El gobierno nacional exige celeridad en las negociaciones pero se niega a sacar los temas del refrigerador
Hernán Camacho
El cálculo presidencial de una negociación exprés con guerrilla derrotada y una paz a contrarreloj fue equivocado. La insurgencia llegó a la mesa en noviembre de 2011, y desde ese momento ha hecho del proceso de diálogo un asunto de primer orden entre sus filas. Su voluntad de paz ha sido expresada en las cien propuestas para cada uno de los puntos de la Agenda para la Terminación del Conflicto y los cinco ceses al fuego unilaterales decretados, el último de ellos sin límite de tiempo.
Para llegar al primer acuerdo pasaron meses en los que el escepticismo entre el pueblo colombiano reinaba, abonado por una importante dosis de animadversión estimulada por la extrema derecha entre la gran prensa. Los pesimistas proporcionaban poca vida al proceso, pero los malos presagios se aplazaban en la medida que se anunciaban numerosos de acuerdos. Finalmente el anuncio llegó, pero la buena noticia no fue completa.
Los enfriados
Tanto el primer acuerdo sobre tierras, como el segundo sobre participación política y el tercero sobre el problema de las drogas ilícitas llegaron con una adenda: las salvedades. Es decir: aquellos temas en los que no se llegó a un acuerdo, pero dada la dinámica y metodología de la negociación se “congelaron” para no entorpecer el diálogo.
Con los temas del “refrigerador”, como son llamadas las salvedades, aún no se puede calificar de irreversible el proceso de La Habana, si tenemos en cuenta que algunos puntos sin acuerdo están a la espera del trámite final. Los temas enfriados bajo cero grados por las partes no son de poca monta, todo lo contrario: son asuntos neurálgicos que tienen que ver con la columna vertebral de los acuerdos.
El significado
“Cuando hablamos de salvedades, en cualquiera de los puntos, no se trata de colocar sobre la Mesa problemas imposibles de resolver, en tanto hay asuntos mínimos insalvables para alcanzar la democratización y modernización del país dentro de parámetros que nadie podría decir que son los del socialismo, sino sencillamente los de un moderno Estado Social de Derecho, de lo cual aún Colombia está distante”, explicaba en septiembre pasado la delegación de las FARC.
En el refrigerador del primer punto se encuentra, entre otros, el asunto del latifundio. Una de las causas que originaron el conflicto, según coinciden varios de los académicos convocados a la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas. Tema de reciente invocación por los campesinos en el paro agrario de agosto de 2013; acabar el latifundio fue una petición concreta de las organizaciones campesinas agrupadas en la Cumbre Agraria.
La médula
Y es que el tema no es nuevo. El estudio “Colombia Rural: Razones para la Esperanza”, hecho por las Naciones Unidas en el año 2011, da cuenta del nefasto desarrollo agrario del país adjudicándoselo a la estructura y tenencia de la tierra. Desarrollar el campo democráticamente cambiaría una buena porción del país y eliminaría una de las causas del conflicto.
La insurgencia representada en La Habana sugiere que el gobierno Santos no acepta negociar el latifundio porque ya habría empeñado su palabra a los dueños del capital extranjero que prefieren invertir en un país sin conflicto armado. De ahí se desprenden las otras salvedades del primer acuerdo como: la regulación de la explotación del territorio para la generación de agro combustibles; la revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio, ajustes al Ordenamiento Territorial.
Pero el gobierno tampoco ofrece una financiación real y efectiva de la política de Desarrollo Rural y Agrario Integral, así como la creación de un fondo de tierras y la creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio y definiciones claras sobre el derecho real de superficie que impida acaparamiento de tierras. Temas sobre los cuales el gobierno dice ya está cerrada la negociación.
Participación política
“Lo que hemos guardado en el congelador, aspiramos a que se logre dirimir en la mesa de conversaciones o se le abra espacio en la asamblea nacional constituyente, y que sea el soberano el que defina aspectos como el de superar el latifundio o la doctrina de la seguridad nacional”, explicó Jesús Santrich, vocero de las FARC.
En cuanto al punto de participación política, se conoce que son catorce los temas en el refrigerador: Reestructuración democrática del Estado y la reforma política en función de la expansión democrática, revisión, reforma y democratización del sistema político electoral; revisión y reforma de mecanismos de participación ciudadana, proscripción del tratamiento militar a la movilización y protesta, desmantelamiento del ESMAD; elección popular del Procurador, el Contralor, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo; participación ciudadana en la definición de políticas de interés nacional, tales como las relaciones exteriores, la seguridad y defensa nacional o la administración de justicia; democratización del acceso al espacio radioeléctrico, la información y la comunicación que impidan la monopolización de los medios masivos de comunicación.
En esta última, por ejemplo, las FARC consideran elemento clave para la democratización de la información “expedir regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz; igualmente, normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública. Sobre este aspecto aún no hay acuerdo alguno”, dijo Andrés París, plenipotenciario de esa guerrilla.
El problema de las drogas
En lo que tiene que ver con el tercer punto de acuerdo parcial: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, las FARC presentaron una propuesta diferente al tratamiento policial dictado por los Estados Unidos y su denominada guerra contra las drogas. La posición inflexible del ejecutivo produjo cuatro salvedades: pendiente por discutir una nueva política criminal contra las drogas ilícitas, la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y la reparación integral de las víctimas, la transformación estructural del sistema de salud pública que permita encuadrar el desarrollo del programa de prevención y consumo, y la realización de una Conferencia Nacional sobre política de lucha contra las drogas.
Las FARC señalaron recientemente “no todo está listo” y adjuntaron una lista de temas espinosos que, si bien aún no son salvedades, se están discutiendo y en los cuales se esperan definiciones plenas: “comisión del esclarecimiento de la verdad y no repetición, el cese al fuego bilateral, la dejación de armas, el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo y la guerra sucia, la urgencia de que las Fuerzas Armadas se aparten de la criminal Doctrina de la Seguridad Nacional y de la concepción del enemigo interno”.
Mientras el gobierno Santos sugiere que las salvedades sean la carta de navegación política para las FARC en el postacuerdo, las FARC toman con más seriedad la necesidad de atar todos los cabos de la negociación y terminarla bien.
