Editorial del Semanario VOZ
El país va por mal camino. Es paradójico que mientras está en desarrollo el proceso de paz de La Habana con la guerrilla de las FARC-EP, el Gobierno Nacional y la extrema derecha estén empecinados en cerrar más la democracia restringida y desconocer las libertades democráticas y los derechos de la oposición. ¿Por qué el Gobierno se niega a la aplicación inmediata de los acuerdos parciales de participación política en La Habana y, por el contrario, acude al expediente de siempre de la clase dominante de debilitar las garantías y los derechos a la protesta social y al ejercicio de la oposición de izquierda?
La reciente detención de Francisco Javier Toloza, responsable de la Comisión Internacional de Marcha Patriótica, sumada a la anterior de Húbert Ballesteros, también dirigente de Marcha y miembro del Comité Ejecutivo de la CUT, y el asesinato de 26 integrantes de esta organización social y política, deja casi en entredicho la voluntad gubernamental de paz y de solución política dialogada del conflicto colombiano.
Marcha Patriótica, organización social y política de reciente aparición en el escenario nacional, irrumpió con fuerza en la lucha popular, colocando como principios esenciales los derechos de la gente del común, la paz con democracia y justicia social y la unidad más amplia para conformar una alternativa de poder al statu quo imperante.
Desde el principio fue señalada por el Gobierno Nacional como brazo político de las FARC-EP y caja de resonancia suya en el movimiento social. Voceros del alto Gobierno, de la cúpula militar y columnistas irresponsables de la “gran prensa” se dedicaron a señalarla y a cuestionarla, porque asumió sin debilidades una postura vertical al lado de los más necesitados. Tuvo que ver con la marcha por la paz del 9 de abril del año pasado, con el lanzamiento de las constituyentes populares y con el paro nacional agrario y popular que sacudió el país en el segundo semestre de 2013.
Se repitió la historia de hace casi 30 años, cuando surgió en el marco del proceso de paz de La Uribe el movimiento de la Unión Patriótica, blanco de los mismos ataques y señalamientos y víctima del peor genocidio que se haya cometido contra una organización política en todo el planeta. Lo reconoció el Consejo de Estado al devolverle la personería jurídica con el argumento que en el exterminio de la UP participó el Estado colombiano por acción u omisión.
En el primer caso porque agentes suyos hicieron parte de los planes criminales en connivencia con el paramilitarismo, el narcotráfico y políticos regionales del bipartidismo. En el segundo, porque los criminales actuaron en completa impunidad y sin acción en su contra de la fuerza pública. Los planes estuvieron orquestados y justificados desde voceros oficiales y columnistas de la “gran prensa”, que señalaban a la UP de “combinar las formas de lucha” y de ser brazo político de la insurgencia.
Nada ha cambiado distinto a los protagonistas desde el Establecimiento. Las instituciones caducas y antidemocráticas son las mismas. Los argumentos se repiten una y otra vez, en estos días contra Marcha Patriótica.
Es parte del origen del conflicto. Una democracia casi inexistente al servicio de los intereses del capital nacional y extranjero. Servil ante las transnacionales y a los dictados del imperio de los Estados Unidos. Son los que promueven la guerra. Ayer impusieron el Plan Laso; hoy lo hacen con el Plan Colombia. Planes militaristas, orientados a quebrar la lucha popular y a aniquilar al llamado enemigo interno, que son las organizaciones de izquierda, sindicales, sociales y populares.
Y aún el Gobierno de turno se niega a discutir estos temas de fondo en la mesa de diálogo con la insurgencia. El portazo de Santos es perentorio: “Nada de ello está en el debate, nada de ello es parte de la agenda. Ni el régimen político ni el modelo económico”. Es el concepto precario de la paz; ventajoso como todo lo que proviene de la clase dominante burguesa. Sin embargo continúan las persecuciones e intimidaciones, los señalamientos y amenazas y hasta se destituye al alcalde Bogotá, Gustavo Petro, desconociendo la voluntad del pueblo que lo eligió.
Es al pueblo al que le corresponde cerrar filas contra el despotismo del poder. Contra la persecución a la Marcha Patriótica y a la resistencia popular. Defender el proceso de paz de La Habana y exigir el diálogo con el ELN y levantar con fuerza la necesidad de una asamblea nacional constituyente que le abra el camino a un nuevo país sobre sólidas bases democráticas y de justicia social.
