Así lo señala un informe presentado este miércoles en Berlín por PAX, organizaciones ambientales y pro derechos humanos.
Organizaciones ambientales y pro derechos humanos presentaron en Berlín el informe «El lado oscuro del carbón», que denuncia la relación entre los paramilitares de Colombia y las empresas mineras Prodeco y Drummond, proveedoras de países europeos.
Basándose en testimonios de excomandantes paramilitares, contratistas y exempleados, la organización holandesa PAX, encargada del estudio, aseguró que tanto Drummond, con base en Estados Unidos, como Prodeco, subsidiaria de una empresa suiza, financiaron a los paramilitares entre 1996 y 2006, durante los conflictos con la guerrilla.
«Las empresas mineras se han aprovechado de esa cooperación hasta el día de hoy» y «los paramilitares han expulsado a decenas de miles de habitantes de zonas concedidas a Drummond y Prodeco para la explotación de carbón», relató Marianne Moor, de PAX, en una rueda de prensa convocada por la organización medioambiental Urgewald y por la asociación de derechos humanos Power Shift.
Drummond y Prodeco venden la mayor parte de su producción (el 70% en 2013) a eléctricas europeas como E.ON, GDF Suez, EDF, Enel, RWE, Iberdrola y Vattenfall.
Moor dijo desconocer si las empresas han seguido financiando a los paramilitares después de 2006, «pero la gente que sufrió la violencia sigue sin recibir justicia».
Uno de ellos es Rubén Morrón, extrabajador de la Drummond y miembro del Sindicato Unitario Minero actualmente exiliado en Francia.
Morrón narró cómo durante años él y sus compañeros han sufrido amenazas, intimidaciones y atentados por parte de los paramilitares, que según dijo asesinaron al presidente y al vicepresidente del sindicato.
«En una ocasión, recibí una llamada que decía que tengo una familia muy hermosa, pero que me quedaría sin ella si no cambiaba de actitud», recordó.
Moor expuso que lo que persiguen con la publicación de este informe es «verdad, justicia y compensación para las víctimas», ante las cuales las empresas energéticas europeas importadoras de materias primas «tienen la responsabilidad de investigar si se cumplen o no los derechos humanos».
Este informe no es el primero que intenta concienciar al mercado energético alemán de este tipo de conexiones entre proveedores del carbón y paramilitares, según Sebastian Rötters, de Power Shift.
Rötters, uno de los encargados del dossier «Bitter Coal», que analiza las empresas energéticas alemanas y sus importaciones de Estados Unidos, Colombia y Rusia, explicó que las organizaciones humanitarias y medioambientales persiguen un doble objetivo.
«Por un lado, que las energéticas europeas dejen de comprar carbón a estas empresas si no respetan los derechos humanos y, por otro, que los políticos actúen para que haya más transparencia en la cadena de producción», subrayó a Efe.
Efe
