La flexibilidad laboral pregonada por el neoliberalismo ha llenado los bolsillos del empresariado privado y sacrificado el derecho social a un trabajo digno y estable para la población asalariada
Alberto Vanegas Z.
El modelo de libre mercado impuesto ha generado que Colombia sea el tercer país más desigual de América Latina por concentración de la riqueza y que los trabajadores sean despojados de sus derechos. De los 21 millones de colombianos que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), más del 12% se encuentra en el ejército de desempleados y más del 60% en el mundo de la informalidad.
Esta política de deslaboralización y desconocimiento del contrato laboral ha dado paso a la vinculación a término fijo regulada por las normas del Código Civil, como son el contrato por honorarios o por Orden de Prestación de Servicios (OPS). Esta es la forma como el sector privado y público al contratar burlan la estabilidad laboral, las prestaciones sociales, las vacaciones y los aportes a la seguridad social.
Colombia es uno de países que más desconoce los convenios internacionales en materia laboral y los derechos humanos de los trabajadores. Es el Estado quien da el peor ejemplo al tercerizar y multiplicar las plantas paralelas, los contratos temporales y las más diversas formas de tercerización. El mismo Ministerio del Trabajo dice desconocer cuántos trabajadores tercerizados o en nóminas paralelas hacen parte del Estado. Algunas cifras señalan que 1.012.167 es el número de empleados oficiales y que más de 120 mil se encuentran en provisionalidad. El número de los que están por prestación de servicios aún no se termina de contar. Según cifras recientes del Ministerio del Trabajo, por cada 100 trabajadores oficiales en las entidades territoriales, había 170 por OPS. En el nivel central la situación es similar: por cada 100 trabajadores de planta había 132 por OPS.
Estado no da ejemplo
En recientes foros de los trabajadores estatales se denunciaba que en el Ministerio del Trabajo existe una planta paralela de 400 empleados. En el caso de Bogotá, y en las administraciones departamentales trabajan 270 mil personas, pero de estas solo cien mil son de planta y tienen contrato formal de trabajo. Hay casos extremos como Arauca, Casanare, Nariño y los dos Santanderes, donde entre el 80% y el 90% de los funcionarios es de nómina paralela; y en la alcaldía de Cali se estima que por cada funcionario de planta hay tres contratistas.
Muchos de estos trabajadores cumplen más de 10 y 15 años laborando con este tipo de vinculación. Todos los gobiernos neoliberales han impuesto medidas de ajuste fiscal, privatizaciones y reestructuración de las entidades del Estado; solo en el gobierno de Uribe reestructuró y recortó la planta en 500 entidades públicas.
Cabe preguntarse, ¿a quién beneficia esta puerta giratoria de vinculación con el Estado? Es tan grave el problema que en el año 2012 se denunciaron más de mil despidos de trabajadores tercerizados en Bogotá; 300 despedidos en la alcaldía de Barranquilla; en Soledad (Atlántico), 150; en el departamento del Atlántico, 200. En Cali, 300; en UNE, Medellín, 200; y en la alcaldía de Cúcuta, 200.
Estos despidos masivos, que son prácticas generalizadas, se dan en medio de denuncias de cómo las autoridades locales argumentan que hay que eliminar las nóminas paralelas o las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). Sin embargo, a los pocos días, en una maniobra clientelista son nuevamente reemplazados con nombramientos para cumplir la misma función.
Necesaria petición
En estas condiciones, el movimiento sindical viene exigiendo al gobierno la eliminación de la tercerización laboral (nóminas paralelas) y la ampliación de las plantas de personal en el caso de las entidades públicas. Además, la eliminación de la tercerización laboral y de la subcontratación de personal en el sector privado.
Para el caso del sector estatal, el pasado 7 de febrero las centrales obreras radicaron un pliego estatal con el fin de avanzar en el derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos y uno de los objetivos primordiales, dentro de los 28 puntos presentados al Presidente de la República y al ministro de Trabajo, es rescatar el contrato laboral a término indefinido como está protegido por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para lo cual se exige, entre otros puntos:
—La ampliación de las plantas de personal, revisión del reglamento de la carrera administrativa y la aplicación de las sentencias 614 de 2009 y 171 de 2012 de la Corte Constitucional, referidas a la formalización laboral y la obligación de vincular directamente a los empleados con funciones permanentes, es decir: acabar con las plantas paralelas y la precarización en el empleo público.
—Tipificar penal y disciplinalmente como falta gravísima las conductas de los funcionarios públicos que afecten el cumplimiento de la ley en cuanto a los concursos de selección por mérito, los procesos de actualización de las plantas de empleos y la celebración indebida de contratos de prestación de servicios o de tercerización.
—La expedición de un decreto reglamentario sobre protección de los empleados provisionales en situación de retén social y urgir a las entidades para que realicen la oferta pública de los cargos que sean necesarios.
Desde el nacimiento de la república, la política tradicional ha sabido copar el Estado con el fin de reproducir sus mezquinos intereses políticos y económicos; mediante la continuidad histórica de la antidemocracia y la violencia, han pasado a finales del siglo XX a la forma excluyente de dominación política del Frente Nacional. En la actualidad se mimetizan y expresan en los partidos que conforman la Unidad Nacional, quienes con las mismas prácticas, pero con diferentes nombres se reparten el ponqué burocrático y el presupuesto nacional.
A la vez, imponen un modelo político antidemocrático al servicio de sus intereses. De esta forma, las plantas de personal se convierten en votos cautivos para las elecciones nacionales y regionales. Por eso, derrotar la tercerización laboral no solamente tiene implicaciones para rescatar el trabajo digno, sino que representa arrebatar y transformar esas prácticas de la política tradicional.
Lograr el objetivo de eliminar la tercerización pasa por la más amplia y contundente movilización que respalde las justas peticiones del pliego estatal, y de no encontrar respuesta positiva por parte del gobierno, no queda otra alternativa que adelantar un paro nacional estatal, esto exige convocar el tercer encuentro nacional estatal para el mes de mayo.
