El Quindío en los acuerdos de La Habana

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Paisaje de Salento (Quindío). Foto Marcel Oosterwijk.

Las resistencias de terratenientes, narcotraficantes e instituciones se harán patentes en la medida que se acerque el momento de hacer realidad práctica el tema de la Reforma Rural Integral

Paisaje de Salento (Quindío). Foto Marcel Oosterwijk.
Paisaje de Salento (Quindío). Foto Marcel Oosterwijk.

César Alonso Arias Barbosa

Los acuerdos para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera, suscritos entre el Gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, desde mi punto de vista, pueden llegar a contribuir a estructurar una nueva sociedad en la que todos los colombianos tengamos espacio para la vida con dignidad. En efecto, el análisis detallado de los seis puntos desarrollados en algo más de 287 páginas así lo testimonian.

No obstante, dichos acuerdos, tal como están redactados y acordados, son una guía que deben tener aplicación en territorios reales y concretos. He ahí la mayor dificultad que afrontarán los textos de La Habana al momento de su implementación.

No es lo mismo, aunque suene a una verdad de Perogrullo, aplicar los acuerdos, referentes al tema de las tierras en el departamento del Cauca, por ejemplo, a hacerlo en el departamento del Quindío. Varias razones. Una, el concepto de latifundio. No es lo mismo éste en ese departamento que en el nuestro.

Allí las extensiones hacendatarias se pueden medir por miles de hectáreas mientras que en el departamento más pequeño del país, conforme a lo informado por el DANE en desarrollo del Tercer Censo Nacional Agropecuario y, por regla general, los predios rurales no sobrepasan las 1.200 hectáreas. (Aclaro que dicho censo hace alusión a la existencia en nuestro departamento de un territorio apto para la actividad agropecuaria de casi 120 mil hectáreas de las que ¡16 personas son propietarias de 57 mil!).

Por supuesto que los precios son otro factor para determinar ese flagelo aquí y allá. Los costos de la tierra en el Quindío son exageradamente elevados. La inversión hecha por el narcotráfico y otros sectores especuladores ha contribuido en grado sumo al incremento desbordado del costo de la tierra en estos parajes.

En tales condiciones, la implementación de los textos de La Habana en este territorio será compleja. Las resistencias de terratenientes, narcotraficantes e instituciones se harán patentes en la medida que se acerque el momento de hacer realidad práctica el tema de la Reforma Rural Integral.

De ahí que sea imperativa la participación ciudadana, campesina, indígena y de negritudes para que el derecho a la tierra para quien quiera trabajarla se haga realidad. A la vez, no basta que se le entregue un pedazo de tierra a un campesino. Es fundamental que a la par se le haga entrega de incentivos técnicos, de insumos, de recursos para sobrevivir mientras su propiedad empieza a producir.

Del mismo modo, el Estado debe garantizar infraestructura básica para llevar al mercado lo producido a la vez que la comercialización de ello ha de estar en cabeza de entidades que tengan la participación de Estado, campesinos y empresas privadas. ¡Manos a la obra!