Una de las prioridades para el Gobierno nacional es el llamado a la movilización para implementar la reforma agraria. VOZ habló con Martha Carvajalino, viceministra de Desarrollo Rural, sobre los proyectos de decreto que buscan fortalecer la organización campesina
Anna Margoliner
@marxoliner
De acuerdo con Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, el proyecto de decreto que fue publicado en la página de la cartera que ella preside, busca promover la movilización y organización campesina mediante un mecanismo que reglamente la conformación de los comités municipales para la reforma agraria, espacios para escuchar al campesinado y fomentar sus espacios de participación.
Mediante su socialización, el ministerio busca recibir observaciones de la ciudadanía para ser expedido al finalizar esa etapa. La participación activa y asertiva del campesinado y su integración al proceso que conlleva a la implementación de la reforma agraria, es una deuda histórica que el Estado tiene con la población campesina, a pesar de los muchos intentos que han existido, normalmente unilaterales, para su consecución.
Propuestas del Ministerio
Según Martha Carvajalino, viceministra de Desarrollo Rural, “el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, reactivó y actualizó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, creado por la ley 160 en 1994 como una forma de vinculación de todas las entidades del Gobierno para la reforma agraria y hoy, adicionalmente, para la Reforma Rural Integral y el desarrollo rural. Existe la obligación de un conjunto muy amplio de entidades del Gobierno para que se vuelquen a hacer cumplir esos grandes propósitos de transformación del campo: la inequitativa estructura social agraria, elevar el nivel de vida de los campesinos y la producción de alimentos en nuestro campo colombiano”.
Para lo cual tiene a su seno estructuras de concertación y participación que están previstas en la Ley 160. “Allí se crean alrededor de los consejos seccionales agropecuarios, los comités departamentales de reforma agraria y Desarrollo Rural, así como alrededor de los consejos municipales de Desarrollo Rural, creados por la ley 101, los comités municipales de reforma agraria, instancias donde el campesinado se encuentra, dialoga y define las actividades del sistema de reforma agraria en su territorio”.
Para la viceministra la reactivación de estos espacios tiene el propósito de avanzar en la paz con justicia social, la organización, la formación y la movilización del campesinado alrededor de las actividades de reforma agraria, “constituyendo el centro de la dinámica de la participación y de la concertación, no únicamente desde hace unos meses que salió el decreto del Sistema Nacional de reforma agraria, sino desde 1994 y seguramente acompañando estos anhelos desde 1961”.
La viceministra agrega que la posibilidad que tienen los pueblos indígenas y las comunidades negras de organizarse y de concertar con el Estado, también la tiene el campesinado: “Entre otras cosas, porque fue reconocido como sujeto de especial protección constitucional y en el Plan Nacional de Desarrollo se prevé además la Constitución de la comisión mixta del campesinado, proceso que se viene discutiendo con las organizaciones junto con otros ministerios para poder tener un espacio del gobierno con el campesinado para concertar la política agropecuaria”.
La propiedad de la tierra
En el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016, se fijaron dos metas muy importantes en relación con las tierras. La primera consiste en la formalización de siete millones de hectáreas y la segunda el ingreso de otros tres millones al Fondo Nacional de Tierras.
Según la viceministra Carvajalino, se ha avanzado en acuerdos con el sector ganadero: “El Gobierno nacional firmó en octubre del año pasado un acuerdo con Fedegan con el propósito que el gremio ayudase a conseguir tierras para la reforma agraria. Gran parte de las extensiones de tierra que se encuentran hoy subutilizadas o utilizadas de manera inadecuada, se derivan de la ganadería extensiva por lo que resulta determinante convertir suelos que están en ganadería extensiva en suelos para la producción de alimentos”.
Para Martha, se ha promovido ‘la misión de ganadería sostenible para la Reforma Agraria’, que consiste además en poder llegar a un acuerdo para que vendan parte de esa tierra, que se dispone en los programas de reforma agraria y el propietario, con el capital que deriva de la venta de la tierra a precio comercial, lo cual puede generar un proceso de reconversión productiva de la ganadería extensiva hacia una sostenible, que use de manera más eficiente los suelos, genere más productividad y permita cumplir metas y objetivos ambientales.
Participación del campesinado
En ese sentido, los comités de reforma agraria constituyen un espacio institucional de concertación y participación para poder implementar y desarrollar las actividades del Sistema Nacional de reforma agraria, que van desde la compra y adjudicación de tierras hasta los procesos de concertación frente al desarrollo de la infraestructura productiva, de bienes y servicios públicos que requiere el Desarrollo Rural, así como los procesos y apalancamientos de innovación, financiamiento y crédito en cada uno de los territorios.
La viceministra continúa: “lo que propone el Gobierno es que el movimiento social campesino avance en un proceso de consolidación que debe ser autónomo, que no puede ser suplantado por la institucionalidad. En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo creó la comisión mixta del campesinado, un proceso que deriva del encuentro de múltiples y diversas organizaciones en el marco de la Convención Nacional Campesina, que actualmente se encuentra tomando curso en un diseño institucional”.
Para el Gobierno nacional, “el campesino debe organizarse libremente alrededor de su proceso de participación en estas instancias, como los comités de reforma agraria. Lo que debemos hacer como institucionalidad es fomentar las condiciones necesarias y las garantías esenciales para que estos procesos puedan salir adelante y podamos superar la crisis que el movimiento campesino tuvo por la gran afectación que la guerra ha generado en su tejido social”.
La administración de Gustavo Petro ha establecido un compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual permite que la labor institucional permita espacios de encuentro para que el campesinado, desde sus diversas y múltiples expresiones, encuentre una apuesta de unidad, de interlocución que fortalezca sus demandas, permitiendo una acción concertada para impulsar las políticas públicas de reconocimiento y de especial protección al campesinado.
Saldar la deuda
Marta señala que “es importante reconocer o manifestar que el Gobierno nacional promueve la conformación de esas instancias previstas en la ley 160 como un lugar de corte institucional, donde el campesinado concerta con las entidades municipales, territoriales y con el Gobierno la implementación y el desarrollo de las actividades de reforma agraria y Desarrollo Rural”.
Carvajalino insiste en que no se trata solo de compra y adjudicación de tierras, sino de una perspectiva integral que tiene que ver con bienes y servicios públicos de la ruralidad, educación, innovación, asistencia técnica, “o sea, con escenarios de transformación de la producción primaria hacia el crecimiento industrial del campo colombiano para jalonar la riqueza de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y las comunidades negras. Un desarrollo integral que nos permita saldar esa deuda histórica que se tiene con el campo colombiano”.
