Ni medidas cautelares salvan a La Guajira

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Joven madre, carente de la atención en salud. Ranchería Jipumana. Foto R.V.

“Hay gente que toma nada más una chicha de maíz en la mañana y así hasta la noche, las familias pasan hasta cuatro días solo tomando chica porque no hay alimentos que comer”: Nivia Usayu

Joven madre, carente de la atención en salud. Ranchería Jipumana. Foto R.V.
Joven madre, carente de la atención en salud. Ranchería Jipumana. Foto R.V.

Carolina Tejada

Mientras organismos de derechos humanos y las comunidades indígenas wayúu en La Guajira siguen denunciando la muerte de niños a causa de desnutrición y ausencia de un servicio de salud, el gobierno nacional parece estar distraído ante tal crisis humanitaria.

Que se cumplan las medidas cautelares

En febrero del año 2015, Javier Rojas Uriana y Carolina Sáchica Moreno, solicitaron ante la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, que este organismo requiriera al Estado colombiano para que proteja la vida e integridad personal de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu. Los solicitantes argumentaban que esta comunidad estaba en alto riesgo de morir por falta de agua potable y el estado de desnutrición gracias a la falta del mínimo vital, particularmente a los niños y niñas. Esta solicitud se hace cuando estas comunidades de más de cien mil habitantes, reportaban hasta el 2015, la muerte de 4.770 niños y niñas a causa de esta situación.

Dentro de las tres solicitudes puntales, se expresa: Ordenar al Estado colombiano la apertura de las compuertas que restringen el paso del agua al río Ranchería por su caudal natural (…), que se realizara un estudio sobre la viabilidad de los proyectos de minería de carbón a cielo abierto y a gran escala. La adopción de políticas públicas que garanticen que la población Wayúu, particularmente los niños, cuenten con un programa que les provea de alimentos, entre otros.

Algunos elementos que justificaron las medidas

En la solicitud explican que “en el subsuelo del departamento existían yacimientos importantes de hidrocarburos y minerales como el carbón, los cuales se estarían explotando desde hace varios años y estarían impactando la dinámica social y ambiental de la región”.

Según la Defensoría del pueblo en un informe sobre la crisis humanitaria en La Guajira presentado en el 2014, existen “muertes evitables –aquellas que se producen por la falta de preservación o tratamiento del sistema de salud- de niños y niñas, en su mayoría indígenas, por desnutrición severa grado III tipo Marasmo y Kwasiorkor”. En ese mismo informe se evidencia que el 27,9% de niños y niñas menores de cinco años presentan desnutrición crónica y 11,2% desnutrición global. También menciona que este departamento ocupa el primer lugar en mortalidad materna, que entre otros elementos pasa por la ausencia de una atención oportuna en salud, de transporte público para acceder al mismo sistema, pues tampoco existe un mecanismo para que las madres puedan ser atendidas y realizados sus respectivos controles, además de la pobreza que hace que las miles de familias pasen por múltiples necesidades ante la ausencia de protección del Estado.

Las medidas cautelares fueron otorgadas a la comunidad el pasado 11 de diciembre y se obliga al Estado colombiano a asumir toda la disposición para corresponder con la demanda de la población.

La infamia de un Estado y los corruptos

VOZ dialogó con Nivia Alejandrina Usayu, una de las lideresas de la ranchería Jipumana en el corregimiento de Uru, en La Guajira. Ella comenta que la crisis que vive la comunidad Wayúu se debe a que no existe una política clara desde el Estado que garantice el cese de muertes por hambre y sed.

Relata que ni en los colegios se les garantiza la alimentación a los niños. Este es el caso del colegio en Jipumana donde había 35 niños hasta el año pasado. “Uno ve la lista de los alimentos que deben dar, y están los fríjoles, las lentejas, la carne, pero a los niños no les dan esos alimentos. También dicen que llegan 24 kilos de arroz, pero a veces no llegan sino seis u ocho. No sabemos qué pasa con ellos y cuando reclamo me dicen: La señora sí se queja, confórmese con lo que se les da”.

Crisis alimentaria

De la crisis alimentaria poco o nada se habla desde el gobierno nacional. Mientras tanto, los mercados para los colegios se pierden, y la ausencia del agua impide que las familias puedan cultivar sus propios alimentos. “Yo pienso que la anemia es por la mala alimentación, hay gente que toma nada más una chicha de maíz en la mañana y así hasta la noche, las familias pasan hasta cuatro días solo tomando chica porque no hay alimentos que comer”, asegura Nivia.

También recuerda que “en los tiempos de mi madre no había tanta muerte como ahora. Los padres tenían la siembra, los chivos y de allí se sacaba la leche y se hacía la mazamorra para los niños con la ahuyama, hasta el queso se sacaba. Pero hoy no hay siembra, ni chivos, se han muerto por la sed, no hay agua en los pozos ni hay lluvia”.

La explotación del carbón a cielo abierto ha hecho que los pozos de agua se sequen, y los carro tanques que deben suministrar el mínimo vital a las rancherías, por trochas y a varias horas desde el municipio de Uribia, no alcanzan a cubrir a toda la población, además, la misma comunidad denuncia que no hay un control que viabilice este suministro para las rancherías y han tenido que pasar hasta tres meses sin el líquido y muchos de los conductores no hacen las rutas, aludiendo a la distancia en la que están las comunidades.

Ausencia de un sistema de salud

Esta mujer que es reconocida líder de su ranchería, relata que han muerto muchas madres y niños porque no hay un sistema de salud que los atienda oportunamente, un transporte público para llegar a los centros hospitalarios, ni el recurso económico para acceder a ello. Y describe una situación: “Elauriana es una mujer que cuando estaba en embarazo de su primer hijo, le llegaron los dolores del parto, eso fue un domingo, pero no tenía un médico para que la atendiera, solo las parteras pero no podían ayudarle con el nacimiento de su hija. El día martes me llamaron para que les ayudara, yo estaba en Uribia, pero ni el concejal que era el dueño de la IPS me ayudó en ese momento. Ella duró cuatro días con la cabecita de la bebe por fuera. Solo hasta el día jueves el concejal me llamó, me dijo: ahí está el carro para la mujer, yo le dije: si es que está viva. Yo me fui en el carro y logramos que ella se transportara en una moto hasta un punto, y allí la recogimos para llevarla al hospital. Pensamos que la niña había muerto, pero sobrevivió”.

Otro de los casos que conoce Nivia, y que “nadie se enteró, porque a nadie le importa”, es el de una joven de 17 años, que perdió sus dos primeros bebés por falta de atención médica, el tercer bebé que nació en el mes de enero, logró vivir, pero ni su madre, ni él tuvieron atención médica. En la IPS le decían que no la podían atender porque no tenía cédula y no sabían a quien le iban dar la cita o cobrar los medicamentos”.

Colombia tenía 15 días para informar a la CIDH, de la adopción de las medidas cautelares, así como de tomar las medidas pertinentes para prevenir este tipo de catástrofes, hasta ahora las comunidades no reportan dichas medidas por parte del gobierno.