Democracia participativa y poder popular en Bogotá

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Foto: CucombreLibre via photopin cc

Un estudio a profundidad de los avatares de la democracia participativa y los potenciales del poder popular en Bogotá y su campo regional como espacio de transformación radical de la sociedad y la democracia neoliberal.

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Horacio Duque Giraldo

La democracia participativa establecida en la Constitución de 1991 no ha sido más que retórica vacía a la luz de la experiencia de los 23 años de vigencia de dicha institución, reglamentada por la Ley 134 de 1994 y otras 40 normas adicionales que se quedaron en el papel. Ni siquiera la reforma recientemente aprobada permite ser optimista sobre las posibilidades de introducir en el sistema político espacios de intervención ciudadana efectiva y plena, en su funcionamiento.

Colombia, su Estado y él régimen político, son el reflejo de una democracia liberal representativa con una enorme degradación de sus prácticas políticas. Una democracia afectada, en palabras de Boaventura De Sousa Santos, por una doble patología: la patología de la participación, sobre todo en vista del aumento dramático del abstencionismo; y la patología de la representación, el hecho de que los ciudadanos se encuentren cada vez menos representados por aquellos que eligieron, que en su inmensa mayoría se colocan al servicio de los mercados y conglomerados financieros especulativos.

Bogotá no es la excepción. Desde 1991, todos los gobiernos distritales han adoptado políticas para aplicar los mecanismos de participación política en la gestión del Estado, pero los resultados han sido nulos. No obstante, al margen de estrategias de papel sobre la democracia participativa, las comunidades, las organizaciones populares y los movimientos sociales alternativos han promovido formas directas de intervención en el campo político para lograr la solución de sus problemas y la vigencia de los derechos políticos fundamentales.

Veedurías ciudadanas, organizaciones ambientalistas, medios de comunicación comunitarios, constituyentes populares, son las herramientas más conocidas en los esfuerzos comunales orientados a concretar el derecho a la democracia y la libertad política. Prácticas que deben sistematizarse en redes de poder popular integradas por diversas formas de organización que usan instrumentos eficaces para hacer prevalecer la soberanía comunitaria.

El propósito de este texto es hacer un balance a la experiencia de Bogotá y su gobierno en materia de participación, desde 1991 hasta el momento, e introducir el debate y la práctica sobre el poder popular en la ciudad, sus barrios y localidades, identificando formas concretas del mismo, e instrumentos de trabajo para hacerlo una realidad en la vida cotidiana de las comunidades en el ámbito del campo político distrital.

1. La ruta de la democracia participativa en Bogotá

Maldonado hace un recorrido sobre la experiencia con dicha institución desde su inclusión en la Constitución de 1991[1. Para un estudio más amplio del tema de la participación política en Bogota entre 1990 y el 2010 ver el siguiente texto consultado el 12 de diciembre de 2014 http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/496/]].

Indica que el Plan de Desarrollo de Jaime Castro (1992-1994) incorporó un título sobre participación comunitaria y descentralización, con propuestas centradas en el fomento de la organización comunitaria, la formación ciudadana, la participación de organizaciones comunitarias en proyectos de desarrollo y el fomento de asociaciones de vecinos. Omitiendo la planeación participativa.

En el Plan de Desarrollo Formar Ciudad para el período 1995-1997, de Antanas Mockus, se incluyó la promoción de la participación comunitaria como una de las líneas de acción dentro de la prioridad de cultura ciudadana, que era la columna vertebral del plan. Sin embargo no se fijaron objetivos específicos ni metas concretas a alcanzar mediante indicadores verificables. Tampoco se menciona la planeación participativa.

Enrique Peñalosa, en su plan Por la Bogotá que Queremos para el período 1998-2001, concibió la participación como un componente de la eficiencia de la administración pública; dentro de la prioridad “eficiencia institucional”, cuyo objetivo era establecer una gestión pública que en todas sus instancias promueva una administración eficiente y respetuosa del ciudadano, se incluyó como uno de los programas la participación ciudadana.

En el Plan de Desarrollo de la segunda administración Mockus, Para Vivir Todos del Mismo Lado (2001-2003) se dio un peso mayor a la participación, dado que se estableció como la primera política general del Plan que la ciudadanía y su participación serán el eje de la gestión. Dentro del programa de cultura ciudadana se incluyó el tema de la participación con proyectos orientados a promover la participación y la organización comunitaria.

El Plan de Desarrollo de Luis Eduardo Garzón (2004-2007) continuó con la línea de incluir como uno de los principios básicos del documento la participación, en los siguientes términos: Involucrar la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones públicas, y promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la construcción de capital social. Garzón impulso la creación del Sistema Distrital de Participación Ciudadana que ha quedado como letra muerta por su no ejecución.

El Plan de Desarrollo de Samuel Moreno, Bogotá Positiva: para Vivir Mejor (2008-2011), incluyó la participación como uno de los siete objetivos estructurantes del Plan de Desarrollo, destacando de este modo la prioridad que dicha administración decidió asignar al tema.

En el balance de esas estrategias, Maldonado señala que dichas políticas y normas sobre participación son principalmente discursos generales y retóricos, sin mayores compromisos concretos por parte de las administraciones.

Ninguno de los planes se acompañó con un diagnóstico e interpretación sobre la situación de la participación en la ciudad que sirviera como referente para sustentar los objetivos, estrategias, programas y proyectos. Adicionalmente en ninguno de los planes se fijan metas concretas en cuanto a la magnitud y calidad de la participación ciudadana en general.

Esta situación hace que sea prácticamente imposible hacer seguimiento y evaluar las estrategias de promoción de la participación y se traduce en los planes de desarrollo en la repetición aburrida de textos sin sentido; desde la administración Mockus se habla de fortalecer la participación ciudadana pero no tenemos ninguna información que nos permita saber si se ha fortalecido.

Siempre será posible decir en un plan que la participación es débil y que es necesario fortalecerla. Todo esto es un indicador adicional del desinterés y bajo nivel de compromiso de los alcaldes mayores, de sus equipos de gobierno y del Concejo por una participación ciudadana efectiva.

En la misma línea, la administración de Gustavo Petro (2012-2015), en su plan de desarrollo Bogotá Humana, plantea como objetivo central de su gobierno en materia de participación construir un nuevo modelo de participación. Impulsar en los distintos ámbitos del territorio la capacidad de decisión directa de la ciudadanía sobre los asuntos de la ciudad, fortaleciendo sus capacidades, los procesos sociales, las organizaciones y los movimientos sociales, reconociendo nuevas ciudadanías e involucrando a la población en el uso y goce del espacio público, estableciendo una relación de diálogo y responsabilidad entre la ciudadanía y la administración pública.

Las estrategias contempladas para el logro de los objetivos señalados son:

1. Rediseñar el sistema distrital de participación, de tal manera que los mecanismos, instancias y acciones distritales y locales de participación, en articulación con el sistema distrital de planeación y todas sus instancias, se orienten a garantizar el derecho a una participación decisoria de la ciudadanía en la planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión pública distrital.

2. Incorporar la dimensión territorial en la planeación y gestión pública distrital, de modo que haya unidad de criterio y propósito en las actuaciones e inversiones de los distintos sectores administrativos.

3. Ajustar el diseño institucional para la planeación participativa, la movilización, organización, deliberación y decisión ciudadana.

4. Incorporar en los procesos participativos la perspectiva del goce efectivo de los derechos y los enfoques diferenciales, de orientación sexual, identidad de género, grupos étnicos; afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y Rrom, las personas LGBTI, las víctimas y las personas con discapacidad y en general de los grupos poblacionales discriminados y segregados.

6. Fortalecer los procesos y las capacidades organizacionales, los movimientos sociales y las nuevas ciudadanías.

En el texto del Plan de Petro, se establece que la participación ciudadana se asume como una garantía para el goce efectivo de los derechos y la realización de la democracia local, de manera que las iniciativas en este campo tendrán como propósito devolver el poder de decisión a la ciudadanía en asuntos primordiales de gobierno urbano, como los procesos de planeación de la inversión, ordenamiento del territorio, presupuestación, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.

Los proyectos prioritarios de este programa son:

1. Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural. Promover la participación ciudadana en los temas relacionados con las inversiones de la ciudad en los ámbitos distrital, local y en unidades de planeación zonal, a partir de las necesidades locales, de las prioridades del plan distrital de desarrollo y establecer un compromiso de eficiencia y transparencia en el gasto público.

Para este efecto, atendiendo los proyectos y prioridades de inversión contenidos en el plan distrital de desarrollo, la ciudadanía podrá presentar a consideración de la Administración Distrital iniciativas de inversión a ser financiadas con cargo a recursos distritales, conforme a los montos y áreas de inversión que determine la Administración Distrital.

2. Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías en los asuntos públicos de la ciudad. Fortalecer en lo técnico y operativo la participación en la toma de decisiones, a los movimientos sociales, la acción comunal, las organizaciones sociales y comunitarias con presencia en los territorios y las nuevas expresiones organizadas y no organizadas de la ciudadanía.

3. Educación para la participación. Vincular a la ciudadanía en programas de formación para la participación, en los que se generen capacidades que les permitan incorporar sus decisiones en la gestión pública distrital.

4. Comunicación pública, social, alternativa y comunitaria para la participación, la incidencia política y la movilización ciudadana. Garantizar, mediante el contacto directo de los medios de comunicación sociales, alternativos y comunitarios con la ciudadanía, el goce efectivo del derecho a la información y expresión de la comunidad, para su participación, incidencia política y la movilización ciudadana.

5. Gestión comunitaria para la cultura, recuperación, aprovechamiento sostenible y goce del espacio público. Promover la participación de organizaciones en la administración del espacio público para el mejoramiento de la calidad de vida, su recuperación, sostenibilidad y aprovechamiento económico regulado. Concertar con las comunidades la restitución de espacios públicos indebidamente ocupados e impulsar acciones de corresponsabilidad en el uso y defensa del espacio público.

Se plantea un nuevo Estatuto de la planeación de Bogotá para reformar el Acuerdo 12 de 1994 y el Acuerdo 13 de 2000. Desarrollar las acciones necesarias para definir el esquema de localidades de la ciudad y fortalecer la democracia local, bajo los principios de eficiencia y transparencia en el funcionamiento de las mismas. Se elaborará un Estatuto de Planeación para la ciudad como proyecto de acuerdo que reforme los acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000, para la consideración del Consejo Distrital, con el fin de armonizar temporal y funcionalmente los procesos de planeación distrital con el de las localidades y ampliar los procesos de planeación local.

Fortalecer las alianzas interinstitucionales, intersectoriales y público privadas para ejercer veeduría y control social efectivo e incluyente, a la gestión pública, con el fin de prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad.

Para ello se implementarán acciones como: a) la generación de estándares, indicadores y sistemas de seguimiento, b) la ampliación y cualificación de espacios y estrategias de información y comunicación, y c) el fomento de la organización y su articulación en redes.

Los resultados de esta política son muy pobres y la misma se mueve en un plano puramente retorico y demagógico, como viene ocurriendo desde hace 23 años. No hay nada nuevo en este mundo de la egolatría petrista y su corrupta familia[2. Al respecto ver el agudo articulo de Cecilia Orozco Tascón en el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de diciembre de 2014 http://www.elespectador.com/opinion/familia-emprendedora-de-petro-columna-532272]. La constante del seudoprogresista gobierno distrital ha sido la exclusión arbitraria[3. Al respecto ver el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de diciembre de 2014 http://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/12061-sintradistritales-convoca-mitin-de-protesta-en-la-secretaria-de-integracion-social] y práctica clientelista mediante los sistemas de flexibilización laboral que afecta a miles de trabajadores del gobierno distrital[4. Al respecto ver el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de diciembre de 2014 http://www.moir.org.co/El-malestar-laboral-contra-Petro.html].

Pero, en el campo político bogotano gravitan los hechos generados por la movilización ciudadana como el poder popular local y distrital, que es conveniente considerar.

2. Poder popular, formas de organización y herramientas de trabajo

Analicemos con algún grado de detalle este importante tema asociado a la construcción de la democracia desde las bases sociales comunitarias.

¿Qué es exactamente el poder popular?

Colussi sugiere que es el poder que emana del pueblo, pero no esa delegación simbólica, aguada y desabrida, de la democracia representativa, donde cada cierto período se cumple con el rito de elegir a supuestos representantes de la voluntad popular. No, en absoluto. El poder popular es el ejercicio efectivo, a través de la organización y la participación real, de la amplia mayoría de un pueblo en la decisión de los asuntos básicos que le conciernen.

El poder popular es más, infinitamente más que la atención de los problemas puntuales de una comunidad acotada, el alumbrado público o el adoquinado de un barrio, la resolución de un problema específico del transporte colectivo de un sector urbano, o la instalación del agua potable o la edificación de una escuela en una comunidad rural. El poder popular es la democracia real, directa, efectiva, participativa del pueblo soberano, no sólo para atender problemas prácticos puntuales sino para definir y controlar la implementación de políticas macro a nivel nacional, e incluso internacional.

Grimau define el poder popular como “el poder del pueblo organizado en las más diversas y disímiles formas de participación para la toma de decisiones en todos sus ámbitos (político, económico, social, ambiental, organizativo, internacional…) y para el ejercicio pleno de su soberanía”.

Dicho pensador parte del concepto de “soberanía” en cuanto al desarrollo del poder legítimo que tenemos para poseer pleno derecho de nuestros dominios, y que ejercemos como personas, colectivos, pueblos, gobiernos, estados, etc. Y liga este concepto al derecho soberano de cada pueblo a decidir sobre sus cuestiones fundamentales, tanto internas como externas: el derecho de “autodeterminación” ya establecido por Rousseau en el siglo XVIII y empleado durante la Revolución Francesa, que acabó con la monarquía feudal y dio paso al sistema de democracia representativa burgués.

En el contexto actual, en el que un orden antidemocrático neoliberal gobierna los asuntos públicos y la vida de cada ciudadano, y lo hace además a través de organismos presuntamente democráticos, pero que ya no tienen ni voluntad ni capacidad para cumplir su función, se torna de nuevo una necesidad histórica la construcción de un poder que supere el marco político e institucional establecido, que de manera transversal confronte efectivamente con él, limitando a las clases dominantes al tiempo que empodera a las clases populares, hasta el punto de que ese nuevo poder vaya haciéndose hegemónico frente al sistema representativo liberal.

El poder popular es, por tanto, un mecanismo mediante el cual se van transfiriendo de manera inmediata o paulatina las funciones de planificación, presupuestos y toma de decisiones, empoderando a la sociedad y transformando la democracia representativa liberal en democracia participativa y popular.

Desde una óptica critica y con mayor horizonte histórico, el poder popular es una propuesta para la construcción del socialismo mediante un modelo de democracia participativa y protagónica.

Hoy en Colombia, el actual proceso de paz que se adelanta en La Habana está abriendo paso a la posibilidad de plantear propuestas y mecanismos relacionados con el poder popular.

La tendencia que se comienza a ver, en Colombia y en Bogotá, es el empleo de vías no institucionales de relacionamiento entre la población y las autoridades públicas. Son formas de relación entre los ciudadanos y las autoridades locales que no están reguladas por normas del derecho positivo y que obedecen más a la iniciativa, bien del gobierno local, bien de la población, a propósito de asuntos muy específicos de interés de alguno de ellos.

Son, por tanto, modalidades de relación ad hoc, de carácter no permanente, que se desenvuelven según las circunstancias y en función de la relación misma. Incluyen la movilización y la protesta ciudadana, las alianzas de organizaciones para resolver un problema compartido a través de la interlocución con las autoridades, así como iniciativas gubernamentales de contacto con la población que operan por fuera de los canales establecidos, señala Fabio E. Velásquez.

Se trata de escenarios abiertos, en los que puede participar cualquier persona, por tanto muy heterogéneos desde el punto de vista de los intereses que circulan en ellos, de los instrumentos y procedimientos utilizados y de los resultados que puede arrojar su funcionamiento. No hay reglas predefinidas, aunque la dinámica misma del espacio puede ir asentando algunas normas informales mínimas para que el espacio opere con un cierto nivel de organización y pueda llevar a cabo los procedimientos previstos para resolver un problema determinado.

Son varios los casos que pueden ser citados para ilustrar esta nueva tendencia: uno de ellos, de amplia difusión, es el de las Constituyentes municipales, departamentales y regionales.

Son acuerdos entre distintas organizaciones sociales, a las que en ocasiones se suman algunas autoridades públicas, para trabajar conjuntamente en la búsqueda de objetivos específicos: la convivencia pacífica, la generación de empleo e ingresos, la seguridad ciudadana, la conservación ambiental, la vivienda o el desarrollo local.

Hacen uso de todos los instrumentos disponibles para la consecución de sus objetivos y para la definición de políticas públicas en muy variados campos: espacios institucionales de participación, mesas de trabajo y de concertación, movilizaciones cívicas, etc. Las constituyentes reúnen a muy amplios sectores de la población y se han convertido en un movimiento nacional que cubre cerca de una cuarta parte de los municipios. Sus integrantes han realizado diez encuentros nacionales, en los que intercambian experiencias y definen consensos para ampliar su radio de acción.

También hay que mencionar un buen número de iniciativas ciudadanas en diversas ciudades y regiones del país en torno a los problemas ambientales.

Otro tipo de formas de expresión ciudadana para presionar políticas públicas por fuera de los espacios institucionales son las movilizaciones espontáneas frente a actuaciones gubernamentales que no llenan las expectativas ciudadanas como se observo a lo largo del 2013.

En grandes ciudades y en pequeños municipios son frecuentes las protestas de grupos poblacionales por la mala prestación de los servicios públicos domiciliarios, o la toma de las vías por la baja calidad del servicio de transporte, como ha sucedido en los últimos años en Bogotá con Transmilenio.

Finalmente, una de las experiencias más visibles y de mayor auge en el país es la multiplicación de veedurías ciudadanas, es decir, de grupos de personas que de manera organizada y sistemática realizan ejercicios de control social a la gestión pública.

En Medellín, Cali y Barranquilla y en varias ciudades intermedias del país se han desarrollado experiencias similares, así como Observatorios para hacer seguimiento a los concejos municipales y valorar su desempeño. Y en esa misma línea existe una gran cantidad de pequeños grupos de ciudadanos que vigilan la ejecución de proyectos de obras públicas, de movilidad, de promoción social y de desarrollo local impulsados por los respectivos gobiernos locales. Estos ejercicios han ido dando forma a un tejido social de personas y grupos interesados en vigilar la gestión pública y sus resultados. En Bogotá están operando los Observatorios ciudadanos IWA4 en las 20 Localidades promovidos por la Veeduría Distrital.

Otros ejemplos

Veamos otros ejemplos característicos según su ámbito de actuación y proyección.

El contexto más inmediato e importante al que debemos aproximarnos en primera instancia es el local, aquel en el que viven y desarrollan su vida social y productiva el 100% de los ciudadanos, una vida que viene condicionada -si obviamos el ámbito personal y familiar- por factores económicos, sociales y políticos.

En este sentido, si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de la población es incapaz de ejercer ningún tipo de influencia directa sobre ninguno de estos tres factores, éstos serán los tres pilares sobre los que debería alzarse ese contrapoder, ese poder popular.

Por supuesto que la condición previa al simple planteamiento de impulsar este tipo de mecanismo debe venir precedida del establecimiento de un marco de entendimiento y colaboración mínimos (consensos suficientes) entre los individuos y colectivos más conscientes de la necesidad de transformar el actual estado de cosas.

A partir de ahí debemos asumir el hecho incuestionable de que un movimiento espontáneo, por masivo y poderoso que parezca, está condenado a ir diluyéndose si no existe una organización suficiente y adecuada, pero sobre todo si no tiene una estrategia efectiva para la consecución de un fin determinado, en este caso la constitución de un poder popular que logre ser hegemónico frente a las clases dominantes.

En las circunstancias actuales, la parte consciente de la sociedad en Bogotá debe dar un paso al frente en este sentido ya que de no hacerlo gran parte de las capas populares y más empobrecidas de la sociedad -en este momento aterrorizadas ante la situación social que viven- pueden ponerse de lado de movimientos populistas y fascistas, como de alguna manera ya está sucediendo con el apoyo al uribismo en localidades como Ciudad Bolívar.

Para ello deberemos identificar los territorios, barrios, etc. más propicios para poner en marcha mecanismos que sean capaces de representar a la inmensa mayoría de la población, a los trabajadores y a las capas populares, y que su ejemplo sea capaz y susceptible de extenderse como la pólvora a otros territorios donde se den las circunstancias adecuadas[5. La reflexión sobre el poder popular que presentamos acá la recogemos del texto de Javier Parra al cual se puede acceder en el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de noviembre de 2014 https://n-1.cc/file/download/1336039].

Veamos pues, qué tipo de mecanismos básicos podrían ser la base de un poder popular local.

Asamblea del Poder Popular Local.

Se podría plantear de una manera sencilla allí donde se den las condiciones óptimas para ello, la convocatoria de una Asamblea paralela a las reuniones de las Juntas Administradoras Locales, que traten, entre otros, los temas importantes que vaya a debatir. Una Asamblea del Poder Popular que manifieste masivamente su posición sobre cada punto, así como sobre otros que se consideren de interés para los ciudadanos. Esto permitiría que si las sesiones de la JAL y los ediles que la componen se alejan de los intereses de los ciudadanos, éstos tenderían a sentirse más representados por el poder popular que por el poder político.

La Asamblea del Poder Popular Local debería reunirse uno o dos días antes de que se reúna la Junta Administradora Local, y en la medida de lo posible, hacerlo en el propio salón de sesiones o en algún otro espacio público y representativo local.

La vocación de las Asambleas del Poder Popular Local debe ser la de llegar a ser masivas, participativas, útiles para los propios ciudadanos y llegado el momento, incluso capaces de asumir la representatividad máxima de la voluntad popular.

Esto haría posible, entre otras cosas, que el poder político tal y como lo conocemos se viera permanentemente sometido a la voluntad popular. Pero ¿cómo?Pues fundamentalmente dotando a la Asamblea del Poder Popular Local de la capacidad de elaborar presupuestos locales, impulsar referendos, tomar decisiones que influyan positivamente en la vida de los ciudadanos, y canalizando las reivindicaciones de los trabajadores y de las clases populares hasta la máxima confrontación ideológica con el poder político representativo de la clase política dominante.

La constitución de Asambleas del Poder Popular Local puede sentar las bases del empoderamiento paulatino de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores y las clases populares, frente a los órganos que limitan la participación en política a la de depositar un voto cada cuatro años.

Esto, evidentemente no está opuesto a la existencia de elecciones, ni tampoco a la existencia de partidos políticos, pero limitaría la posibilidad de que cualquier gobierno local, sea del signo que sea, tome decisiones en contra de la voluntad popular, que se vería representada fielmente en las distintas Asambleas del Poder Popular.

Asamblea del Poder Popular de Trabajadores.

La involución democrática y la radicalización extrema del capitalismo neoliberal que ha derivado en la actual dictadura financiera, ha llevado aparejada la disminución de los derechos laborales y la precarización de las condiciones de trabajo hasta niveles propios de principios del siglo XX. Por ello, el empoderamiento del pueblo debe ir acompañado de un empoderamiento de los propios trabajadores frente a un régimen de explotación y saqueo.

Por tanto, además de la constitución de Asambleas del Poder Popular Local podrían impulsarse Asambleas del Poder Popular de Trabajadores, según las circunstancias y las características económicas de la Localidad (Puente Aranda, Fontibón, por ej.).

Por ejemplo, en una zona industrial podría organizarse una Asamblea de Trabajadores abierta a todos los obreros de las empresas de la zona. Una Asamblea que muy probablemente implicaría semanas preparar y difundir, y para la que habría que dedicar mucho esfuerzo, todos los medios a nuestra disposición.

Dicha Asamblea del Poder Popular de Trabajadores debería ser un órgano de acción fundamentalmente, y capaz de responder de manera unitaria ante los distintos conflictos en las empresas de la localidad, e incluso debe ser capaz de organizar el control de empresas por parte de los trabajadores cuando se den las condiciones para ello.

No debería importarnos que en las primeras asambleas la afluencia no sea masiva. De lo que debemos preocuparnos es que ésta sea útil y de establecer los mecanismos de funcionamiento y acción lo suficientemente eficaces como para que cuando se produzca un conflicto de grandes proporciones como podría ser una huelga general, la Asamblea del Poder Popular de Trabajadores sea capaz de convertirse en una herramienta imprescindible de la que se valgan los trabajadores de manera masiva para afrontar el conflicto, y así, pulso a pulso, conflicto a conflicto, victoria a victoria, ir fortaleciendo dicho órgano de participación y representación de los trabajadores.

Un órgano que con su actividad debería ir apartando uno por uno, comité tras comité, y empresa tras empresa, a los sindicalistas que sean indignos de representar a los trabajadores, y elevar a los dignos. Además, la Asamblea del Poder Popular de Trabajadores debe ser un punto de referencia para todos los trabajadores de la zona que no se sientan representados por sus comités de empresa o para aquellos cuya empresa no disponga de él.

Estos poderes bien pueden avanzar en la conformación de redes o cordones industriales dispuestos a la acción de masas.

Un tercer elemento a tener en cuenta y que está presente de manera natural en las sociedades, especialmente en las que los niveles de explotación y discriminación son elevados, son los movimientos sociales, que más que constituir una forma “sui generis” de poder popular, pasarían a reforzar de manera natural -y sin dejar de existir con sus características propias- los distintos mecanismos de poder popular.

La puesta en marcha de estos mecanismos tenderían a reproducirse de manera natural en aquellos barrios, etc. donde más propicias fueran las condiciones para ello, teniendo en cuenta la fuerza que podrían adquirir en situaciones extremas.

Dicho esto cabría preguntarse si impulsar distintos mecanismos de poder popular estarían enfrentados con la participación en los actuales órganos de representatividad distrital (JAL). No necesariamente. No sería contradictorio siempre y cuando nuestra participación en estos sea una participación consciente y encaminada a poner las instituciones a favor de la voluntad popular, de la democracia real, participativa y absoluta, y no a merced de otro tipo de intereses.

Para ello, no cabe duda que cualquier partido o cargo público -gobernante u opositor- que muestre simpatías por la profundización radical de la democracia y la constitución de estos mecanismos, debe demostrarlo cumpliendo con la sagrada obligación de habilitar fórmulas para que la voluntad popular sea protagonista en todos los aspectos de la vida pública, y que sea esta la que determine las decisiones de los gobernantes, o mejor dicho de los representantes políticos.

Algunos de estos mecanismos a introducir en las actuales instituciones locales son los siguientes:

1) Todos los acuerdos de la JAL podrán ser revocados si se presenta un número de firmas equivalente al 10% del censo exigiéndolo. En este caso se convocaría un referéndum vinculante entre la población, donde los ciudadanos elegirían entre el Acuerdo aprobado, una segunda propuesta planteada por los impulsores del referéndum y una tercera, opuesta a ambas.

2) Los presupuestos locales se desarrollarían de una manera participativa, entre todos los sectores de la localidad, y se impulsarán asambleas en todos los barrios y UPZ donde se explicaría un primer borrador de presupuestos planteado por el pleno, que deberá introducir los elementos aportados por los vecinos. Asimismo, si hay una segunda propuesta de presupuestos que cuente con el respaldo de un número de firmas equivalente al 10% del censo, se celebrará un referéndum vinculante en el que los ciudadanos optarían entre una de las dos opciones.

3) Los ciudadanos podrán promover y aprobar decretos sobre cualquier cuestión de competencia local. Para ello deberán plantear las propuestas, con sus estudios técnicos correspondientes, y apoyadas por un número de firmas equivalente al 10% del censo. Dichas propuestas serán llevadas a referéndum, que tendrá carácter vinculante.

4) Se introducirá la figura del referéndum revocatorio, mediante el cual se permitirá la posibilidad de convocar un referéndum para que los ciudadanos se manifiesten sobre la continuidad o no del alcalde o alcaldesa si se recoge un número de firmas equivalente al 20% del censo. Se considerará que el pueblo pide el cese del alcalde si en el referéndum éste obtiene en contra el mismo número de votos más uno de los obtenidos en las últimas elecciones.

Como se puede comprobar, en la descripción de éstos mecanismos de poder popular, su puesta en marcha no requeriría a priori la desaparición previa de los órganos representativos de la democracia burguesa a nivel local. Tampoco plantea la desaparición de los partidos, y tampoco la de los sindicatos -a pesar de gran parte de las estructuras de éstos está parasitado por elementos contrarios a los intereses de los trabajadores-.

Sin embargo, sí se plantean mecanismos concretos para ir desechando aquello que no sirve, ya sea a nivel representativo, político o sindical, y recuperando y valorizando aquello que es útil al pueblo y a los trabajadores, en un momento en el que todo aquello que no supone parte de la solución empieza a ser parte del problema.

Y como objetivo último, tal y como se ha expuesto, la constitución en primera instancia de un contrapoder contrario en esencia al poder de la oligarquía, para una posterior consolidación de un auténtico poder popular como máximo exponente en cada momento de la voluntad popular.

La constitución de mecanismos de poder popular local, aunque no exentos de riesgos y problemas, entran dentro de los límites de lo que puede realizarse y transformarse radicalmente sin que se produzca un conflicto con las clases dominantes ni con el propio sistema económico. Al fin y al cabo actualmente existen experiencias que rompen radicalmente con el modo “democrático” liberal, pero que sin embargo no suponen un riesgo para el propio sistema de explotación capitalista y sus relaciones de producción.

El reto llega cuando el intento de empoderamiento de los ciudadanos, las clases populares y, concretamente, de los trabajadores, supera los límites locales con la voluntad de trascender y hacerse hegemónico en un país.

Será entonces cuando se desaten todas las fuerzas del sistema para protegerse -con la violencia por supuesto- contra cualquier movimiento -por pacífico que sea- que pretenda cambiar las relaciones de producción e intente arrebatar a las clases dominantes el poder que ejercen sobre las instituciones presuntamente democráticas. Mucho más si de lo que se trata es de constituir un poder que establezca la hegemonía de los trabajadores y las clases populares sobre las clases dominantes y las oligarquías financieras.

Como no es objeto de este escrito, no entraré en las vías posibles para alcanzar ese empoderamiento total a través de un proceso revolucionario, ya que es una cuestión que depende fundamentalmente de la correlación de fuerzas, la organización del pueblo y los trabajadores, y de la audacia de los protagonistas en los momentos de máxima confrontación entre las masas durante su proceso de liberación y los mecanismos represivos de un sistema en proceso de destrucción.

Sea como sea, la constitución del Poder Popular Local en un gran número de localidades, UPZ, barrios, zonas industriales, comerciales, universidades, etc. abriría la puerta a la convocatoria de una Asamblea General del Poder Popular como órgano máximo de contrapoder organizado a todo nivel, con proyección de hacerse hegemónico frente al sistema representativo liberal.