Paramilitares aún en Antioquia

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Habitante en desplazamiento del barrio La Loma de San Cristóbal (Medellín). Foto análisis urbano.

El Valle de Aburrá tiene presencia de grupos paramilitares, quienes ejercen control social, político, económico y territorial e imponen “pactos de fusil” que les permiten beneficiarse de un mayor índice de ganancias sociales y de dinero

Habitante en desplazamiento del barrio La Loma de San Cristóbal (Medellín). Foto análisis urbano.
Habitante en desplazamiento del barrio La Loma de San Cristóbal (Medellín). Foto análisis urbano.

Kikyō

Entre el 15 de noviembre de 2013 y el 15 de junio de 2014 se presentaron 145 agresiones en el territorio antioqueño contra defensores de derechos humanos. Así lo informó la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos el pasado 30 de julio.

Según la Coordinación, se registraron 51 casos de agresiones colectivas, 25 casos de hostigamiento colectivo, 20 de hostigamiento individual, así mismo continúan presentándose amenazas colectivas, detenciones arbitrarias y retenciones, entre otras agresiones. De los 145 casos registrados, 73 fueron contra líderes, 29 contra lideresas y 43 contra organizaciones sociales de los territorios.

Las principales víctimas de dichas agresiones son campesinos, la Comunidad de Paz de San de José de Apartadó, los estudiantes, los comunitarios y los medios de comunicación. El sector campesino es el que sufre más los ataques por parte de agentes del Estado y paramilitares.

Responsables

El 51% de las agresiones contra defensores de derechos humanos se atribuye, según el informe, a agentes de la Fuerza Pública, Policía Nacional y Ejército Nacional, mientras que el 26% está sin identificar y el 20% se atribuye a paramilitares. Se registraron dos casos de violación de derechos humanos en los que fueron identificados como posibles responsables las alcaldías municipales de Medellín y Bello.

Regiones

El Valle de Aburrá con 52 casos de agresiones, Urabá 44 casos y Norte 14 casos, son los territorios que presentan la mayor parte de agresiones registradas, manteniéndose la tendencia con respecto a los informes de años anteriores. En el Bajo Cauca se registraron 14 casos, el Nordeste 12 y Magdalena Medio seis casos. Los aumentaron respecto al primer semestre de 2013.

Alcaldía de Medellín y presencia paramilitar

En el mes de mayo de este año, el gobierno local no permitió el desarrollo de la movilización social programada por organizaciones campesinas en el marco del paro agrario popular, argumentando que no existían condiciones para desarrollar tal actividad, lo cual viola el derecho a la movilización y protesta social. En cuanto a la Alcaldía de Bello, se ha reportado el caso de agresión contra miembros de los Comités Barriales de Bello por parte de funcionarios de Espacio Público, quienes en el marco de protestas sociales han agredido físicamente a miembros de este movimiento social, sin que a la fecha se conozcan investigaciones ni sanciones a los responsables.

De otra parte los “pactos de fusil” impuestos por los grupos paramilitares les han permitido beneficiarse económicamente con una especie de chantaje a la población, lo que ha logrado bajar los índices de homicidio, es decir que no son fruto de políticas estatales sino de acuerdos de grupos ilegales.

Entre mayo y junio de 2013, en la vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal de Medellín ocurrieron tres desplazamientos colectivos ocasionados por amenazas y homicidios selectivos de jóvenes por parte de grupos armados ilegales. El primero ocurrió el 5 de mayo cuando los paramilitares censaron a 79 familias compuestas por 292 personas de El Cañón; de estas, 63 familias (235 personas) salieron desplazadas mientras las demás permanecieron en la zona. En este caso la mayoría de ellas retornaron y solo una se reubicó en un sector distinto.

El 13 de mayo ocurrió el siguiente desplazamiento en el sector San Gabriel, de donde se desplazaron 22 familias compuestas por 78 personas, de las cuales 21 eran niños (dos de ellos con discapacidad cognitiva), 19 jóvenes, 34 adultos y 4 adultos mayores. Solo dos familias han retornado.

El tercer desplazamiento ocurrió en noviembre de 2013 en el sector de la Loma Hermosa tras el asesinato de John Henry Paniagua Ochoa, de 21 años de edad, ocurrido en un bus y tras las amenazas hacia un grupo de ocho jóvenes por parte de un grupo armado ilegal.

Las familias se sienten aún desprotegidas y solicitan la intervención del Estado para solucionar su situación.