Declaración de Anzorc sobre el acuerdo agrario alcanzado entre el gobierno y las FARC

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Foto: Agencia Prensa Rural via photopin cc

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), en representación de 50 organizaciones y procesos rurales y campesinos de todo el país, celebra el reciente acuerdo agrario anunciado por el Gobierno y las FARC, denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”

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Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

Entendemos este importante acuerdo agrario como resultado del histórico clamor de las organizaciones campesinas, que fue ampliamente expresado en el foro sobre política agraria y desarrollo rural integral, realizado en Bogotá con el ánimo de recoger las voces de la sociedad civil.

Aunque no se conoce aún el contenido completo del acuerdo, celebramos que en lo socializado hasta ahora se haya planteado explícitamente el fortalecimiento y “vigorización” de las zonas de reserva campesina (ZRC), ya que, como lo hemos venido planteando, las ZRC contribuyen a fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que afectan los territorios rurales y, en general, crean condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas.

Igualmente, reiteramos nuestro interés y compromiso para que la política pública concerniente a las ZRC sea construida con la participación popular del campesinado organizado, teniendo en cuenta los acumulados políticos y metodológicos propios de los procesos organizativos existentes. Desde Anzorc hacemos un llamado a todos los sectores agrarios y rurales a apropiarse del mandato establecido en el reciente acuerdo agrario, y entre todos exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional para impulsar un nuevo campo en Colombia.

Insistimos en la búsqueda del pleno reconocimiento político, jurídico, social y cultural de los campesinos y campesinas que implica que el Estado desarrolle una política de inclusión con la activa participación del campesinado en la toma de decisiones sobre los destinos del campo y la construcción de la territorialidad campesina, que a su vez permita hacer seguimiento al acuerdo agrario firmado en la Habana.

Tal participación se debe hacer efectiva a través de la creación de una nueva institucionalidad agraria que se debe establecer para dar cumplimiento a la magnitud de los acuerdos firmados, en la que además se debe tener en cuenta a representantes campesinos en sus instancias directivas.

Así mismo, consideramos necesario que el Estado reconozca el derecho de las comunidades campesinas a ser consultadas, otorgándoles el consentimiento previo, libre e informado, como requisito para las intervenciones que afecten el territorio en lo social, cultural y ambiental, particularmente en los casos de implementación de megaproyectos, respetando que las comunidades campesinas construyen y establecen mecanismos de autonomía territorial, desarrollos que se establecieron ante la falta de reconocimiento al campesinado y el abandono estatal.

Planteamos la importancia de convocar una asamblea nacional constituyente que permita el ejercicio de soberanía de las comunidades a través de la construcción de poder popular que respalde con la voz y participación ciudadana del constituyente primario los acuerdos derivados del proceso de negociación entre el gobierno y las FARC.

Para esto, desde el movimiento campesino organizado hemos venido adelantado el impulso de las “constituyentes agrarias: el campesinado por la tierra y el territorio”, como un ejercicio de la democracia real del pueblo colombiano en torno a un propósito común: una reforma agraria estructural con perspectiva territorial e intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una paz con justicia Social.

Por lo tanto, exaltamos la iniciativa de la constituyente con el fin de generar espacios para el ejercicio directo de la democracia en la planeación, formulación, ejecución y control de la gestión pública, garantizar la existencia efectiva de formas y mecanismos de participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación, ejecución y control de planes y proyectos vinculados a los aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de convivencia, formar e informar a las comunidades, y construir una cultura política basada en la toma de decisiones colectivas.

Finalmente, manifestamos nuestro enérgico rechazo a las recientes declaraciones que desde el desconocimiento se vienen haciendo por diferentes sectores sociales, especulando sobre extensiones de hectáreas que se le otorgarían a las ZRC, a pesar de que estos aspectos aún no han sido socializados en detalle, pero que irresponsablemente son difundidos a la opinión pública con el fin de estigmatizar y desinformar sobre las ZRC, en particular lo expresado por José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, quien, desconociendo argumentos diversos y legítimos en un debate público, con sus señalamientos pone en riesgo el desarrollo de las ZRC y principalmente la integridad de las comunidades campesinas que las defienden.

Reiteramos que para las comunidades campesinas este logro reflejado en el acuerdo agrario no significa el cierre de la lucha por la tierra, y por el contrario da inicio a un proceso de debate y construcción.