Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no garantiza retorno. Se requieren medidas efectivas

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No es solo devolver las tierras, sino garantizar la seguridad, la justicia y el trabajo. Foto Kikyō.

Según Human Rights Watch, en Colombia existen alrededor de 17 mil investigaciones de casos de desplazamiento forzado, pero en menos del 1% se ha dictado sentencia

No es solo devolver las tierras, sino garantizar la seguridad, la justicia y el trabajo. Foto Kikyō.
No es solo devolver las tierras, sino garantizar la seguridad, la justicia y el trabajo. Foto Kikyō.

Kikyō

“El riesgo de volver a casa” es el informe presentado por Human Rights Watch el pasado 17 de septiembre en el cual se dan a conocer los reales alcances de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según la organización muchos de los reclamantes de tierras han sido asesinados, han sufrido amenazas de muerte o han sido nuevamente desplazados.

El informe lo realizó Human Rights Watch con base en cientos de entrevistas, de las cuales 130 denunciaron dichos obstáculos y abusos. Por su parte, el Gobierno Nacional no ha tomado las medidas concretas para judicializar a los responsables de las amenazas y asesinatos de líderes reclamantes de tierras y se ha limitado a otorgar celulares y en algunos casos escoltas.

“Las amenazas y los ataques son totalmente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra reclamantes de tierras. Los delitos perpetrados contra desplazados en represalia por sus reclamos de restitución casi siempre quedan impunes: los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas sufridas por reclamantes de tierras y líderes. También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a quienes inicialmente desplazaron a los reclamantes y se apropiaron de sus tierras”, señala HRW.

En el informe es claro que no se ha podido contrarrestar el poder de los grupos herederos de las operaciones delictivas de la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de despojos generalizados y responsables de la mayor parte de las amenazas y los ataques contra líderes de restitución de tierras.

En Colombia hay alrededor de 17 mil investigaciones por desplazamiento forzado, pero en menos del 1% se ha dictado condena. HRW denuncia que, debido a la falta de justicia en estos casos, los ataques y amenazas toman fuerza. En los departamentos de Córdoba y Chocó, las más de 3.400 investigaciones en curso sobre desplazamiento forzado a cargo de tales fiscales están en la etapa preliminar.

Entre 2006 y 2011 fueron asesinados 71 líderes reclamantes de tierra en 14 departamentos. Actualmente la Fiscalía General de la Nación investiga 49 casos de asesinatos de “reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” ocurridos en seis departamentos desde 2000.

El organismo internacional de derechos humanos recibió del Gobierno colombiano datos de 500 reclamantes de tierras y líderes en más de 25 departamentos, quienes han denunciado ante las autoridades amenazas desde enero de 2012. Por su parte, las autoridades determinaron que más de 360 reclamantes y líderes que fueron amenazados se encuentran en “riesgo extraordinario”.

Otro problema que es visible en la Ley de Víctimas se encuentra aún en su etapa inicial y por ello es muy lento. A junio de 2013, la Unidad de Restitución apenas examinaba menos del 20% de las más de 43.500 solicitudes recibidas, y solo logró que se dictaran sentencias de restitución en cerca de 450 de esos casos, pero solo una familia retornó.