategia, las transnacionales que se benefician de la minería ya no podrán ser acusadas de deforestar la Amazonia, sino de talar los bosques de la Orinoquia. Son aproximadamente 17 millones de hectáreas de bosques vírgenes y de ecosistemas irreemplazables en los tres departamentos que se entregan a los apetitos de la industria extractiva.

Un potencial que se pierde

Y todo esto, porque ante los bajos precios del petróleo, el Gobierno tiene un presupuesto deficitario en 14 billones de pesos. En esas condiciones, el gobierno busca desesperadamente recursos para tapar ese hueco fiscal, así tenga que entregar los páramos, destruir la Amazonia, invadir Santurbán, vender Isagén, entregar su alma al diablo.

Lo más triste es, aseguran expertos ambientalistas, que estas explotaciones serán una excepción en el régimen establecido por el estatuto minero y no se les impondrá ninguna exigencia ambiental por parte de las autoridades del ramo. De esta manera, el PND se configura esencialmente como un plan minero, sin ningún componente ambiental, arrasador del ecosistema.

Colombia tiene la mitad de los páramos del mundo y estos ocupan apenas el dos por ciento del territorio nacional, en un área de 400 municipios. ¿Cómo es posible, se pregunta por ejemplo la senadora Claudia López, del Partido Verde, que no se privilegien otras opciones de desarrollo para proteger estas regiones que proveen de agua al 60% de la población colombiana? Y lo irónico es que también el 60% de la licencias de explotación minera están en estos municipios.

Somos el séptimo país en el mundo por su riqueza hídrica, dice la parlamentaria verde, y deberíamos desarrollar ese potencial antes que la minería. En materia de explotación de oro, carbón, petróleo, la posición de Colombia no es significativa en el mundo, pero en una estrategia perversa, el Gobierno privilegia la minería, desdeña los inmensos recursos hídricos. En una actitud suicida en materia de desarrollo, la minería prevalece sobre la conservación del agua.

Economía verde

Para el resto del mundo, el crecimiento verde es economía verde, es alinear la macroeconomía con la protección ambiental. Aquí, el crecimiento verde es todo lo contrario. Pues no sólo cuenta que se entreguen franjas de tierra de zonas de páramo protegidas. Están también los subpáramos, donde está hoy la gran minería, los bosques y otros ecosistemas, hoy amenazados.

Un aspecto sobre el que hay necesidad de volver es el de la deforestación. El PND asegura que para el año 2030 habrá deforestación cero. Una afirmación que raya en el cinismo si se tiene en cuenta que la misma estrategia desarrollista entrega tres departamentos de la Amazonia a la deforestación.

Por otra parte, el PND no considera una estrategia de navegabilidad del río Magdalena, que requiere de por sí también un riguroso y detallado estudio de protección ambiental.

Estos son, apenas, unos filones de la política medioambiental contenidos en el plan de desarrollo del gobierno central. Si se quisiera caracterizar con un solo término, se podría afirmar que ahora la destrucción ambiental en Colombia se llama ‘crecimiento verde’.