El Gobierno ya tiene aprobada la brújula que guiará la inversión en el periodo 2014-2018, llena de ambigüedades y contradicciones, en especial con las víctimas

Marcha de víctimas el 9 de abril.
Marcha de víctimas el 9 de abril.

Alfonso Castillo

Contrario a lo que plantea el presidente Juan Manuel Santos, el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó no traerá la paz. Está diseñado para atender las exigencias del club de “países ricos” de la OCDE, al que Colombia pretende ingresar, y para ello atiende juiciosamente las recomendaciones de desmontar lo poco que queda de estado de derecho, para convertirlo en estado regulador de relaciones económicas capitalistas.

Con esa advertencia, se puede afirmar que el Plan Nacional de Desarrollo no es el instrumento para que las víctimas pueden concretar sus derechos a la justicia, verdad, no repetición, ni mucho menos la reparación integral.

En el Plan las víctimas carecen de instrumentos efectivos que les permitan conocer la verdad de la vulneración de sus derechos, y en ello el documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo no avanza, pues no hay un compromiso real con el fortalecimiento de la rama judicial, para solo considerar, al menos, el derecho a la justicia.

No deja de ser preocupante para las víctimas la poca financiación para el desarrollo de la ley 1448, al punto que debemos hablar de la desfinanciación de la ley en el próximo cuatrienio, lo que significa que las víctimas deben prepararse para menos indemnizaciones y menos restitución de tierras, y desmejora en la calidad de la atención.

Financiación de la ley

Aunque en el documento de exposición de motivos se indique que “en su compromiso con las víctimas del conflicto armado colombiano, establece en este Plan Nacional de Desarrollo acciones enfocadas en avanzar hacia la consolidación de la paz, que contribuyen al goce efectivo de los derechos de las víctimas”; este no coincide con la realidad del posconflicto, pues se destina solamente para el financiamiento de mecanismos de transición $1.435.805 millones y para la superación del estado de cosas inconstitucional con la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas el monto debe ser $8.504.824 millones.

Monitoreo

Según el informe de la comisión de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la ley 1448/2011, presentado en julio del año 2014, se concluye en el apartado presupuestal: a) el gasto presupuestal orientado a las asistencia, atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado ha registrado una tendencia descendente en los tres años de aplicación de la ley; b) el crecimiento económico no refleja una mayor asignación presupuestal a víctimas; c) Se hace necesario reformular el plan financiero para ajustar cobertura y gasto en el horizonte propuesto por la ley; d) es necesario hacer un mayor esfuerzo fiscal para la asistencia, atención y reparación a las víctimas, además revisar el Conpes de financiación de la ley 1448/2011.

Lo que falta

Es necesario destacar que en las bases del Plan se avanza considerablemente en el tema de reparación integral a víctimas. No obstante es necesario advertir que las metas trazadas establecidas en las bases no son coherentes con los siguientes hechos: el número de víctimas en Colombia asciende a 7’028.776, y la meta de reparación integral por vía administrativa es de 920 mil para el cuatrienio, lo que equivale solamente al 13% del total de víctimas reportadas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

El impacto sobre el total de víctimas que se menciona podría ser considerablemente menor, ya que se estima que existe un subregistro de alrededor de 15%, es decir, que unas 800 mil personas no se encuentran en ninguna base de datos y constituyen víctimas del conflicto armado. El número de víctimas que recibirían atención psicosocial en el cuatrienio seria de 490 mil, es decir, solo el 6,9%.

Más grave aun es la meta establecida para la formación de víctimas en el marco de las rutas de autoempleo y empleo para la reparación integral, que es tan solo de 18.500, contradiciéndose con el objetivo del plan de lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas y una reparación transformadora. Teniendo en cuenta que la línea base para 2014 es de 10.500, solo se aumentaría la atención en ocho mil personas durante cuatro años. Y durante el cuatrienio solo se indemnizarían 9.174 personas.

Otros números

Teniendo en cuenta que el número de víctimas de desplazamiento forzado es de 6’044.151, la meta de 500 mil personas víctimas que han superado la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento es irrisoria.

La línea base del porcentaje de hogares que reciben soluciones de vivienda urbana y que son víctimas de desplazamiento forzado es del 50%, y la meta para el cuatrienio es el mismo 50%, lo cual es inconsistente con el objetivo de garantizar a las víctimas el goce efectivo de derechos. Una meta de 23 mil soluciones de vivienda rural, que en términos absolutos representaría un aumento para el cuatrienio de 17.534, es demasiado baja, teniendo en cuenta el gran número de desplazados reportados en el RUV.

Reparación colectiva

Las bases del Plan dicen que se avanzará en la implementación de la estrategia de reparación colectiva de las víctimas por medio del “desarrollo de acciones simbólicas”, lo que equivale a la construcción de monumentos y las denominadas “obras de infraestructura social”; en esta lógica, estas pueden constituir un componente de la reparación, sin embargo estas acciones no suponen reparación colectiva, máxime si se considera que la reparación debería suponer el restablecimiento de los sujetos políticos.

Prevención, atención a la población desplazada a nivel nacional, para el 2015 un total de $799.340 millones de pesos, de los cuales fueron aprobados $685.057 millones.

Implementación de las medidas de reparación colectiva a nivel nacional; se deben desarrollar medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en su dimensión material, política y simbólica. Y para cumplir con dichas acciones, la Unidad solicitó $117.500 millones de pesos para el 2015, pero se asignaron $30 mil millones de pesos. En el mismo sentido, para los procesos de retorno o reubicación de víctimas de desplazamiento forzado, en el marco de la reparación integral a nivel nacional se habían solicitado 69 mil millones de pesos, pero al distribuir los recursos solo fue posible asignarle seis mil millones de pesos.

Con lo dicho es necesario reiterar que el Plan Nacional de Desarrollo no es el instrumento para que las víctimas puedan concretar sus derechos a la justicia, verdad, no repetición, ni mucho menos la reparación integral. Una rápida mirada al presupuesto deja ver con claridad que el propósito del gobierno se centra en favorecer la infraestructura y su aparato de guerra. Los números no mienten. La designación presupuestal para las víctimas es insuficiente y pone en duda la voluntad de paz del Ejecutivo para con ellas.