Se judicializa a un líder indígena por un hecho ocurrido durante una movilización social, al cual se le da tratamiento de delito penal común. Lo que se busca claramente es criminalizar la protesta social. El caso obedece a presiones del Ministerio de Defensa.
César Jerez
Feliciano Valencia fue detenido ayer en la tarde por el CTI de la Fiscalía en Santander de Quilichao, Cauca y trasladado a la ciudad de Popayán. El líder indígena Nasa había sido previamente absuelto por una sindicación de «secuestro». Los hechos del caso se remontan a la Minga indígena del 2008, cuando un suboficial del ejército se había infiltrado en las protestas, al ser detenido por la Guardia Indígena, fue posteriormente sometido a la justicia propia, por lo que se le propinaron 20 fuetazos. Valencia ahora deberá purgar una pena de 192 meses meses en la cárcel.
Detrás de los cargos por «secuestro» y lesiones personales se configura un nuevo caso de persecución política contra los movimientos sociales del campo que hacen parte de la Cumbre Agraria. Se judicializa a un líder indígena por un hecho ocurrido durante una movilización social, al cual se le da tratamiento de delito penal común. Lo que se busca claramente es criminalizar la protesta social. El caso obedece a presiones del Ministerio de Defensa.
Este caso se suma a la detención de líderes campesinos en todo el país y su modus operandi tiene relación directa con el encarcelamiento de Esmer Montilla, Samuel Rojas, Ramiro Atheortúa e Ingrid Pinilla, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y campesinas que hacen parte de Marcha Patriótica en el Oriente colombiano, a quienes también se les sindica por el supuesto delito de «secuestro» de policías durante el Paro Agrario.
El encarcelamiento de Feliciano reitera los siguientes elementos:
1. A los líderes sociales del campo ya no se les sindica exclusivamente de rebelión, ahora los falsos positivos judiciales obedecen a sindicaciones por delitos comunes como el secuestro, lo que hace más difícil su excarcelación
2. El gobierno incumple compromisos adquiridos con la Cumbre Agraria en materia de derechos humanos y garantías, en los cuales asumió cesar la persecución política contra los dirigentes agrarios y sus organizaciones, iniciar procesos de desjudialización y despenalización, e incluso liberar a miles de campesinos cultivadores de coca y recolectores de esta hoja, condenados por ley 30 como si fueran narcotraficantes.
3. Los acuerdos parciales alcanzados entre el gobierno y las FARC en La Habana contemplan garantías para la protesta social y la participación política. Los informes de inteligencia, los montajes y falsos positivos judiciales y finalmente los asesinatos y detenciones de líderes sociales y defensores de derechos humanos van en contravía de los acuerdos y son un pésimo mensaje para un futuro en paz. ¿Cuál paz con persecución, cárcel o muerte para los líderes sociales del campo y defensores de derechos humanos?
