Ana Elsa Rojas Rey
La discriminación social en Colombia ha sido el elemento más repugnante que se ha enraizado en la práctica política, acompañado de la violencia de género. Está presente en la cotidianidad cultural, impulsado por las clases dominantes, quienes la han instaurado como política de Estado, a través de los distintos actos de desconocimiento, corrupción o caso omiso de las recomendaciones de los organismos internacionales o las resoluciones donde mandata a los estados en conflicto, para que se incluya la participación de las mujeres en la discusión de la propuestas construidas.
En el desarrollo de las negociaciones de La Habana, se hace necesaria su presencia para que estas tengan las voces de las mujeres, desde sus deseos, sus experiencias, sus aprendizajes y lo más importante para que la tramitación de la resolución del conflicto corresponda a las necesidades de las mujeres y a la lógica de la paridad política como reconocimiento a la otra mitad de la población, que es la que con mayor rigor sufre los embates del conflicto.
Y son las que están ausentes de lo trascendental de la política, como el caso colombiano para la construcción de una nueva sociedad con los cuerpos actuantes de las mujeres en estas discusiones de construcción de paz.
Ley estatutaria
Por eso la ley estatuaria que debe desarrollarse en el marco jurídico para la paz en un proceso de justicia transicional, debe concluir en una Asamblea Nacional Constituyente, como refrendación de los acuerdos, por ser un acto deliberativo, donde las propuestas construidas desde las distintas organizaciones de mujeres para que se pongan sobre la mesa con el objeto que estén insertas en las discusión y no queden ausentes como en otros procesos que se han dado en los conflictos armados.
Y esa es la razón por la cual las mujeres insistan en que es indispensable que se incluyan las distintas disposiciones y resoluciones de los organismos internacionales, donde indican la obligatoriedad de que las mujeres estén sentadas en los escenarios de conversación, y que estas herramientas den garantía para la aplicabilidad de las propuestas.
Muchas de ellas causan escozor a los agenciadores de la guerra, como por ejemplo la renuncia de la acción penal, para que la insurgencia no vaya a la cárcel, pero también que los actores en conflicto pidan perdón para cerrar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional, tome acciones al respecto con las y los insurgente actuantes en su nueva vida civil.
También la participación política en igualdad de condiciones con los demás partidos actuantes en senado y cámara, la no repetición de la guerra, la verdad, la justicia y la reparación, ya que las mujeres históricamente tienen una vasta experiencia como mediadoras y tramitadoras en la resolución del los conflictos.
Por eso se hace necesario la aplicabilidad y puesta en marcha de la Resolución 2122 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se llevó a cabo el 18 de Octubre de 2013, en donde reafirma su empeño para que se sigan aplicando íntegramente, de manera que se refuerce entre sí sus resoluciones 1325 (2000),1820 (2008),1888 (2009),1889 (2009),1960 (2010) y 2106 (2013), y todas las declaraciones pertinentes de su presidencia y recordando los compromisos enunciados en la declaración y la plataforma de acción de Beijing.
Importancia de esta resolución
Esta resolución refuerza las anteriores, da herramienta para que las mujeres que están en la brega de ser sujetas actuantes en estas conversaciones de paz, comiencen a hacer presión al Gobierno Nacional, para que nombre en la comisión de sus delegados oficiales y que se esté presente permanentemente como parte de la sociedad, e igualmente se nombre a un grupo de mujeres que no solo vaya a llevar a la mesa de conversación de La Habana las propuestas construidas en los distintos eventos de mujeres por la paz.
Una comisión de mujeres garante donde pueda hacer exigencias como el cese bilateral del fuego, para ira aclimatando las condiciones y creando conciencia en un posible acuerdo y mientras tanto no se levanten de la mesa, como es el clamor de las mujeres y de todo el pueblo que ha sido víctima de la violencia.
“A este respecto, es que esta resolución se centra en la ejecución de la agenda relativa a las mujeres, la paz y la seguridad, reafirmando, que el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la igualdad entre los géneros son fundamentales para la labor de mantener la paz y la seguridad internacional, y poniendo de relieve que las barreras que persisten para que la Resolución 1325 (2000) se aplique íntegramente, solo se desmantelarán mediante un compromiso específico con el empoderamiento, la participación y los derechos humanos de las mujeres, así como mediante un liderazgo concertado, información y medidas coherentes, y apoyo para aumentar la intervención de las mujeres en todos los niveles de la adopción de decisiones”.
El deseo que tienen las mujeres en que estas normas se cumplan no es suficiente ni efectivo por si sólo, se hace necesario, por tanto, que dentro de las actividades a realizar, estos mandatos sean una de las exigencias centrales para que el Gobierno las cumpla y de esta manera las mujeres como sujetas de derechos puedan en su accionar, tener la contundencia y ser más efectivas en la realización de las acciones en la construcción de la paz con justicia social.
