Al ser el 99,6 por ciento del territorio colombiano rural, el proyecto de ley busca que todos los actores del campo accedan a la justicia y puedan resolver sus conflictos de forma pacífica
Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
En Colombia los derechos del campesinado han sido históricamente vulnerados. Abandono estatal e impactos de un modelo económico extractivista que deforesta la naturaleza y el narcotráfico han consolidado usos indebidos del suelo produciendo ciclos permanentes de violencia, poca capacidad en la resolución de conflictos, desplazamientos forzados y disputas por la tierra.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Acuerdo de Paz se propuso crear una “nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra”.
Seguridad jurídica para el campo
Para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz, el pasado 31 de agosto fue radicado por parte del Gobierno nacional y la bancada parlamentaria el Proyecto de Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y Rural. Por medio de este, el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere garantizar el acceso a la justicia para el campesinado del país.
Esta reforma constitucional es una de las más importantes dentro de la agenda legislativa en el gobierno del cambio. Por un lado, responde al cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz; por otro, recoge las reflexiones emitidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU 288 de 2022 que mandata al ejecutivo a crear la Jurisdicción Agraria y Rural. Es importante destacar la iniciativa como una herramienta que recoge las aspiraciones del movimiento campesino, donde pequeños y grandes propietarios reclaman seguridad jurídica para el campo.
El proyecto también es una apuesta para descongestionar la Rama Judicial. No es lo mismo resolver un conflicto jurídico en el campo que uno en la ciudad. Los casos que ocurren en el campo colombiano al llegar a la justicia ordinaria por lo general tienen grandes dificultades para tramitarlos o han quedado sin resolver, además de las pocas garantías para acceder a la justicia en el campo. Es decir, hay una dispersión sobre cómo resolver los conflictos del campo, al mismo tiempo que acceder a la justicia es muy difícil.
Lo anterior refleja la voluntad política del Gobierno nacional en darle solución a la deuda histórica que tiene el Estado con los sujetos del campo colombiano. Tanto el ejecutivo como el legislativo han manifestado que este proyecto está articulado a la política de Paz Total.
El ministro del Interior Alfonso Prada se refirió así a la iniciativa: “Este proyecto sí que ayuda a continuar con la política de reforma agraria, de profundización de la solución del conflicto de la tierra en Colombia. Están haciendo ustedes un aporte a la historia de Colombia con esta reforma constitucional”. Dicho proyecto establece una reforma a los artículos 116, 245, 156, 174 y 238 de la Constitución Política de Colombia, siendo el mayor logro la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural que, posteriormente será desarrollada a través de la ley pertinente.
Corte Agraria y Rural
Con presencia del ministro de Justicia y del Derecho Néstor Osuna y de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural Cecilia López, se desarrolló el debate en el marco de la discusión democrática del legislativo.
El ministro Osuna consideró que “aprobar este proyecto de acto legislativo es un paso muy importante para construir un país mejor, nos hacen falta muchas cosas, pero dentro de eso está una jurisdicción agraria. Es una necesidad histórica que está recogida en el Acuerdo de Paz y que responderá de modo importante a los anhelos de tenencia, propiedad y uso de las tierras por parte de las comunidades campesinas”.
La Corte Agraria y Rural que propone el proyecto de acto legislativo 173 de 2022 será el máximo tribunal de la jurisdicción agraria y rural, que tendrá como función ser órgano de cierre, revisar las decisiones judiciales por las autoridades, dirimir los conflictos y garantizar que el campo pueda acceder a la justicia. Después que el Congreso de la República lo discuta en ocho plenarias y se apruebe la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, se inicia la discusión sobre la Ley Estatutaria para reglamentar y administrar la justicia agraria.
Las mujeres campesinas
La representante conservadora Delcy Isaza se centró en la necesidad de establecer un enfoque diferencial de género en la jurisdicción señalando que “la mujer rural es una población vulnerable que sufre discriminación, exclusión y violencia necesitando un enfoque diferencial desde la justicia para la protección de sus derechos. Existe una desigualdad real en la propiedad de la tierra, en la zona rural el 63,7% que pertenece a los hombres comparado con el 36,3% de los predios rurales con único propietario pertenece a mujeres. Una diferencia abismal”.
Por su parte, el representante del Pacto Histórico Gabriel Becerra afirmó que “este es un proyecto que ha tenido a lo largo del tiempo varios intentos sobre todo en la figura de la especialidad. Ha sido un largo camino que lamentablemente por diversas circunstancias no ha sido posible aprobar. Hoy tenemos la confianza que se está haciendo un proceso de construcción, deliberación y consulta que nos va a permitir hacer historia aprobando esta Jurisdicción Agraria como acto legislativo”.
Colombia, territorio rural
Teniendo en cuenta que el 99,6% del territorio colombiano es rural, esta Jurisdicción busca que todos los actores del campo accedan a la justicia y puedan resolver sus conflictos de forma pacífica. Es necesario que esta se cree y entre en funcionamiento para tramitar los problemas existentes y evitar la generación de otros nuevos.
Este proyecto redundará positivamente en la solución de la conflictividad que se presenta en el campo colombiano, contribuyendo a saldar la deuda histórica en la ruralidad expresada en el rezago y olvido institucional que han derivado en una serie de problemáticas estructurales que impiden el avance colectivo como sociedad.
La Jurisdicción Agraria y Rural también permitirá garantizar los derechos de las y los campesinos, así como la seguridad jurídica y la productividad. Lo anterior en cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional y como garantía de implementación del Acuerdo de Paz.
El ministro de Justicia Néstor Ozuna destacó que “le estamos dando una muy buena noticia al país, con la aprobación de este Proyecto de Acto Legislativo que crea la jurisdicción agraria, es cumplimiento del Acuerdo de Paz, es compromiso político con nuestra población campesina, con la gente de nuestra región”. Además, aseveró que “se trata de garantizar el enfoque de género para un real acceso a la justicia. El gobierno avala, aprueba y acompaña la inclusión de género en el Proyecto de Acto Legislativo”.
