Terminó un año con preocupantes cifras que evidencian una crisis humanitaria en el país
Redacción DD.HH.
Gracias a la existencia de un conflicto armado interno, las cifras que entregaba el gobierno nacional sobre violación a los derechos humanos, en el país, sembraban alarma ante la comunidad nacional e internacional opacando en gran medida otra serie derechos que a causa de la desprotección del Estado se cimentaban en cada rincón del país.
Dos millones de dólares por minuto se gastan a nivel mundial en presupuesto militar. Colombia so pretexto de combatir la guerrilla, es uno de los países del continente que más invierte en el aparato militar.
El fin de la guerra se fijaría entonces como una posibilidad para que los gobiernos de turno revisen sus planes de inversión en el sector social, superen las barreras de pobreza, hambre y miseria en que la gran mayoría de la población vive.
A pesar de que en 2015 el país avanzo milenios en el propósito del fin de la guerra, manteniendo un cese a las acciones militares como parte de los gestos de paz por parte de la guerrilla de las FARC-EP y abrió paso al diálogo, las cifras en relación a la violación a los DD.HH., no solo no cesaron, sino que por el contrario se evidenció que las causas de tales violaciones no correspondían en su totalidad a la existencia del conflicto armado, sino a una crisis humanitaria producto de esa desprotección social del Estado.
Prisioneros políticos
De los casos de violación de DD.HH. el más evidente durante el año 2015, es el que tiene que ver con el maltrato y la discriminación hacia los prisioneros políticos. Si bien es cierto que el domingo 22 de noviembre el Gobierno emitió un comunicado donde autoriza el indulto de 30 militantes de las FARC que están condenados únicamente por el delito de rebelión y que purgan su pena en cárceles colombianas, también es cierto que este primer indulto, de los tantos que requerirá el fin del conflicto, se debe también a la interminable lucha de miles de prisioneros políticos que se enfrentan a condiciones inhumanas de reclusión y privación de sus derechos fundamentales, en medio de la crisis que experimentan las cárceles del país.
Durante más de 20 días en huelga de hambre y protestas de sus familiares, los prisioneros exigieron que se cumpliera el indulto para el goce efectivo de sus derechos en el lugar de reclusión, lo que incluye tener acceso a una atención médica adecuada, así como su ubicación en patios especiales para garantizar su seguridad.
En diversas ocasiones, los prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP, sostuvieron que en las cárceles a quienes no los someten a convivir con los “presos problemas” los envían a los patios controlados por paramilitares, generando una mayor situación de peligro, o en su defecto, a patios manejados por caciques, quienes someten al resto de la población privada de la libertad a extorsión, golpizas, etc. Todo esto con el auspicio de la guardia del Inpec. Estas son algunas de las situaciones que se suman, a la ausencia de la atención médica, el derecho al agua como mínimo vital y a un trato digno.
Sin garantías de participación
La Unión Patriótica no se salvó de la persecución durante los últimos comicios que hubo en el país. Cinco testigos presentados como desmovilizados, acusaron al candidato a la alcaldía de Guapi, Cauca, Marino Grueso, como líder de las FARC. Jonathan Centeno, coordinador de la campaña de la UP en el Cauca, aseguró en su momento que “no hay material probatorio para acusar a Marino, las descripciones que dan los testigos no coinciden con su descripción física”. Al caso de Marino se le suman una serie de amenazas y un atentado a otro dirigente de la UP.
Caso indígenas
Un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia revela que al menos 3.423 indígenas colombianos sufrieron violaciones de los derechos humanos, lo que incluye 28 asesinatos en 60 incidentes registrados en los siete primeros meses de este año.
Así mismo un total de 1.995 indígenas sufrieron desplazamiento forzado y 1.081 padecieron confinamiento, los hechos con más víctimas, según el informe “Vulneraciones de derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, que fue entregado a la ONU en Bogotá. Asimismo, 168 indígenas Emberá Katíos fueron obligados a abandonar sus tierras en el oeste tras ser amenazados de muerte por miembros de las FARC que exigieron a la comunidad una “boca de mina” puesto que esa es una zona con yacimientos de oro.
Ante la negativa de la comunidad a entregar esa “boca de mina” los aborígenes no solo sufrieron desplazamiento sino que además el gobernador fue declarado “objetivo militar”.
Muertes por desnutrición
Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la comisión encargada del tema en el Senado de la República sacó a relucir cifras alarmantes sobre la muerte de menores por hambre y desnutrición.
La senadora Sofía Gaviria Correa, presidenta de la comisión, se refirió a la difícil situación de la niñez, a la luz de los derechos humanos. Según las cifras, en 2015 hubo 808 niños muertos por desnutrición. Por su parte, el ICBF aclaró que los registros oficiales del Instituto Nacional de Salud contabilizan 234 niños muertos por esta causa.
Precisamente por esos días salió a la luz un caso de muerte por desnutrición en La Guajira de un niño wayuú de 9 años de edad que padecía una parálisis cerebral por lo que requería de atención urgente que no recibió, lo que provocó la muerte del menor. El caso de Jhon Ander Uriana se suma a otras 25 muertes que han ocurrido en el departamento por esta misma causa, como lo indicó en su momento la Secretaría de Salud departamental.
Persecución al movimiento social
La agenda política del gobierno de Juan Manuel Santos ha estado en contra del movimiento social y esto se manifiesta en la persecución y “judicialización a líderes campesinos”, así lo afirman voceros de la Cumbre Agraria, el movimiento social y político Marcha Patriótica y la fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente, Dhoc. Esta declaración se da luego de una serie de detenciones de los voceros campesinos que estuvieron dirigiendo el paro agrario de agosto del año 2013, y que enfrentan procesos judiciales.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantan operativos en las regiones campesinas que fueron escenarios de protestas en las movilizaciones agrarias, con motivo de persecución a los líderes firmantes de los acuerdos regionales entre el campesinado y cada una de las autoridades administrativas locales, y los ministerios de Agricultura y del Interior. A los líderes que han sido detenidos se les imputan cargos por terrorismo, rebelión, secuestro y concierto para delinquir.
Con este leve panorama terminó el 2015 para el país en relación a la violación a los DD.HH.; organizaciones sociales siguen al tanto de que las denuncias y los responsables de la agudización de esta crisis, sean investigados y se frene de una vez por todas, dicha condición.
