Los negocios detrás del Plan Nacional de Desarrollo

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Firma de contratos de vías 4G con el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, José Elías Melo, presidente de Corficolombiana y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto Vicepresidencia.

Un Plan de Desarrollo construido a la medida de los empresarios cercanos al Ejecutivo. Billones de inversión pública con destinación privada. Audiencia pública

Firma de contratos de vías 4G con el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, José Elías Melo, presidente de Corficolombiana y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto Vicepresidencia.
Firma de contratos de vías 4G con el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, José Elías Melo, presidente de Corficolombiana y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto Vicepresidencia.

Hernán Camacho
@camachohernan

La paz es un gran negocio solo para los empresarios, fue la gran conclusión que arrojó la primera audiencia de estudio del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, convocada por el representante del Polo Democrático Alirio Uribe. Allí las organizaciones sociales y analistas económicos destacaron que cada artículo presentado a las comisiones conjuntas económicas del Congreso de la República tiene un interés particular y deberá ser aprobado en el mes de mayo.

El más evidente ejemplo de esa intención es lo relacionado con el capítulo Transformación del Campo. En uno de sus apartes deja la puerta abierta para que se sustraigan tierras declaradas baldías, con destinación para población de especial protección, para dejarlas al servicio de proyectos estratégicos. “No hay un baldío que no esté ocupado en Colombia”, dice Jénnifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas; entonces, lo que se quiere en el Plan es restringir la titulación de esas tierras ocupadas por campesinos, indígenas y negros, en la idea de destinarlas a los proyectos económicos de gran escala donde el campesino es socio, pero con derechos supeditados a los trabajadores con vocación agrícola, es decir: empresas de inversionistas.

Tal hecho desnaturaliza los objetivos de un desarrollo agrario integral; desarticula la Unidad Agrícola Familiar, que son porciones de tierra para familias campesinas a las cuales les permite subsistir y obtener un excedente productivo; y avala la concentración de tierras de quienes tienen la capacidad de hacerlo, es decir, grandes capitales que hoy están invirtiendo en el campo. En el caso Sarmiento Angulo es la altillanura.

Barrera Pines

Pero el Plan de Desarrollo no solo afecta los baldíos. También las tierras destinadas a la restitución a víctimas del conflicto. Para Planeación Nacional, los Pines son proyectos estratégicos de utilidad pública para el desarrollo regional. El Plan define que el gobierno nacional de manera autónoma determinará la ubicación y el destino de zonas especiales en territorio para macroproyectos.

En esas áreas declaradas Pines, se prohíbe al Incoder darle una destinación específica a esos territorios, así como también prohíbe a los jueces de tierras destinarlas a restituciones, y si esos territorios están hoy ocupados se arroga el derecho a desplazar las comunidades para cumplir con el proyecto estratégico. “Es decir: los proyectos estratégicos quedan con un rango superior sobre la ley. Las restituciones de tierra o las áreas protegidas pueden ser explotadas a discreción gubernamental”, explica Alberto Castilla, senador del Polo Democrático.

A esas vulneraciones se suman las que lesionan directamente los derechos de las víctimas. Los juzgados de tierras en sus sentencias han emplazado al gobierno nacional para que active programas de desarrollo complementario en las regiones donde se restituye el bien a las víctimas. Se obliga al ejecutivo a realizar obras de infraestructura y servicios sociales para hacer efectivo el retorno. Pero el Plan tiene otra visión. Lo que pretende justamente es que las víctimas reclamantes de tierra no se conviertan en un obstáculo para el Plan. “Ahora se quiere que los jueces de tierras no fallen en derecho sino sobre los criterios del Plan de Desarrollo y en los programas del gobierno que se desprenden de allí”, explica Jénnifer Mojica.

La minería

La megaminería se lleva una porción considerable del financiamiento del Plan. Mientras que el ordenamiento territorial rural para el cuatrienio se estima en una cuantía de 800 mil millones de pesos, el impulso de la minería tiene a su disposición 79,5 billones de pesos. Y no es para menos, toda una reforma mineroenérgica se está formalizando. El articulado del Plan tiene mecanismos ágiles de formalización de las licencias en trámite, modificación de áreas de reserva minera, una nueva clasificación de la minería, los requisitos para el cierre de explotaciones y la definición de cánones superficiarios, es decir la contraprestación al suelo explotado por el propietario de la concesión.

“En materia de petróleo y gas, se autorizará a la Agencia Nacional de Hi­dro­carburos para reajustar, de común acuerdo con las transnacionales, los contratos de explotación, exploración y evaluación técnica, incluyendo plazos y áreas de inversión”, explica Castilla, quien agrega que al reducir al mínimo los tiempos de decisión de las licencias ambientales le permitirá a las empresas interesadas ahorrar en lobby y menguar la capacidad de reacción de las comunidades que rechazan los proyectos mineros en sus territorios.

Artículos propios

El Plan dirime el conflicto ambiental entre las comunidades que protegen los páramos y las multinacionales que pretenden explotar sus áreas delimitadas. Planeación Nacional le encarga al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitar el área de páramos con base en criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos. Pero, por otro lado, el Plan permite que las licencias otorgadas con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de minería, o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la actividad de hidrocarburos puedan seguir ejecutándose hasta su terminación.

Empresas como Acerías Paz del Río, Minas Paz del Río, La empresa Sanoha Ltda. Minería, Medio Am­biente Forestal, Greystar Resources, Anglogold Ashanti Colombia S.A, Cerámica Italia, Continental Gold S.A., CVS Explorations Ltda, Empresa Minera Reina de Oro, entre otras, son las propietarias de la explotación minera en los páramos y únicas beneficiarias de ese artículo del Plan.

Inversión para privados

En infraestructura se espera que los proyectos estratégicos o de utilidad pública impacten en el sector privado. La construcción de puentes, aeropuertos y carreteras es una prioridad para el gobierno nacional y en eso está empeñado el vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Pero tales construcciones necesitan aligerar los obstáculos y reducir al máximo los requisitos parar la adjudicación, ejecución y entrega de obras.

Para ello “se le dan herramientas a las entidades del Estado para tener la primera opción de compra de todos los inmuebles de la zona donde se realizarán tales proyectos, norma que, sumada a la reciente aprobación de la ley de expropiación exprés, generará una suerte de despojo legalizado de miles de familias campesinas que pagarán el precio del progreso”, subraya el senador Castilla.

Hasta la pantalla pública estará disponible al apetito empresarial de las multinacionales de la comunicación. Se permitirá la inversión de capital extranjero hasta en un 40% en las concesiones de televisión, modificando la ley 182 de 1995, que permite tan solo el 15%. Y la renovación de las licencias de los espacios en televisión en adelante podrá ser gratuita y automática. Para muchos, multinacionales como Univisión o Fox tienen en la mira una frecuencia televisiva del orden nacional, el canal Uno; y tienen entre sus actuales adjudicatarios a los socios ideales para hacer presencia en el país.

Buena parte de las movilizaciones que pusieron freno a las reformas estructurales en las locomotoras del primer gobierno Santos están siendo reencauchadas y presentadas de manera técnica e impecablemente disfrazadas como transformaciones en el Plan de Desarrollo.