Editorial del Semanario VOZ
El país está clamando por una reforma a fondo de la Procuraduría General de la Nación, en la actualidad en poder de la extrema derecha perniciosa y salvaje y del más rampante clientelismo para pagar favores e implantar la tendencia confesional y reaccionaria que predomina en sus decisiones. Es una vergüenza en el concierto internacional y pésima presentación de lo que no debe ser.
Alejandro Ordóñez logró la reelección, casi que a última hora, ternado por la Corte Suprema de Justicia, repartiendo cargos a diestra y siniestra entre magistrados y congresistas. En la primera ocasión, a pesar de las denuncias de su ideología de la cual hizo gala en el Consejo de Estado, como de su pasado siniestro cuando perteneció a bandas fascistas que en Bucaramanga quemaban libros de marxismo y de pensamiento avanzado, fue elegido en el senado con el voto de algunos congresistas del Polo Democrático Alternativo que recibieron también su mermelada burocrática.
Ordóñez no solo se ha dedicado a perseguir a los funcionarios de elección popular de izquierda, sino a negarse a reconocer los fallos judiciales y constitucionales que favorecen derechos de la mujer como al aborto, de la comunidad LGBT como el matrimonio de parejas del mismo sexo y de otras llamadas minorías, sin que haya ninguna reacción en el Consejo de Estado a quien le corresponde vigilar y controlar al procurador. Todos le deben favores y le temen por el superpoder que acumuló.
En materia de paz se ha negado a aceptar la política del Gobierno Nacional y se convirtió en una cuña en el Estado contra los diálogos de La Habana, aun acudiendo al nivel internacional y a organismos de derechos humanos donde su competencia no alcanza. Usurpa funciones, actúa con sesgo ideológico y sobrepasa el límite de sus decisiones. En medio de insólita altanería y arrogancia. Polemiza con el fiscal y con todo funcionario que no apoya sus tesis reaccionarias, propias de la Edad Media, como se lo ha recordado en tantas ocasiones el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.
El poder que le concede la Constitución Política de Colombia y el Código Disciplinario al Procurador General de la Nación, pues puede investigar a todos los funcionarios del sector público, incluyendo a los de elección popular, en contravía de Pacto americano de San José, suscrito por Colombia y por ende vinculante por ser parte del bloque de constitucionalidad, que establece en protección de la soberanía ciudadana que los funcionarios públicos de elección popular solo pueden ser destituidos por decisiones judiciales, es extravagante.
Se ha dado el caso, notorio en la procuraduría de Ordóñez, que congresistas o funcionarios absueltos por la Corte Suprema de Justicia u otras instancias penales, son destituidos. O viceversa como ocurrió con los congresistas de la parapolítica, condenados en la corte y exonerados por Ordóñez. Casos como el de Piedad Córdoba y el alcalde Gustavo Petro ha colmado la copa de la paciencia de los colombianos.
La Procuraduría requiere de una reforma a fondo. Nadie lo pone en duda. Sin embargo, Alejandro Ordóñez, en el colmo del descaro y del cinismo, ha dicho que él mismo liderará la reforma al Código Disciplinario. ¿Qué podría salir de semejante entuerto? En este caso, algunas personas sostienen que sería mejor eliminar la figura monárquica de la Procuraduría General de la Nación. Otros, como la Delegación de Paz de las FARC-EP y otros organismos de derechos humanos, proponen la elección popular del procurador bajo preceptos democráticos que deberá tener el régimen colombiano mediante un acuerdo político de paz estable y duradera.
Lo cierto es que la reforma debe apuntar a temas medulares, que restrinjan las funciones absolutas, las investigaciones a funcionarios de elección popular y elección democrática alejada de las prácticas clientelistas y del funcionario de pacotilla del gobierno de turno.
Entre las funciones del procurador está la de intervenir en los procesos penales. Facultad sana si fuera para vigilar el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia, pero la procuraduría se ha convertido en parte procesal, hasta para controvertir y aportar pruebas en contra del sindicado como ha ocurrido en los procesos políticos contra dirigentes de la izquierda y sociales. Ordóñez convirtió a la procuraduría en un peligro para la democracia, para las libertades públicas y para la libertad de conciencia. Enemigo del pluralismo y del libre debate de ideas que debe existir en el país.
Llegó la hora de una reforma democrática a fondo.
