Este reconocimiento es un avance para establecer la responsabilidad penal en la cadena de mando de este crimen, y abre el camino a las víctimas de la UP hacia la verdad, la justicia y la reparación, y las garantías para que estos hechos no se repitan y se haga efectivo el ejercicio de la oposición.
Como crimen de lesa humanidad fue catalogado el homicidio del congresista y ex director del Semanario VOZ Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994. Así lo informó la fiscalía 26 especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a petición de Soraya Gutiérrez, integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, representante de la parte civil.
La naturaleza del crimen de lesa humanidad fue reconocida para este caso de acuerdo con los estándares internacionales y el ordenamiento jurídico nacional. También se reconoció el carácter imprescriptible de la acción penal por estos hechos.
Por el crimen del senador Manuel Cepeda, los sargentos del Ejército Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador fueron condenados en 1999 a 43 años de prisión, en calidad de coautores. Nueve años después, en diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda, pero la indemnización fue rechazada por Iván Cepeda Castro, hijo del senador. Luego, en 2009, Edilson Jiménez Ramírez, alias El Ñato, fue sindicado como supuesto autor del delito de homicidio agravado por un fiscal de la Unidad Nacional de DH y DIH.
La Fiscalía sostuvo que el magnicidio contra el senador Cepeda se enmarcó dentro del genocidio contra la Unión Patriótica (UP), movimiento de oposición política nacido en 1985 como fruto de las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC, y donde el gobierno se comprometió a crear las condiciones y garantías necesarias para que este grupo guerrillero organizara un partido o movimiento político legal que expresara sus planteamientos.
Este reconocimiento constituye un importante avance para establecer la responsabilidad penal en toda la cadena de mando de este crimen, y abre el camino para el conjunto de las víctimas de la UP hacia la verdad, la justicia y la reparación, y sobre todo, las garantías para que estos hechos no se repitan y se haga efectivo el ejercicio de la oposición en Colombia.
