Tres habitantes de la región (dos hombres y una mujer) que departían fueron asesinados por un sujeto que se encontraba en el lugar
Hernán Durango
La tranquilidad, el disfrute y la diversión que los habitantes hacían como cada año en las fiestas tradicionales de la vereda El 40, perteneciente al corregimiento El Crucito, municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, se vio interrumpida en horas de la medianoche del 24 de diciembre cuando tres habitantes de la región (dos hombres y una mujer) que departían fueron asesinados por un sujeto que se encontraba en el lugar.
Andrés Chica Durango, defensor de derechos humanos en el departamento de Córdoba expresó la preocupación por este caso en el que resultan tres personas muertas y tres heridos. Chica Durango señala: “Son hechos confusos que convierten en desgracia la Navidad de los habitantes de la vereda El 40, perteneciente al corregimiento de El Crucito, municipio de Tierralta (Córdoba). Es el saldo resultante de acciones en contra de la paz y la tranquilidad de la población civil campesina que departía en un fandango (fiesta popular) de la vereda en mención; los cadáveres han sido trasladados a Medicina Legal de la ciudad de Montería, al parecer sin identificar; los civiles heridos se encuentran fuera de peligro en la E.S.E. Hospital San José de Tierralta”.
El defensor de derechos humanos informó que el jueves 25 de diciembre varios campesinos de la región fueron a la morgue de Tierralta para ver e identificar los cadáveres y las autoridades no los dejaron ver. “Los cuerpos sin vida los trasladaron a Medicina Legal y no los dejan ver, impidiendo que algún familiar pueda reconocer si son parte de su familia”, indicó a la prensa.
Los sucesos son muy graves,señala Andrés Chica Durango, defensor de derechos humanos, más si se tiene en cuenta que la vereda El 40 y toda el área del Alto Sinú está enmarcada en el programa de consolidación territorial y enmarcada en seguridad nacional por ser reserva natural y en el territorio de la Hidroeléctrica de Urrá.
Indica además que causa extrañeza el reconocer que esta vereda es zona de control militar de la Séptima División de las Fuerzas Militares. Allí operan el Batallón Junín y la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo, Móvil Número 24, y un atentado de tal magnitud como el ocurrido en la Navidad se presentó en el patio posterior donde está acantonado el Ejército Nacional sin que sus hombres actúen y no existan ni siquiera indicios de los responsables de los hechos, ni pronunciamiento alguno.
La vereda El 40 queda muy cerca del corregimiento El Frasquillo, puerto sobre el río Sinú, donde el 10 de diciembre anterior se llevó a cabo un encuentro de promoción de derechos humanos y fueron escuchadas allí las denuncias de los dirigentes campesinos e indígenas sobre violaciones a los derechos fundamentales por parte de organismos de seguridad. Las comunidades campesinas del sur de Córdoba siguen siendo perseguidas, estigmatizadas, asesinadas y torturadas con esta cruda realidad que adolece la selva, llenas de población civil (campesina) que resiste en el parque nacional natural Nudo del Paramillo.
La conflictiva situación en materia de derechos humanos ha venido siendo denunciada en reiteradas oportunidades por la junta directiva de la Asociación Campesina Para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas). Señala la organización que el día 1 de noviembre de 2013, a eso de las nueve de la mañana, el Ejército Nacional (al parecer miembros de la Brigada Móvil 24) realizó ametrallamientos contra viviendas del corregimiento de Crucito (Tierralta, Córdoba), lo que generó gran temor en la comunidad que habita este caserío.
Debido a la gravedad de los acontecimientos en el año 2013 convocaron a una Acción Humanitaria “Por el derecho a la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra, y la permanencia en el territorio” durante los días 26 y 27 de abril de ese año, en El Crucito, cuya realización exitosa y masiva puso en evidencia la difícil situación en la que viven los campesinos de los corregimientos y veredas del municipio de Tierralta, ante las permanentes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que cometen los miembros del Ejército en la zona, caracterizadas principalmente por el bloqueo alimentario, económico y sanitario que se tiene sobre la zona, las detenciones arbitrarias a campesinos, y la estigmatización sobre los procesos organizativos de los campesinos de la zona.
Otra de las irregularidades denunciadas con fuerza se refiere a las fumigaciones aéreas que se vienen haciendo sobre cultivos de pancoger en la región, así como los hechos en los que se obliga por parte de los militares a los campesinos a erradicar manualmente cultivos de uso ilícito sin ofrecer garantía alguna para el sustento económico del campesinado.
