El veto militar y los intereses económicos se oponen a la zona de reserva campesina del Catatumbo, exigencia imperativa del campesinado
Hernán Camacho
El Catatumbo es la radiografía del conflicto social del país. La región del noroccidente colombiano es epicentro de protestas campesinas en respuesta a la represión militar, la amenaza paramilitar, las intenciones de usurpar su territorio y la indiferencia del Estado colombiano.
Las concentraciones campesinas en Tibú y Ocaña (Norte de Santander) van más allá de lo descrito por los medios nacionales como simples movilizaciones de cultivadores de hoja de coca. Las protestas tienen un trasfondo: el incumplimiento de la ley 160 de 1994 y de las promesas del Gobierno Nacional en torno a las soluciones sociales que reclaman por décadas las comunidades organizadas de Catatumbo.
Años de resistencia
Aun cuando los reclamos sociales no se remontan al 2009, sí fue en ese año la instalación del Refugio Humanitario y Comunitario, gesto de resistencia pacífica “Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio”, como punto de partida de los campesinos para reclamar sus derechos. De allí la idea de convertir su territorio en reserva campesina.
La región es fértil en recursos naturales y por ello objeto de la estrategia de apropiación ilegal. Se convirtió en el escenario dramático de la guerra, la presencia paramilitar desde el 2002 que dejó diez mil ejecuciones extrajudiciales, 600 desaparecidos y al menos cien mil desplazados según cifras de las organizaciones defensoras de derechos humanos de la zona.
Todo, dicen, para despojar de sus tierras a los labriegos, desalojar esas zonas y permitir sin obstáculos la explotación de carbón a cielo abierto, la extracción de petróleo y el desarrollo de megaproyectos aceiteros. Allí el campesinado se organizó en torno a no permitir los embates de la guerra.
Organización campesina
Los esfuerzos del trabajo conjunto logró que se mantuviera el refugio y se instalara una Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) con la institucionalidad, entre ella los gobiernos municipales, el departamental y Ministerio de Agricultura. Así se inicia un intercambio de opiniones de la comunidad y las autoridades en busca de soluciones.
Fruto de esos encuentros, el campesinado adelantó el proceso de formación de la zona de reserva campesina para el Catatumbo. Y esa es hoy la razón por la cual el campesinado bloqueó la carretera que de Ocaña conduce a Aguachica (Cesar), está protestando en Tibú y movilizó a los campesinos de los siete municipios que conforman el Catatumbo: Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, El Carmen, Tibú y Hacarí.
Exigencias
Los primeros cuatro días de confrontación del campesinado y las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército dejó un saldo de dos muertos, una veintena de campesinos heridos, varios de ellos con mutilaciones en sus extremidades, demostrando la violencia desmedida del Escuadrón Antidisturbios de la Policía en los sitios de bloqueo.
Las peticiones son claras: zona de reserva campesina en el Catatumbo, defender la permanencia campesina en ese territorio, respeto a las minorías y comunidades indígenas ancestrales asentadas, detener de inmediato la fumigación de los cultivos de uso ilícito, erradicar los factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de la hoja de coca y detener la locomotora minera que puso sus ojos en la región. Se agotaron para los campesinos las buenas formas para exigir y se tomaron las carreteras.
Perversos intereses
La petición que encabeza sus intereses es la zona de reserva campesina, figura legal que trae consigo la ley agraria y que les entrega autonomía territorial a las comunidades campesinas para desarrollo local, administrativo y económico. Como ha llamado VOZ al debate agrícola: la nuez del asunto. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) agrupa las zonas de reservas campesina declaradas y por declarar en el país. Ha manifestado que la reserva que se construye en el Catatumbo hace rato cumplió con los requerimientos legales para declararse, y está en mora el Ministerio de Agricultura en entregarle el aval.
Y si se cumplen los requerimientos legales, ¿qué le impide al Ministerio declarar el Catatumbo reserva campesina? La respuesta es contundente: el Ejército Nacional. Según directivos de la Anzorc, los militares son los primeros opositores a la conformación de las reservas en todo el país, sucedió con El Pato en el Caquetá o la del Valle del Río Cimitarra.
Para la doctrina militar esas zonas son “repúblicas independientes” que estratégicamente están dispuestas para la insurgencia. Nada más descabellado. Como resultado de ese veto un considerable número de dirigentes campesinos que llevan a cuestas el proceso de reservas campesinas han sido o están siendo víctimas de judicializaciones con el tráfico de testigos o acusaciones de informes militares que los asocian a la insurgencia. Nada contundente.
Alpargatas bien puestas
Por ello la comunidad catatumbera no permite interlocutar con los militares y le exige al gobierno nacional levantar la censura impuesta por la cúpula militar sobre las reservas campesinas.
En ese sentido, Guillermo Quintero, líder campesino, advirtió desde el tercer día de las protestas que la comunidad no tiene garantías para sentarse a dialogar soluciones con las autoridades administrativas si en la Mesa estaba el Ejército. “El ministro llegó acompañado del comandante de la fuerza de tarea Vulcano del ejército, y la comunidad en asamblea decide que nada tiene que hablar los mandos militares. Nos retiramos”.
En el caso del Catatumbo, se revela la perversa estrategia de apropiación del territorio en la que tiene influencia el aparato militar. Para académicos colombianos, la disputa en esos territorios no es militar. Es económica, pues las principales ambiciones minero-energéticas de las multinacionales en el país coinciden en buena medida con esos territorios que comunidades organizadas están dispuestas a defender con la ley en mano o sin ella.
Ejecutivo: no diálogo
Las voces de solidaridad llegaron de todos los sectores sociales. Plantones en ciudades como Bogotá y Cúcuta, y constancias en el parlamento como la del representante Hernando Hernández, en la que señala la necesidad de solución pronta y no esperar los diálogos de La Habana para tomar cartas en el asunto. “La zona de reserva campesina no puede estar supeditada a las conclusiones de La Habana, menos aun cuando las comunidades campesinas han cumplido con los requisitos”.
La voluntad de paz expresada en La Habana por la delegación del gobierno pasa por la solución real de peticiones del campesinado colombiano, hoy representado en el Catatumbo. La zonas de reserva campesina son una discusión de tierras, territorio y política, y como tal debe tramitarse sin apelar a la represión que defiende intereses contrarios a la soberanía alimentaria, la vida y la dignidad del campesinado.
