Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del Gobierno con la Segunda Marquetalia, habló sobre los puntos básicos de la agenda pactada, la importancia de discutir la implementación del Acuerdo firmado en 2016 y las dificultades jurídicas que ocasionó el rearme
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
El próximo 24 de junio se instalará en Caracas, Venezuela, la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla de la Segunda Marquetalia–Ejército Bolivariano, SM. La noticia es la principal conclusión de un acuerdo donde las partes destacan las coincidencias frente al momento excepcional y la necesidad de impulsar reformas democráticas para el beneficio de la población.
Asimismo, mientras la SM rechaza las retenciones con fines económicos, el Gobierno nacional se compromete en adoptar medidas para desescalar el conflicto en zonas donde tiene presencia este actor armado.
Para analizar los distintos puntos cruciales de la mesa de paz con la SM, VOZ habló con el abogado y exmagistrado Armando Novoa, quien además es el jefe de la delegación de paz del Gobierno nacional.
La Paz Total
El país ha conocido el nombre de Armando Novoa como abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Pero ahora se estrena como negociador de paz. ¿Cómo se siente liderando desde el Gobierno la mesa con la SM?
-Fue una sorpresa el ofrecimiento generoso que me hizo el comisionado consejero de paz Otty Patiño, porque mi actividad pública y profesional ha estado relacionada con otro tipo de asuntos. Sin embargo, estuve cerca del proceso de desmovilización del M-19 y he colaborado circunstancialmente en estudios relacionados con el seguimiento a los procesos de paz existentes en el país. Es un reto complejo y difícil. Hay una oportunidad para colaborar de manera eficaz y fructífera en la política de Paz Total que impulsa el Gobierno nacional.
Si se considera que la política de Paz Total se encuentra en cuidados intensivos. ¿Cómo analiza el Gobierno este paso que han dado con la SM?
-Tenemos una situación de violencias que tienen unas características peculiares, muy diferentes a las conocidas en etapas anteriores. Estas nuevas realidades en los territorios nos obligan a pensar el tema bajo otras coordenadas y parámetros. Lo que la prensa ha llamado la crisis de la Paz Total, hace referencia a una reconfiguración de las violencias donde están surgiendo nuevas realidades, nuevos problemas, nuevas expresiones territoriales, y por tanto, las respuestas a esas situaciones no están claras.
Cuando el Gobierno del presidente Petro se posesionó, hubo varios registros periodísticos y notas de centro de investigación que hablaban de más de cincuenta grupos en armas con organización y estructura territorial. El Comité Internacional de la Cruz Roja identificaba al menos cinco conflictos armados de carácter nacional y otros tantos que no tenían la característica de ser confrontaciones de naturaleza política, sino relacionados con fenómenos recientes de criminalidad.
Por eso la política de Paz Total hay que pensarla en clave territorial. Esto es muy importante para entender el alcance de nuestra agenda y las expectativas que tenemos en la negociación con la SM.
La agenda y la implementación
En lo firmado en Caracas se han acordado cinco puntos como hoja de ruta. ¿Cuál es la lectura que hace el Gobierno de la agenda?
-La paz hoy pasa por los territorios. Ya no estamos frente a una agenda de carácter nacional, sino a enfoques locales y regionales. Destaco la idea que hizo la SM con los Territorios de Paz, porque coincide con el Plan Nacional de Desarrollo y su propósito de corregir la presencia marginal del Estado en zonas afectadas por la violencia.
Entender la paz en clave territorial son políticas e instrumentos para empoderar a las comunidades. Nuestra propuesta son los procesos de participación popular para llevar desarrollo a las regiones y poder superar los ciclos de violencia. Necesitamos que la política de Paz Total tenga resultados, porque la legitimidad del programa de cambio pasa porque esas transformaciones sean percibidas como realidades tangibles en las comunidades.
En los últimos días la implementación del Acuerdo de Paz se ha convertido en un tema mediático por cuenta de la propuesta de Constituyente que hace el Gobierno. Pero además está en la agenda pactada con la SM…
-Para nosotros es central que dentro de la agenda se hable de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Pero para la SM ese compromiso quedó atrás. Para ellos se debe tener una agenda de paz distinta.
Ellos se rearmaron con el argumento de un Estado que traicionó la implementación. Entonces, si es así, para reconducir una negociación de paz, lo que hay que hablar es en darle plena validez a ese Acuerdo y exigir su cumplimiento. Por supuesto, podemos discutir otros temas, pero seguramente están implícitos en lo acordado. Lo firmado en 2016 profundiza aspectos importantes como la paz territorial o la reforma agraria. La conclusión es que arrancar de cero sería un error.
¿Por qué no se habló de un cese al fuego?
-La SM en sus documentos fundacionales y en un libro publicado por Iván Márquez ha manifestado que los aspectos vertebrales de su plataforma militar están en no desarrollar acciones de carácter ofensivo, ni contra la población civil ni contra lo que ellos llaman los soldados y policías de la patria. Esto nos plantea algo inédito. Iniciamos una negociación donde el aspecto vertebral no es un cese bilateral al fuego. Sin embargo, sí hablamos como punto inicial el desescalamiento del conflicto.
El Gobierno recibe con expectativa esa manifestación de la SM y llamamos a persistir en esa idea. También hablamos sobre la necesidad de que el Gobierno adopte unas políticas inmediatas, compensatorias y de reciprocidad orientadas a proteger esa decisión unilateral de la SM.
Las dificultades
Una de las particularidades que existen con la SM es que son firmantes del Acuerdo de Paz, pero se rearmaron argumentando incumplimientos y perfidia. Lo cierto es que fueron expulsados de la JEP y una buena parte de la opinión pública considera que no se debería negociar con ellos. ¿Cuál es su posición frente a esta polémica?
-En el Acto Legislativo 01 de 2017 se dice que los firmantes de paz que reincidan en las armas y que abandonen el acuerdo no pueden ser objeto de ninguna medida de favorabilidad. Pero además se cierran las puertas para la justicia transicional y futuras conversaciones. Bajo esa perspectiva, Iván Márquez y quienes en la SM son firmantes del Acuerdo y reincidieron en la lucha armada, ni justicia transicional ni nuevos escenarios para la negociación política.
Sin embargo, la ley de Paz Total, Ley 2272 de 2022, se habilita al Gobierno para establecer aproximaciones y diálogos con grupos según la naturaleza que defina el propio Estado. La administración Petro consideró que la SM si era una organización armada con naturaleza política, y por consiguiente faculta a sus delegados para abrir aproximaciones y acercamientos.
En ese orden, es un aspecto principal y crucial de la mesa pensar que hacemos con esas ambigüedades jurídicas. En la medida que avancen los diálogos tendremos que ir definiendo el alcance de nuestras propuestas, para darle estabilidad y solidez a un posible acuerdo de paz con la SM.
¿Por qué no se conoce aún los nombres de las personas que integraran el equipo negociador del Gobierno con la SM?
-Quien designa los integrantes de la delegación es el presidente y eso lo hace mediante un acto administrativo. Él ya tiene en su mesa los nombres, pero todavía no ha expedido la resolución. Solamente cuando se expida ese documento, hablaremos de esos perfiles.
Tanto en la mesa con el ELN, como con el EMC Farc, el Gobierno ha invitado a dirigentes opositores para que conformen la delegación. ¿Pasará lo mismo en esta oportunidad?
-Aquí hay diversidad política y partidista. Por consiguiente, hay distintas opiniones al interior de nuestra mesa. Esas personas representaran a las fuerzas militares, a las mujeres, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, al empresariado, etc. No nos unifica el programa de gobierno sino el propósito de la paz. Vamos a tener una comisión de seis o siete personas, donde el liderazgo estará en cabeza mía, no porque yo lo quiera sino por la confianza depositada por el consejero comisionado de paz.
El primer ciclo arranca el próximo 24 de junio en Caracas. ¿Será un proceso en el exterior o tendrá negociaciones en el país?
-La SM propone que sea Venezuela o México, y en última instancia Colombia. Es entendible, porque si han existido tantos muertos en su dirigencia, uno podría suponer que un aspecto significativo para este actor armado es definir un sitio que garantice seguridad para sus integrantes. No obstante, el Gobierno quiere que sea en Colombia. Nuestra propuesta de paz es en clave territorial y creemos que es coherente insistir que la mesa se desarrolle acá.
Segunda oportunidad
¿Cómo perciben la respuesta de la sociedad frente a este proceso?
-Difícil. Yo he hablado con cerca de 20 empresarios y hay muchas resistencias. Por supuesto, nadie está pensando en poner un tapete rojo para estas conversaciones. La mesa se estrena con un déficit de opinión, precisamente por la deserción de Iván Márquez al Acuerdo de Paz de 2016. Pero, con todo, vamos a tener una representación de un equipo gubernamental robusto comprometido con la paz y los derechos de las comunidades que habitan las regiones históricamente golpeadas por la violencia.
¿Cuál es el mensaje para las personas que son escépticas frente a este proceso de paz?
-Que es importante el contexto. Históricamente el Estado colombiano ha incumplido con sus compromisos y esto permite el reciclaje de las violencias. En el caso de la SM, desafortunadamente volvió a incumplir. El asesinato de 450 firmantes de paz es la evidencia. También tenemos el entrampamiento en el caso Santrich. Según el informe de Antonia Urrejola, experta enviada por la ONU, se dice con claridad que hubo un engaño, incluso a la JEP.
Nada justifica que Iván Márquez y los firmantes del Acuerdo volvieran a las armas, porque aquí lo que estaba en juego no solo era la disputa con el Estado, sino el relacionamiento con una sociedad que reclama la paz y rechaza la violencia. Por ello el desprestigio y el escepticismo acumulado en este proceso.
Yo puedo compartir que contra Iván Márquez hubo unos apelativos para extraditarlo o asesinarlo; puedo compartir que contra el señor Jesús Santrich, el exfiscal Néstor Humberto Martínez trato el caso de manera oprobiosa. Pero nada justifica el rearmarse.
Hay que hacer pedagogía con la gente, que no es tan despabilada como uno piensa. La ciudadanía comprende que hay incumplimiento al Acuerdo de Paz firmado en 2016. Y que para corregir el rumbo, hay que darle una nueva oportunidad.
Más bien sería una segunda oportunidad…
-Exacto. La segunda oportunidad para la SM obedece a una lectura que hace el Gobierno nacional en el sentido de que el Estado los traicionó y les incumplió, pero ellos también incumplieron un compromiso frente a la sociedad. Ante esa encrucijada, el camino es el diálogo.
Entonces, nosotros tenemos un optimismo moderado. Esta mesa está llena de incertidumbres y obstáculos. Es el proceso de paz que tiene más bajo nivel de credibilidad. Pero también hay expectativa que con el diálogo y la negociación iremos revirtiendo esas situaciones que no son inamovibles.
