Con una puesta en escena mediática, se manejan imágenes que giran en torno a la reducción de homicidios, lo que despierta simpatías en algunos sectores de la sociedad
Alberto Acevedo
Lo que para el presidente de El Salvador Nayib Bukele es la consolidación de su mayor esfuerzo por doblarle el espinazo a la criminalidad, para un numeroso grupo de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos es un peligroso giro en una conocida práctica de punitivismo populista, que puede desencadenar sucesivas violaciones a los derechos básicos de una buena aparte de la población del país centroamericano.
El viernes 24 de febrero el mandatario anunció, con gran despliegue publicitario, que dos mil pandilleros salvadoreños acababan de ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, una megacárcel de 43 hectáreas, construida en una zona desértica, a 74 kilómetros de San Salvador, con capacidad para recibir 40 mil reclusos, de los 64 mil que el régimen de Bukele ha puesto en prisión desde que hace un año decretó el estado de excepción, una figura parecida a la conmoción interior existente en la normatividad colombiana.
En su cuenta de Twitter, Bukele escribió: “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”. Más contundente fue su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien aseguró que ingresaron al nuevo penal “para no salir ni regresar nunca a las comunidades”. Y el ministro de Defensa René Merino dijo por su parte que las autoridades aún buscan a 30 mil pandilleros prófugos.
Redadas masivas
Es decir, sólo por este fenómeno, el gobierno salvadoreño aspira a poner en prisión a 94 mil personas, la mayoría jóvenes, acusadas de pertenecer a las pandillas de los maras Salvatrucha y Barrio 18.
Bukele ha presentado con orgullo su megacárcel, y se ufana de haber reducido en un año la criminalidad en el país. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios cayó el año pasado a 7.8 asesinatos por cada cien mil habitantes, en comparación con los más de 50 por cada cien mil en 2018.
Si en un año se ha detenido a un número tan alto de personas, y las facultades especiales del presidente son de apenas un año, es decir, terminan en marzo, lo que se ve a primera vista es que se está frente a un fenómeno de detenciones exprés.
Sin hacer un mayor esfuerzo, esto pone en evidencia la violación de los derechos humanos de muchos de los detenidos. No hay un debido proceso, muchas detenciones son producto de redadas que no distinguen entre culpables e inocentes.
Torturas, ejecuciones
Mediante una puesta en escena mediática, se manejan imágenes que giran en torno a la reducción de homicidios y esto despierta simpatías en algunos sectores de la sociedad. Pero, como señala el columnista colombiano Nicolás Rodríguez, es la cultura visual del morbo: “Lo feo de repente se vuelve bello”.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan la arbitrariedad y denuncian violaciones a éstos bajo el régimen de excepción. Se habla de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, e incluso ejecuciones sumarias dentro de los centros de reclusión, antes del traslado a la megacárcel.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, admitió en declaraciones a la prensa que en el nuevo reclusorio no se construyeron patios para recibir sol o aire fresco. No tiene áreas de recreación para los reos ni espacios conyugales.
Los constructores del edificio hablan de una edificación rodeada por un muro de más dos kilómetros, con una altura de once metros, coronada por alambradas electrificadas. En el piso hay una especie de placa de hormigón de más de cincuenta centímetros de grosor. Se cortó la señal de internet en la zona y se bloquearon las comunicaciones telefónicas. La sola mirada al recinto resulta intimidante.
Recriminaciones
En los primeros días de marzo, el presidente colombiano Gustavo Petro hizo una declaración en la que comparó la prisión salvadoreña con un “campo de concentración”, evocando al régimen nazi de la Alemania de la segunda guerra mundial. “Yo creo que hay gente a la que le gusta eso: ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad”, dijo Petro, quien admitió que esa clase de políticas disparan la popularidad de los gobernantes, aunque sostuvo que creía que existen otros caminos para mejorar la vida de las sociedades.
Bukele le respondió en Twitter con un breve mensaje en el que afirmó que “los resultados pesan más que la retórica” y deseó que “Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños”. Petro replicó: “Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades”. El mandatario colombiano también invitó a su par salvadoreño a “comparar las experiencias en un foro internacional”.
