Medellín: Víctimas rechazan decisión sobre La Escombrera

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Foto: Corporación Jurídica Libertad

Comunicado a la opinión pública ante los anuncios de la Alcaldía de Medellín de realizar pruebas con alta tecnología en La Escombrera de la Comuna Trece

Foto: Corporación Jurídica Libertad

Las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y de trabajo forense abajo firmantes, que hacemos presencia en la Comuna Trece, expresamos nuestro total rechazo e inconformidad ante el anuncio por parte de la Alcaldía de Medellín del inicio de lo que se ha denominado “exploración con alta tecnología en el polígono dos de La Escombrera y el Cementerio Universal”.

El día 30 de noviembre en horas de la tarde, las organizaciones de víctimas y derechos humanos fuimos convocadas por la Alcaldía de Medellín a una reunión en la cual se nos informó que, como parte del plan de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, se ha decidido que la empresa española Falcon High Tech realice actividades de prospección utilizando alta tecnología en dos puntos de la ciudad: el Cementerio Universal y el polígono dos de La Escombrera. Específicamente dicha empresa acordó realizar el 1 de diciembre una “prueba técnica metodológica Escombrera y Jardín Cementerio Universal” para la cual van a utilizar radares y perfilómetros con ondas de diferentes frecuencias.

En la reunión, los empresarios explicaron que Falcon High Tech es una “empresa internacional de geofísica especializada en la ejecución de trabajos para grandes empresas y organismos oficiales en el campo de la detección electrónica de alta tecnología”. Reconocen que nunca ha trabajado en escenarios complejos como las escombreras, pero aseguran tener la tecnología para ubicar exitosamente restos óseos.

Ante dicha información expresamos lo siguiente:

1. La decisión de convenir la realización de la prueba técnica con la empresa Falcon High Tech en La Escombrera y el Cementerio Universal fue tomada unilateralmente por la Alcaldía de Medellín, sin contar con la participación de las organizaciones de víctimas y derechos humanos que hemos estado al frente del proceso de búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente.

En ningún caso fuimos consultadas y solo se nos citó unas horas antes para notificarnos una decisión ya tomada y concertada con la empresa en cuestión. Esto no solo desconoce los derechos de las víctimas y defensores de derechos humanos, sino que evidencia la falta de una verdadera política pública que tenga como centro el reconocimiento de sus derechos, en participar el derecho a la consulta de las decisiones que les afectan.

2. De la presentación de la empresa Falcon High Tech, se evidencia que su trabajo gira alrededor de la industria extractiva y que por lo tanto tienen limitada experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo cuando ello implica acciones que no solo requieren soluciones tecnológicas sino aspectos investigativos judiciales y forenses, y fundamentalmente un enfoque de derechos humanos. Para nosotros es claro que se trata de una empresa dedicada a la venta de servicios tecnológicos cuya intervención no asegura la articulación con un Plan de Búsqueda.

3. Lo más preocupante de esta situación es que la Alcaldía de Medellín pretenda contratar una intermediación privada para la búsqueda de los desaparecidos, desconociendo que el proceso debe realizarse mediante la formulación e implementación de un Plan Integral de Búsqueda, el cual a la fecha no existe y ha sido imposible concretar a lo largo del año 2016, y que tiene que ser dirigido por la Fiscalía General de la Nación en concertación con las organizaciones de víctimas, derechos humanos y trabajo forense.

4. No comprendemos cómo la Fiscalía General de la Nación ha aceptado el desarrollo de esta arbitrariedad. Desde diciembre de 2015 las organizaciones hemos insistido en que el proceso de búsqueda de los desaparecidos debe ser liderado por esta entidad, garantizando la participación de las víctimas, y no por la Alcaldía de Medellín. La municipalidad tiene obligaciones administrativas que debe cumplir, entre ellas proceder con el cierre inmediato de la escombrera y la arenera para proteger el lugar, lo que reiteradamente se ha negado a hacer, y de garantizar las condiciones adecuadas de funcionamiento de los cementerios públicos.

5. Justamente para tratar de continuar con el proceso, las organizaciones realizamos el pasado 5 de abril una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual el Gobierno nacional se comprometió a implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la continuidad del proceso. Sin embargo esto no se ha realizado y tampoco ha sido posible concretar una reunión de seguimiento con la vicefiscal, doctora María Paulina Riveros, pese a las reiteradas solicitudes.

6. Dentro de las solicitudes realizadas por las organizaciones ha estado la revisión de la información investigativa recabada por el ente investigador para evaluar la pertinencia y viabilidad de intervenir no sólo la escombrera, sino otras zonas del perímetro urbano y zonas aledañas de Medellín en donde se presume la localización de enterramientos clandestinos, solicitud que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Tampoco se ha obtenido información de los resultados de la pasada intervención del Cementerio Universal en donde también se plantea la realización de pruebas técnicas por parte de la empresa Falcon High Tech.

7. La realización de esta prueba sin que haga parte de un Plan de Búsqueda no solo es un acto improvisado y arbitrario, sino que significa un acto de atropello a las víctimas que son vulneradas en su dolor y revictimizadas con la generación de expectativas constantes por parte de la Alcaldía de Medellín. No podemos olvidar que la prospección en el Polígono Uno terminó el 16 de diciembre de 2015 y durante este año no fue posible concretar la continuidad de la búsqueda y tampoco se ha logrado definir la formulación del Plan Municipal de Búsqueda, como se propuso desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía.

8. Por lo anterior exigimos que se detengan de forma inmediata las acciones que pretenda realizar la empresa Falcon High Tech y que la Fiscalía General de la Nación asuma de forma inmediata la implementación del proceso, sin la intermediación de empresas privadas, y con la participación y coordinación de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y de trabajo forense independiente.

9. Se convoque a la Mesa de seguimiento entre la Fiscalía General de la Nación y las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, con la asesoría y acompañamiento de la Oficina Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para la formulación e implementación del Plan de Búsqueda y el desarrollo de los compromisos asumidos ante la CIDH.

Suscriben:

Mujeres Caminando por la Verdad
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Corporación Jurídica Libertad
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos
Obra Social Santa Laura Montoya
Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial –Equitas
Comité de Impulso de Acciones de Memoria Comuna Trece

Medellín, 2 de diciembre de 2016

Descargue el comunicado aquí

Agencia de Prensa IPC